Más de tres cuartas partes de los abogados tienen una visión positiva del impacto de su profesión en la sociedad y esto contrasta con la visión del público general: apenas la mitad considera que el derecho es una fuerza de progreso. ¿Está el sector abogando lo suficiente por mejorar la reputación de su oficio?
En el marco de la Conferencia Anual de la International Bar Association (IBA) se presentó un insumo que aborda esta cuestión: el Reporte de la IBA del Impacto Social y Económico de la Profesión Legal.
Este proyecto se creó para corregir las percepciones más generalizadas del oficio, como la confusión que existe al equiparar a los abogados con sus clientes, o la percepción de que los abogados son capaces de cualquier cosa a la hora de hacer valer sus intereses. El reporte explora el rol de los abogados al proteger los derechos humanos, garantizar la vigencia de la justicia y contribuir a preservar el Estado de derecho. En pocas palabras, explora las formas en las que es posible cambiar la narrativa.
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¿Cómo se puede cambiar la percepción del público? Con el ejemplo y hechos específicos. El reporte que presentó la presidenta de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil Aldama, no se limita a las buenas intenciones, sino que enumera casos concretos de impacto favorable. Describe el trabajo de profesionales para abolir la pena de muerte en Singapur, para despejar el camino de la equidad entre hombres y mujeres y los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, para defender la educación de las mujeres en Afganistán, para sancionar a Suiza por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de cambio climático y para impedir los intentos del primer ministro del Reino Unido en 2019 de coartar la potestad del Parlamento al aprobar leyes en contra del Brexit, entre otros muchos casos.
La conclusión es que un mundo sin abogados sería un mundo sin aliados imprescindibles para el fortalecimiento institucional, los procesos de paz, los movimientos para la equidad e inclusión, la igualdad de oportunidades en acceso a la educación, las iniciativas públicas y privadas para la sostenibilidad ambiental y la salvaguarda de los derechos a la salud y el bienestar colectivo. Por otro lado, sería un mundo que deja de percibir una contribución directa de 1,6 trillones de dólares a la economía global, o 1,7 del PIB, que proviene del trabajo de más de 20 millones de abogados, paralegales y los equipos de apoyo.
Sin embargo, la sesión fue mucho más que una celebración del derecho. Fue una celebración del Estado de derecho, justo en momentos en los que se registran retrocesos en esa materia en 82 países que agrupan nada menos que al 80 % de la población global. Es una erosión preocupante, no solo en el plano conceptual: un Estado de derecho fuerte se traduce en un 30 % más de mujeres que se gradúan de la secundaria, en 1,4 billones más de personas con acceso a cobertura de salud y a un 5 % menos de inequidad.
El Estado de derecho es el cimiento fundamental de todos los indicadores económicos y sociales que revelan el avance o el retroceso de una sociedad. Un mundo sin abogados es entonces un mundo donde prevalece la arbitrariedad, la pobreza y la precariedad.
El 84 % de los abogados cree que la percepción pública del oficio debe mejorar. Es decir, que la coyuntura exige defender no solo las causas ajenas, sino también la causa propia del oficio de la profesión legal. El reporte será una pieza central en ese esfuerzo.
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