09/04/2026
A casi tres meses de su entrada en vigor, la Ley N° 21.793, conocida como Ley de Retrofit, consolida a Chile como uno de los primeros países de América Latina en establecer un marco integral para la reconversión de vehículos de combustión interna a eléctricos. Publicada en el Diario Oficial y vigente desde enero de 2026, esta normativa modifica la Ley de Tránsito 18.290 y faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para autorizar talleres, regular procedimientos técnicos y fiscalizar las conversiones con certificados de manera formal ante la ley.
El principal impacto de la ley, según explica Francisca Bannura, asociada sénior de Energía en Cuatrecasas Chile, es ofrecer un camino regulado y estandarizado para el retrofit, priorizando la seguridad de los vehículos y la trazabilidad técnica de las conversiones. A diferencia de otros países de la región, donde la electrificación se concentra en la compra de vehículos nuevos, Chile establece un procedimiento formal para transformar autos usados, incluyendo certificación de kits, homologación y un marco sancionador claro.
“Su principal aporte es crear una vía regulada y estandarizada para el retrofit, centrada en seguridad vial y trazabilidad técnica. A nivel regional, donde coexisten esquemas que promueven la electromovilidad, sobre todo vía vehículos nuevos, contar con un régimen de reconversión formalizado por ley posiciona a Chile como un caso que prioriza la habilitación regulatoria y el control ex ante/ex post de la seguridad de las conversiones. Este enfoque legal, apoyado en homologación, certificación y potestad sancionadora, alinea la transición con estándares de seguridad y cumplimiento que son críticos para la bancabilidad de proyectos de reconversión”, explica.
Antes de su entrada en vigor, la reconversión de vehículos en Chile se realizaba de manera informal. Existían empresas y proyectos capaces de transformar motores de combustión en eléctricos, pero sin un procedimiento oficial que permitiera homologar legalmente los vehículos.
Pablo Morales, asociado de Carey, destaca que con la nueva ley se establece un marco que regula y da certezas a todos los actores involucrados, asegurando que talleres, usuarios y autoridades puedan operar dentro de un proceso seguro y certificado.
“Esta ley ordena y regla una actividad informal ya existente, dando certezas regulatorias a este proceso, permitiendo que éste se lleve a cabo conforme a un procedimiento reglado y certificado, dando mayor seguridad a todos los involucrados (i.e., talleres especializados, usuarios y autoridades fiscalizadoras). Finalmente, este reconocimiento normativo permite integrar el retrofit al diseño de políticas públicas de electromovilidad, transición energética y economía circular, alineándose con los estándares de seguridad en nuestro sistema”, sostiene.
El marco legal no solo habilita la reconversión, sino que también establece condiciones claras sobre dónde y cómo deben realizarse estas transformaciones. Solo los talleres autorizados pueden efectuar la conversión, usando kits certificados, y los vehículos deben pasar por revisiones posteriores antes de ser autorizados para circular. La ley contempla sanciones para quienes operen fuera de norma o para vehículos que no cumplan los requisitos, incluyendo la posibilidad de retiro de circulación y multas de hasta 3 UTM (cerca de US$ 228).
Con estas disposiciones, Chile se consolida como un referente regional en electromovilidad, integrando la reconversión de autos usados dentro de su estrategia nacional de transición energética y economía circular, mientras asegura la seguridad y trazabilidad necesarias para respaldar la viabilidad de proyectos de reconversión.
Desafíos regulatorios y puesta en marcha
Aunque la Ley de Retrofit representa un avance normativo pionero, su implementación enfrenta desafíos importantes, principalmente relacionados con la dictación del reglamento técnico del MTT, que precisará los procedimientos, estándares y requisitos específicos para cada tipo de vehículo y taller. La efectividad de la ley depende en gran medida de cómo se ejecuten estas regulaciones complementarias.
Francisca Bannura afirma que la fase inicial exige establecer claramente los alcances de los procedimientos técnicos por modelo de vehículo, los criterios de autorización de talleres, los formatos de certificación y los aranceles aplicables. Además, se requiere desarrollar protocolos que permitan una fiscalización eficiente, articulando los esfuerzos de inspección entre el MTT, Carabineros y otros inspectores especializados.
“El reto inmediato es la dictación y puesta en marcha de los reglamentos del MTT que la propia ley ordena, pues allí se definirán los alcances y procedimientos técnicos a seguir según los modelos de vehículo, los criterios de autorización de talleres, los formatos de certificación y los aranceles aplicables. Sin estos instrumentos, la operación a escala del régimen se ve limitada”, comenta.
La puesta en marcha también exige diseñar sistemas de información confiables que permitan registrar cada reconversión y asegurar la trazabilidad de los componentes y procesos. Sin estas herramientas, la fiscalización podría ser insuficiente y la ley no lograría garantizar la seguridad vial de los vehículos reconvertidos. La normativa autoriza, incluso, el retiro de circulación de vehículos que no cuenten con el certificado correspondiente y sanciona al conductor con multas.
Pablo Morales coincide en que, aunque Chile se sitúa a la vanguardia regional, todavía se encuentra en una etapa incipiente de implementación. El impacto real de la ley dependerá de la dictación del reglamento respectivo por parte del MTT y de la posterior articulación con los talleres y la fiscalización estatal. Una vez establecido el reglamento, será necesario evaluar ajustes para perfeccionar la industria y fomentar la adopción de esta alternativa de reconversión.
“Si bien la Ley de Retrofit representa un gran avance en materias de reconocimiento legal expreso a esta industria, aún no contamos con un sistema plenamente implementado, por lo que los desafíos regulatorios son variados y de distinta índole. Una vez que se dicte el reglamento, muy probablemente también surgirán ideas sobre cómo perfeccionarlo para fomentar esta incipiente industria”, añade.
Entre los aspectos que deberán establecerse con claridad en el reglamento están los procedimientos técnicos y alcances según tipo de vehículo, la autorización de talleres especializados, la certificación de kits y los controles posteriores a la conversión. Sin estas definiciones, la operación del sistema puede verse restringida a proyectos piloto o iniciativas privadas, limitando la escalabilidad y adopción de la reconversión a nivel nacional.
Implicancias para sectores productivos y adopción industrial
Más allá de la regulación técnica, la Ley de Retrofit abre oportunidades para sectores productivos que buscan descarbonizar sus operaciones. Industrias de transporte urbano, logística, servicios de distribución y minería pueden evaluar la reconversión eléctrica como alternativa frente al alto costo de adquirir vehículos eléctricos nuevos, siempre dentro de un marco regulado y seguro.
Por su lado, Bannura señala que la ley entrega claridad a las empresas sobre el camino regulado de conversión, aunque también impone obligaciones que deben implementarse en la planificación de proyectos: seleccionar talleres autorizados, verificar procedimientos por modelo, y obtener y mantener el certificado de homologación como requisito.
“Desde el punto de vista de cumplimiento, la trazabilidad técnica y la posibilidad de sanciones y retención del vehículo aumentan la relevancia de due diligence sobre procesos y contratos con proveedores que asignen responsabilidades por conformidad, garantías y recertificaciones”, resalta.
Por otro lado, Pablo Morales agrega que la ley otorga a los sectores productivos un reconocimiento legal y técnico que habilita la circulación de vehículos reconvertidos en vías públicas, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fomentando la autosuficiencia operativa.
“Este nuevo sistema emerge como una opción jurídicamente habilitada, pero en todo caso condicionada al cumplimiento de los requisitos técnicos de fiabilidad, operatividad y seguridad”, concluye.
La normativa, por tanto, no solo regula y formaliza una práctica existente, sino que integra la reconversión vehicular a la estrategia nacional de electromovilidad y economía circular. Su adopción permitirá que las flotas cumplan metas de descarbonización, siempre que existan talleres certificados y el reglamento sea claro y de rápida implementación. Según cifras de la ANAC, durante 2025 se vendieron más de 35.000 autos nuevos con algún tipo de nueva energía, representando el 11.4 % del mercado, lo que refleja un creciente interés por soluciones energéticas más limpias en el país.
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