Ante los señalamientos según los cuales Graña y Montero S.A.A. conocía sobre el pago de sobornos por parte de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. al expresidente Alejandro Toledo para la cesión de contratos, se interpusieron demandas por acción colectiva ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York contra la constructora peruana.
Ante ello, Graña y Montero contrató a Simpson Thacher & Bartlett LLP y Orihuela Abogados | Attorneys at Law para liderar una investigación que lleva a cabo una empresa internacional independiente cuyo nombre no fue revelado, con el objetivo de identificar potenciales violaciones a la Ley Estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, en relación con los señalamientos de varios medios. Asimismo, Simpson Thacher atiende la representación procesal y legal de la empresa en relación con los juicios entablados en Estados Unidos.
Graña y Montero, que era socia local de Odebrecht en la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica del Sur, entre Perú y Brasil, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde debutó con una Oferta Pública Inicial de acciones en 2013. Por tanto, está sujeta a las regulaciones del mercado de valores de ese país. La empresa también cotiza en la Bolsa de Lima.
En abril, un juez federal de Nueva York condenó a Odebrecht a pagar una multa de USD 2.600 millones por sobornar a funcionarios de gobiernos de 12 países de América Latina y África.
Sobre la demanda, Sandra Orihuela, socia fundadora de Orihuela Abogados, indicó que "ante los recientes anuncios sobre demandas civiles colectivas interpuestas contra Graña y Montero en cortes federales de los Estados Unidos de Norteamérica, la compañía viene implementando una estrategia de defensa legal integral que comprende la contratación de dos firmas de abogados norteamericanas para liderar una investigación independiente en esta materia, brindar defensa y representación legal a la compañía en estos y cualquier otro proceso legal en los Estados Unidos; así como para fortalecer el programa de cumplimiento ético y anticorrupción de la compañía".
Asimismo, agregó que la compañía "ha creado un Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad conformado en su mayoría por Directores independientes que se encuentra supervisando la investigación interna, y a la vez se cuenta con un plan integral para continuar reforzando sus políticas y controles internos".
Orihuela también señaló que "en la línea con lo reportado por la compañía a la Superintendencia del Mercado de Valores en el Perú, se puede confirmar que la compañía no ha recibido notificación judicial por parte de las cortes federales de los Estados Unidos, por lo que no es posible brindar información sobre la cuantía o contenido de las pretensiones a que se refieren los procesos judiciales entablados".
Levi & Korsinsky LLP y Lundin Law PC fueron dos de las firmas que publicaron anuncios invitando a inversionistas que adquirieron títulos valores de Graña y Montero entre el 24 de julio de 2013 y el 24 de febrero de 2017, a sumarse a la demanda.
Entre las otras firmas que en un principio invitaron a los afectados a contactarlos para iniciar y continuar con la demanda civil están Bronstein, Gewirtz & Grossman, LLC; Goldberg Law PC; Glancy Prongay & Murray LLP; Khang & Khang LLP; Rosen Law Firm; Bragar Eagel & Squire, P.C., y Holzer & Holzer, LLC.
El documento de la demanda indica que la empresa emitió declaraciones materialmente falsas y/o engañosas y/o no reveló que sabía que su socio brasileño, Odebrecht, pagó sobornos al expresidente Toledo para ganar la licitación de la carretera mencionada, a través del Consorcio Concesionario Interoceánico, que integraban la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A. y JJC Contratistas Generales S.A.
Advierte que, en consecuencia, las declaraciones de los acusados sobre los negocios, las operaciones y las perspectivas de Graña & Montero eran materialmente falsas y engañosas y carecían de una base razonable. El pasado 27 de abril venció el plazo fijado para solicitar que la Corte designe las firmas que actuarán como demandantes principales.
Reuters dio cuenta de la baja en 34 % de las acciones de Graña y Montero el pasado 24 de febrero, tras divulgarse un informe del periodista peruano César Hildebrandt.
Recientemente, Graña y Montero llegó a un acuerdo con Chubb Perú S.A. para refinanciar su deuda tras la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano S.A., en cuya construcción también participaba junto a Odebrecht. En el consorcio estaba incluida la española Enagás.
En enero pasado, el Ministerio de Energía y Minas dio por terminado el contrato ante la falta de recursos, por parte de las empresas, para financiar la construcción de la obra. Entonces, Graña y Montero, conformado por 26 empresas y quien es accionista de 20 % de la concesionaria, aseguró que cumpliría cabalmente con todas sus obligaciones financieras y que contaba con la liquidez necesaria para ello aun cuando el Estado no había devuelto el monto invertido en la obra.
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