El 29 de agosto, la compañía irlandesa Smurfit Kappa Group plc anunció la ocupación temporal, por 90 días, por parte del Gobierno de Venezuela de Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A., su filial ubicada en este país.
La medida fue tomada el 28 de agosto, cinco días después de que las autoridades venezolanas iniciaran una inspección en la filial local, particularmente en Molino Valencia, en el estado Carabobo, presentando alegatos contra la compañía, entre ellos desacato laboral, que esta refutó por considerar que no tienen fundamento.
Desde entonces, una junta integrada por representantes de los ministerios del Trabajo y Alimentación así como de la Superintendencia Nacional para la defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) se encarga de la administración y operación de la compañía que emplea a cerca de 1.600 personas.
En un comunicado divulgado en su sitio web, Smurfit dijo que “como resultado de esta acción del Gobierno de Venezuela, es imposible para SKCV manejar sus asuntos de una manera que cumpla con nuestros estándares comerciales normales”.
Agregó que, “en consecuencia, a partir del 28 de agosto de 2018, SKCV no es responsable del uso de sus instalaciones, maquinaria y equipo, la seguridad de sus empleados, la de las comunidades aledañas, ningún impacto ambiental o la calidad del papel y el embalaje fabricados en las operaciones”.
Las inspecciones concluyeron con la detención de dos empleados de la empresa, que dijo hacer lo posible por liberarlos. Se trata de Luis Fernando Lugo Díaz, contralor, y Cipriano Ramón Betancourt Chirinos, gerente de ventas, quienes son acusados por especulación, contrabando, boicot y desestabilización de la economía, de acuerdo con reporte de Runrunes.com
Fueron arrestados el pasado 23 de agosto y acusados de especulación de precios, boicot, desestabilización de la economía y contrabando.
Según reseña de Reuters, la ocupación obedece a la paralización de una de las plantas de la empresa, como habrían denunciado trabajadores.
A pesar de la medida, la empresa espera seguir operando en Venezuela “un negocio viable, sustentable y ambientalmente responsable”.
Smurfit Kappa se estableció en el mercado local en 1986.
Fundada en 1936, la compañía fabricante de papel y cartón para embalaje tiene presencia en 35 mercados a escala global y 370 plantas de producción.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que el Gobierno venezolano ocupa empresas tanto nacionales como de capital extranjero establecidas en el país. Los casos más recientes son los de Banesco, entidad financiera cuya intervención fue anunciada en mayo de este año por un plazo de 90 días, medida que recientemente fue extendida. El Gobierno alegó "irregularidades detectadas que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención de legitimación de capitales”.
También en mayo, la multinacional estadounidense Kellogg's anunció su retiro del mercado venezolano, impulsada por el deterioro de la situación económica y social, ante lo cual el presidente Nicolás Maduro reaccionó para anunciar medidas judiciales contra los directivos de la empresa y la toma de control de esta por parte de los trabajadores.
Dos años atrás, en junio de 2016, Maduro anunció la ocupación de la fabricante de papel, pañales y toallas Kimberly-Clark ante el cese de operaciones de la compañía.
Las medidas siguen una línea que marcó en 2005 el fallecido expresidente Hugo Chávez, con la expropiación de empresas de distintos sectores.
De hecho, en 2009, Chávez anunció la expropiación de terrenos de Smurfit Kappa como parte de lo que llamó la revolución agraria.
Tampoco Smurfit Kappa ha sido la primera afectada del sector de papel y cartón. En 2005, Chávez decretó la expropiación de los bienes de Venepal, productora de papel y cartón, una de las primeras empresas afectadas por lo que se denominó la "ola de expropiaciones".
Esas decisiones le han generado a Venezuela denuncias ante instancias internacionales como el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) y tribunales en distintas jurisdicciones, especialmente promovidas por transnacionales petroleras y mineras.
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