Julissa Reynoso es nombrada copresidenta del equipo de transición de Letitia James

Julissa Reynoso está basada en Nueva York / Bigstock
Julissa Reynoso está basada en Nueva York / Bigstock
La abogada experta en litigios explicó las diferencias que trae el T-MEC para esta área de práctica
Fecha de publicación: 15/01/2019

Julissa Reynoso, socia de litigios y arbitraje en Winston & Strawn LLP, fue nombrada copresidenta del equipo de transición de la fiscal general electa de Nueva York, Letitia James. En su amplia y reconocida trayectoria profesional, Reynoso fue embajadora de Estados Unidos en Uruguay y secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Centroamérica, el Caribe y Cuba.

Julissa Reynoso
Julissa Reynoso

En ocasión de su nombramiento, conversó con LexLatin acerca de su experiencia en Latinoamérica, así como del impacto de las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus países vecinos. Sobre esto último, Reynoso explicó:

Anticipándose a la necesidad de que los inversionistas se adapten al nuevo marco legal, el T-MEC deja una ventana abierta para utilizar los mecanismos de solución de controversias del TLCAN para inversiones heredadas, es decir, inversiones que ya existen cuando el T-MEC entra en vigor. Esta ventana durará tres años, después de dicha entrada en vigor. Dadas las diferencias entre el T-MEC y el TLCAN, es probable que las empresas con posibles reclamaciones se muevan rápidamente para aprovechar las disposiciones más favorables del último”.

Del TLCAN al T-MEC

LexLatin preguntó a Reynoso cuáles son algunas de las ventajas relacionadas con el TLCAN que los potenciales reclamantes podrían usar en su defensa. La abogada explicó que los procedimientos del T-MEC son menos amigables para los inversionistas, enumerando las siguientes razones:

1. El arbitraje conlleva obligaciones de transparencia. Estos pueden obligar a una empresa a sopesar el valor de una reclamación legítima contra los costos de reputación de su aplicación.

2. Para solicitar un arbitraje, se requiere que los inversionistas hayan buscado recursos nacionales hasta su finalización o al menos durante 30 meses antes.

3. Los daños previos a la inversión ya no son recuperables. Es decir, solo se cubren las inversiones ya establecidas, en contra de la práctica existente y aumentando así el riesgo de afrontar grandes gastos iniciales en sectores como el de la minería. 

4. Mayores estándares de ética para los árbitros limitan su capacidad de intervenir a un solo arbitraje del T-MEC a la vez, reduciendo —y por lo tanto elevando el costo del grupo de expertos.

Más sobre Julissa Reynoso

Actualmente, la abogada es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores e integra el Consejo de Administración de la Universidad de Columbia. Ha sido reconocida con los más altos honores diplomáticos otorgados por varios gobiernos latinoamericanos así como con premios de interés público de la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York, el Fondo North Star, la Sociedad de Ayuda Legal y la Fundación del Colegio Nacional Hispano. Además, forma parte de las juntas directivas de varias organizaciones sin fines de lucro y de defensa.

Como experta en arbitraje internacional, litigios internacionales y litigios comerciales, asesora estratégicamente en evaluación de riesgos a gobiernos, instituciones financieras, empresas y personas en la gestión de problemas transnacionales.

También ha dirigido arbitrajes conforme a las principales normas internacionales incluyendo las de la Cámara de Comercio Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y disputas sobre tratados de inversión bilaterales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA) y el TLCAN.

Junto a Julissa Reynoso actuarán como copresidentes del equipo de transición de Letitia James: Loretta Lynch, quien fue fiscal general de los Estados Unidos; Bob Abrams, fiscal general del estado de Nueva York de 1979 a 1993; Jonathan Lippman, juez principal del Tribunal de Apelaciones de Nueva York de 2009 a 2015; y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, Craig Bose.

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