20/03/2026
Una gran polémica se ha desatado en Chile tras el retiro, por parte del gobierno entrante de José Antonio Kast, de 48 decretos supremos que estaban en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. La medida fue formalizada el 12 de marzo por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, coincidiendo con el día en que Kast asumió la presidencia.
De los decretos retirados, 43 corresponden al Ministerio del Medio Ambiente y 5 al Ministerio de Energía. Según el Ejecutivo, la decisión busca someter estas normas a una revisión interna y garantizar que cumplan con los estándares técnicos y legales vigentes, como parte de un plan de auditoría impulsado por la nueva administración (lea aquí el Oficio).
La medida ha generado especial atención debido a que varios de los decretos afectados estaban relacionados con la creación de parques nacionales, la protección de humedales y la conservación de especies, así como normas de emisión para centrales termoeléctricas y reglamentos del sector eléctrico.
Estas iniciativas, impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric (2022 - 2026), habían pasado por consultas indígenas y la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y en algunos casos demoraron años en elaborarse.
Según Sebastián Leyton, socio de Energía e Infraestructura en Cuatrecasas Chile, el retiro de los decretos antes de la toma de razón interrumpe el control de legalidad que realiza la Contraloría, lo que a su vez retrasa la entrada en vigor de las normas que permitirían la aplicación de leyes vigentes, dejando temporalmente suspendidos los instrumentos necesarios para su implementación.
“Esto alcanza a la Ley 21.600 (Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas) y algunos de sus reglamentos clave (compensaciones de biodiversidad y el de clasificación de ecosistemas según estado de conservación). En la práctica, se mantiene el statu quo normativo y pueden generarse demoras o vacíos de implementación. La administración actual podrá revisar, ajustar o reimpulsar esos textos antes de (eventualmente) reingresarlos nuevamente ante Contraloría”, explica el abogado.
Los decretos abarcan los años 2023 a 2026, incluyendo una parte de los ingresados durante los últimos días del gobierno anterior. Su retiro marca un inicio de gestión que abre el debate sobre el rumbo de la política ambiental y energética bajo la administración de Kast.
En la misma línea, William García, socio de Sarmiento Walker y García Abogados, precisa que no se trata de decretos vigentes, sino de documentos firmados que aún no habían entrado en vigor. Añade que estos forman parte del cumplimiento de obligaciones legales del país, por lo que, si bien el nuevo Gobierno puede introducir ajustes, no se esperan cambios sustantivos. En ese sentido, el retiro de estas normas no debería interpretarse como un incumplimiento de las obligaciones ambientales.
A esta interpretación se suma Sebastián Herrera, socio de Lathrop, Mujica, Herrera & Diez Abogados, quien advierte que el debate ha estado marcado por una confusión conceptual. Explica que, al encontrarse aún en trámite de toma de razón, estos actos no habían completado su proceso de formación ni generaban obligaciones, por lo que su retiro no implica una modificación normativa efectiva.
Para Luis Fuentes, director del área de Litigios y Arbitrajes de Alessandri Abogados, el objetivo del nuevo gobierno es desregular y simplificar los procesos de otorgamiento de permisos para facilitar la inversión en el país.
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Revisión de decretos ambientales y energéticos
Entre los decretos ambientales retirados figuran seis áreas protegidas en la región de Atacama: tres parques nacionales (Salar de Gorbea, Las Parinas y Lagunas Bravas), dos reservas de región virgen (Lagunas Collas y Las Pisacas) y una reserva nacional (Salar de Pedernales), que fueron presentados de manera formal en enero de este año. La creación de estas áreas tenía como objetivo proteger diez humedales de altura, entre salares y lagunas altoandinas, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por la administración anterior.
Con esta estrategia, el anterior gobierno de Boric buscaba consolidar a Chile como el principal productor mundial de litio, un mineral clave para la transición energética. En ese contexto, la protección de determinados humedales actúa como un contrapeso ambiental frente al incremento proyectado de la explotación de salares, ya que actualmente la extracción de litio se concentra únicamente en el salar de Atacama.
De igual modo se paralizó la creación de otras áreas protegidas como las de los parques nacionales marinos Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II. En paralelo, se detuvieron diversos planes de recuperación de especies amenazadas y de control de especies invasoras, y otros de reglamentos vinculados a la preservación de la biodiversidad y a la estrategia climática del país.
De igual modo, el Ministerio de Energía retiró de la Contraloría General de la República cinco procesos de toma de razón de decretos presentados en los años 2025 y 2026. Entre ellos, la modificación de los decretos supremos que aprueban el reglamento para medios de generación de pequeña escala; el reglamento de la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y el reglamento que aprueba la calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión, entre otros.
También se bloquearon temporalmente normas de emisión de permisos para termoeléctricas, fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico, normas de calidad del agua y planes de descontaminación.
Al respecto, García menciona que el fenómeno que se observa forma parte de una de las peculiaridades del Estado de Derecho en Chile.
“Todos los decretos firmados por el Presidente de la República deben cumplir un examen previo de legalidad por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, no debe sorprender que al asumir un nuevo gobierno se haga este nuevo estudio de lo que quedó pendiente. Lo importante para la seguridad jurídica es que la legislación ambiental (y los tratados internacionales) contienen las obligaciones principales. Los decretos tienen un menor margen de maniobra y no pueden alterar lo ya establecido en la ley”, detalla.
Medidas recomendadas y lineamientos para la revisión
Leyton señala que, para evitar impactos en la confianza de inversionistas y garantizar seguridad jurídica durante la revisión de decretos, el Ministerio del Medio Ambiente debería establecer transparencia sobre el estado de cada norma retirada, incluyendo los fundamentos de la medida y un cronograma de reingreso a la Contraloría.
En ese contexto, el experto Herrera considera que, más allá de la reacción inicial de alerta que pudo generar el retiro de los decretos, las autoridades han transmitido señales de seriedad en la conducción del proceso, lo que se refleja, por ejemplo, en el inicio del reingreso de normas ya revisadas apenas una semana después de su retiro.
Asimismo, recomendó que se elaboren lineamientos transitorios y criterios interpretativos coordinados con autoridades ambientales competentes: el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Esto con el fin de confirmar el marco regulatorio vigente y evitar efectos retroactivos o sorpresas regulatorias.
“Por último, se debiera priorizar el reingreso de reglamentos habilitantes de mayor impacto operativo (p. ej., normas de emisión/calidad, planes de descontaminación y, a modo ejemplar, reglamentos asociados a la Ley 21.600), asegurando control de calidad jurídica antes del reingreso a Contraloría”, sostiene.
Todo esto, manteniendo los canales formales con los diversos stakeholders para reportes periódicos y coherentes, reforzando previsibilidad de la situación regulatoria.
En esa línea, el abogado Fuentes subraya que el país cuenta con una institucionalidad ambiental sólida y mecanismos de control tanto administrativos como judiciales, lo que contribuye a mantener la confianza de los inversionistas.
“El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una entidad fiscalizadora, la Superintendencia del Medio Ambiente, que dispone de herramientas legales y atribuciones de supervisión de la institucionalidad ambiental. Asimismo, Chile cuenta con tribunales especiales, los Tribunales Ambientales, por lo que, tanto a nivel administrativo como judicial, existen organismos idóneos frente a eventuales incumplimientos o abusos privados. Por tanto, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas extranjeros no deberían verse mermadas por el actuar del gobierno. Existe un sistema robusto y serio que busca dar certezas a los actores relevantes en materia medioambiental”, opina.
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Reacciones y alcances
La medida ha generado comentarios de exfuncionarios y distintos sectores. Algunos reconocen que la revisión de normas pendientes es un procedimiento común en cambios de gobierno, mientras que otros señalan que el volumen de decretos retirados en una sola acción es poco frecuente.
En el ámbito político, la senadora Yasna Provoste afirmó que “todo gobierno tiene derecho a revisar lo heredado”, pero precisó que revisar no equivale a retroceder o eliminar décadas de trabajo técnico y ciudadano.
Por su lado, Mauricio Lorca, investigador y profesor de la Universidad de Atacama, lamentó dicha decisión al explicar que “estas áreas quedan a merced de la expansión del capital que toma forma de minería del litio».
Desde el Ministerio de Medio Ambiente indicaron que este tipo de revisiones es una práctica habitual.
“Con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República”, se lee en la declaración pública del MMA.
La cartera añadió que estas acciones son comunes al inicio de una nueva administración y reflejan procedimientos similares realizados por gobiernos anteriores.
“El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República”, concluyó la autoridad.
Para el socio de Energía e Infraestructura de Cuatrecasas Chile, esta decisión refuerza que en Chile existen controles de legalidad rigurosos que son capaces de pausar normativa relevante para el debido funcionamiento de las instituciones y advierte que ello puede implicar un riesgo político si estos cambios son percibidos como motivos por razones políticas.
“Para la región, sugiere que la estabilidad no depende únicamente de la aprobación de leyes y reglamentos, sino que también se torna de suma relevancia la continuidad regulatoria”, enfatiza Leyton.
Al ser consultado sobre el mensaje que esta decisión podría enviar a otros países de la región respecto a la estabilidad regulatoria ambiental, Herrera señaló que es natural que un gobierno entrante revise si las normas que estaban a punto de aprobarse cumplen con los estándares establecidos.
“Las nuevas autoridades del Ministerio del Medio Ambiente tienen el deber de asegurarse que las futuras normativas sean los mejores instrumentos o herramientas de gestión ambiental para lograr el objetivo de desarrollo sostenible. Si los decretos que revisen no lo son, deben ajustarlos o modificarlos. Creo que la señal que se entrega con la revisión es clara: la regulación ambiental es absolutamente relevante. Precisamente por ello, se requiere que cada uno de los detalles sea revisado técnica y jurídicamente”, dijo.
A su vez, García destaca que el retiro de los decretos responde a una práctica propia del Estado de Derecho en Chile, ya que se trata de normas que aún no estaban vigentes, sino en etapa de proyecto. Por ello, sostiene que la medida no altera la estabilidad regulatoria.
Desde la perspectiva de la protección internacional de las inversiones, Fuentes señala que el mensaje del Gobierno chileno es atraer inversiones y facilitar el ingreso de capitales extranjeros mediante la desregulación y simplificación de la permisología ambiental.
“Los cambios discriminatorios, que no sean de buena fe o que violen acuerdos o expectativas legítimas de los inversionistas pueden generar responsabilidad internacional. Es esencial entonces que cualquier cambio regulatorio sea, también, analizado bajo esta perspectiva”, agrega Leyton.
El avance de las iniciativas dependerá del resultado de la revisión interna y de su posterior reingreso a la Contraloría. Mientras tanto, los decretos permanecen suspendidos, sin efectos legales, a la espera de definirse su alcance y prioridad.
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