“Si bien es importante para nuestro Gobierno, este proyecto es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación”. Las palabras dirigidas por el presidente chileno, José Antonio Kast, al presentar su plan de reconstrucción nacional y de desarrollo económico y social, dejan claro que su propuesta no es solo un plan de emergencia para solventar una situación puntual, sino un proyecto que busca devolver a la economía de Chile el brillo que le permitió ser considerada como la más próspera de la región.

Según el líder conservador, no se trata solo de una hoja de ruta sino de un giro radical hacia la austeridad fiscal, la seguridad fronteriza y la reducción del aparato del Estado, ejes que considera fundamentales para dinamizar el desarrollo de la nación andina, con miras a recuperar el avance experimentó la economía nacional en la década de los años 90.

El plan, cuyas metas a 2030 prevé, entre otras cosas, reducir el desempleo a 6,5 % y duplicar el PIB hasta alcanzar 4 % anual, deberá enfrentar un álgido debate en el Parlamento que podría diluir sus alcances, por lo cual su concreción dependerá más de la capacidad de negociación del gobierno y de la consistencia de la propuesta, que de las potencialidades en sí de un país cuyo motor seguirá estando anclado en la minería.

La agenda económica de Kast en Chile: austeridad fiscal, incentivos a la inversión y reducción del gasto público

¿De qué va el plan?

Inspirado en las promesas de campaña, Kast presentó una propuesta que, en su opinión, aborda cinco ejes fundamentales de acción para buscar “romper con el estancamiento y contribuir a generar más empleo, seguridad y esperanza”. Sin embargo, sus detractores y muchos analistas económicos lo describen de manera simplista como una reforma fiscal encubierta que toca dos aspectos básicos:

• Una reforma tributaria: con aristas que abarcan la reducción gradual del impuesto corporativo de primera categoría para bajarlo de 27 % a 23 %, la eliminación de la doble tributación, la aplicación de invariabilidad tributaria temporal para grandes proyectos de inversión y la reducción impositiva para la repatriación de capitales, entre otras áreas.
• Impulso al empleo y la inversión privada: también sustentado sobre el tema impositivo al otorgar medias como un subsidio al empleo formal, exención del IVA a la compra de nuevas viviendas, modificación en la permisología para proyectos de desarrollo y planes de reconstrucción de áreas afectadas por los devastadores incendios de los últimos años en varias zonas del país.

Guerra en Irán: ¿Puede América Latina sacar ventaja de la actual coyuntura bélica?

Ambicioso, pero ¿es factible?

Avalado por unos y criticado por otros, el plan ha sido de entrada duramente cuestionado por la falta de detalles sobre su ejecución, pero específicamente sobre cómo lograr el equilibrio entre una menor recaudación y apuntalar el crecimiento económico, mientras que se espera reducir el déficit fiscal.

“Se apuesta por una reducción de impuestos que se compensa con ingresos transitorios y un esperado crecimiento. Es claro que el gobierno no busca agrandar al Estado, pero tampoco desea eliminar beneficios sociales. Será un difícil balance”, opina Alejandro Chechilnitzky, socio de la firma santiagueña Guerrero Olivos.

Más cáustica, la economista Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Católica de Chile, señala que el plan apuesta a que el crecimiento económico emanado por la rebaja impositiva podrá compensar las pérdidas por menor recaudación, pero sin tomar en cuenta que “cuando se reducen los impuestos a las empresas, la recaudación no se recupera ni siquiera con crecimiento”.

En esta misma línea, Pablo Ramírez, socio fundador de la firma ARH Abogados, señala que es un proyecto ambicioso con buenas propuestas en materia de inversión y recaudación. Sin embargo, advierte que faltan indicaciones para subsanar ciertas materias.

“Por ejemplo, durante la transición hacia la integración total, debería reponerse explícitamente la no aplicación de la restitución para inversionistas domiciliados en países con los que Chile tiene convenio de doble tributación. Está bien encaminado, pero falta pulirlo”, dice.

¿Qué implica para los países del Mercosur el acuerdo de libre comercio con la UE?

Precario equilibrio

Visualizar el punto de equilibro entre la rebaja en la recaudación y mayor dinamismo económico resulta difícil, tomando en cuenta que las metas del proyecto requieren duplicar el crecimiento y eliminar el déficit mientras se baja la recaudación en más de un punto del PIB, monto estimado por economistas contrarios a Kast en unos 4.400 millones de dólares anuales. 

El propio Ejecutivo tiene claro que las medidas anunciadas, aún cuando son un impulso para el crecimiento, tendrán un impacto negativo en los ingresos del Estado durante los próximos cinco años. No obstante, las estimaciones del Ministerio de Hacienda están muy por debajo de los cálculos de los especialistas, apuntando a una caída de unos USD 1.800 millones para el 2028.

Pese a ello, Chechilnitzky ve una ventana de posibilidad de éxito mediante el crecimiento económico y disminución de gasto fiscal, aspecto este último delineado en los planes previos de Kast, quien ha prometido un achicamiento del Estado y recorte del gasto público en USD 6.000 millones durante los primeros 18 meses de su gestión, la mitad de los cuales se harán efectivos este mismo año.

Para el especialista de Guerrero Olivos, estas medidas, sumada a ingresos transitorios como la repatriación de capitales y el fomento a adelantar el impuesto a las herencias, pueden ayudar a conseguir el ansiado equilibrio.

¿El auge del crédito privado en América Latina aumenta los riesgos financieros?

Lo más destacable

Precario equilibrio fiscal aparte, Ramírez cree que tres son las medidas importantes del anunciado plan: la reintegración tributaria, la rebaja del impuesto a las donaciones y la exención de IVA en la primera venta de viviendas nuevas.

Desde su punto de vista, la integración del sistema fomenta el ahorro, la reinversión en el mismo negocio y el pago de los impuestos finales. Agrega que, desde la experiencia vivida en Chile, la desintegración demostró ser un mal sistema que no generó mayor recaudación para el fisco.

En cuanto a la rebaja al impuesto a las donaciones, estima que se trata de una “medida inteligente para recaudar”, pues no apunta al equilibrio fiscal de largo plazo, pero sí ayuda a mejorar el déficit de caja que existe hoy en el Estado.

Sobre la exención de IVA en la primera venta de viviendas nuevas, Ramírez opina que es un impulso necesario para un mercado inmobiliario que se ha visto muy perjudicado estos últimos años, una opinión que es compartida por su colega de Guerrero Olivos, para quien la combinación de incentivos a la industria inmobiliaria figura entre los elementos más sobresalientes de la propuesta presidencial.

¿Por qué el gobierno de Kast retiró 48 decretos ambientales y energéticos en trámite para auditoría regulatoria?

¿Qué pasa con las pymes?

Aunque el proyecto de reconstrucción esboza medidas de alivio que beneficiarán a todas las empresas, pero de forma particular a las pequeñas y medianas (aplazamiento del pago del IVA, extensión de plazo para declarar de renta, crédito fiscal para apoyar el empleo), lo cierto es que las pymes han expresado su inconformidad por el trato plasmado en el papel.

De hecho, fue tal el rechazo, que antes de su introducción al Congreso para su discusión, el Ejecutivo tuvo que modificar lo concerniente al impuesto de primera categoría para las pymes, originalmente previsto que aumente progresivamente hasta alcanzar 23 % y que, tras el cambio, se mantendrá en el actual 12,5 %.

“Es sorprendente que las pequeñas empresas no son especialmente beneficiadas, es más, son casi olvidadas al no prorrogar el régimen propymes”, dice Alejandro Chechilnitzky, en alusión al sistema tributario diseñado para pequeñas y medianas empresas con ingresos promedio menores a 75.000 unidades de fomento (UF), que permite simplificar el cumplimiento fiscal y reducir la carga impositiva. 

Destaca el especialista que el mayor beneficio otorgado a este sector es probablemente el subsidio al empleo, fundamentado en un crédito fiscal de USD 1.400 millones para apoyar el empleo formal en unas 235.000 empresas que aplican en esta categoría, fondos que ayudarán a soportar el aumento en el sueldo mínimo aprobado en años anteriores, así como los desbalances por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

En ello coincide Pablo Ramírez, para quien este crédito fiscal beneficia a todo el sector al operar como una reducción directa de la carga tributaria en función de la masa salarial de los trabajadores de menores remuneraciones. “Es concreto e inmediato”, apunta.

NCG N° 559 y 514: La estrategia de la CMF para implementar la Ley Fintech y consolidar su modelo regulatorio en Chile

Un Chile más competitivo

Al margen de lo polémica desatada por la propuesta de rebajar el impuesto corporativo a las grandes empresas, la medida busca hacer de Chile un país más competitivo en eso de atraer a inversionistas extranjeros, ofreciendo ventajas frente a otras naciones ricas en cobre, hierro, litio, oro y plata, sus principales productos de exportación. Pero ¿es esto suficiente?

Pablo Ramírez cree que, junto a la integración del sistema, reducir las tasas corporativas al modelo OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es, sin duda, muy atractivo para la inversión, aunque considera que no son los únicos elementos a considerar.

“Habría que analizar también el régimen de los inversionistas extranjeros que quedarán con tasas del 35 %, y comparar cómo se posiciona Chile frente a sus competidores regionales”, apunta.

En concordancia con ello, Alejandro Chechilnitzky considera que, además de la rebaja del impuesto de primera categoría, un punto muy favorable es la invariabilidad tributaria, lo que estima como la renovación del Decreto Ley 600 (DL600), una medida vigente en Chile entre 1974 y 2016, que permitía a los inversionistas asegurar reglas tributarias fijas y remesar utilidades.

Para muchos analistas, el DL600 fue fundamental para que Chile recibiera el flujo de capital extranjero que sustentó el auge de su industria minera, apalancando la llegada de fondos que promediaron los 20.000 millones de dólares anuales durante la primera década de este siglo.

“Chile se hace nuevamente más atractivo para países con los que no tenemos tratado para evitar la doble tributación”, concluye Chechilnitzky.