Los abogados son la primera línea de defensa del Estado de derecho. No solo representan a sus clientes; representan un sistema democrático que se basa en el contrapeso de poderes y del predominio de la ley sobre la voluntad del gobernante. Son los que hacen valer la idea de que la democracia no se agota ni se limita a los días de elecciones. No extraña, entonces, que los abogados en México confiesen que viven momentos de inquietud mayúscula. Con la Reforma Judicial, recientemente aprobada, es el propio Estado de derecho, que tanto esfuerzo demandó históricamente en su construcción, el que está en vilo.
Esta advertencia la hizo Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), en una sesión de la Conferencia Anual 2024 de la International Bar Association (IBA), en la Ciudad de México, destinada a analizar la situación actual del Estado de derecho en las Américas.
En la región, solo Bolivia cuenta con elecciones populares de jueces, el principal objetivo de la reforma mexicana, y los resultados no han sido auspiciosos. Pero hay otro país en el que México puede empezar a reflejarse lentamente y que representa una moraleja de qué es lo que sucede cuando los jueces pasan a estar al servicio del Ejecutivo: Venezuela. Imposible concebir el fraude electoral recién perpetrado por Nicolás Maduro sin tener al poder judicial en el bolsillo. Es un espejo en el que ningún país que valore sus instituciones democráticas quiere verse reflejado.
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Han sido múltiples las voces calificadas en la Conferencia de la IBA que han denunciado el potencial de la reforma para anular un contrapeso necesario al Ejecutivo y para acabar con la neutralidad que debe ser requisito imprescindible del Poder Judicial. Si los nombramientos de jueces y ministros pasan a depender de la elección popular, no tendrán más remedio que aliarse con los partidos políticos y, en especial, con el partido político que hoy cuenta con amplia hegemonía en el Legislativo y el Ejecutivo, Morena.
Los méritos serán secundarios: lo que importa ahora para los jueces será su voluntad de doblegarse a los intereses particulares que impulsaron su nombramiento. Los de la política y, peor aún, los del crimen organizado, al que también le interesa tener aliados en los juzgados y que pueden respaldar al candidato que les conviene a través de la financiación de campañas y de la coerción a los votantes. No les queda más remedio a los jueces que someterse a un proceso electoral en el que resulta imposible que los ciudadanos tengan el conocimiento necesario de quienes son las personas por las que están votando: serán 1.700 jueces y magistrados los que pasan ahora al escrutinio popular. En suma, lo que importa ahora para los jueces es participar en política y no hay Estado de derecho que sea viable en esas circunstancias.
¿Por qué México ha querido asomarse al abismo de esa forma? Para Oléa Peláez, todo se debe a que, de los once ministros de la Corte Suprema de Justicia, ocho han fallado en contra de reformas promulgadas por Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente, por vicios de inconstitucionalidad. En pocas palabras, la Reforma Judicial es una revancha personal. Y eso puede explicar que lo que se aprobó, como lo sostuvo Lady Helena Kennedy, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados, es lo que cualquier gobernante populista soñaría con promulgar. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la reforma contempla la creación de una Corte Disciplinaria, también de elección popular, que será la encargada de vigilar y sancionar a los demás jueces, en un proceso de instancia única, sin apelación posible, algo inconcebible en un Estado de derecho. Para muchos, una Corte que se encargará de controlar que los jueces obedezcan las órdenes el Ejecutivo si no quieren perder su investidura.
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En opinión de Kennedy, una reforma de este calibre promueve los incentivos opuestos a los que garantizan un Poder Judicial independiente. La independencia judicial depende de tres factores: que los jueces sean bien remunerados, para evitar la tentación de la corrupción; que ese sistema de remuneración no sea una atribución del Ejecutivo; y que los jueces sean entrenados para ser competentes, aprendiendo a evaluar el peso de la evidencia y de los argumentos, y para ser imparciales, aprendiendo a corregir en lo posible sus propios sesgos. Con la Reforma Judicial, nada de eso será posible: de hecho, reduce el término de los jueces a tres años, y en la práctica se sabe que es imposible aprender de competencia y de imparcialidad en apenas tres años.
Son momentos desafiantes en México y en el mundo. Hasta en democracias más consolidadas, lamenta Kennedy, se han registrado precedentes en los que los mandatarios de turno creen que están por encima de la ley: el irrespeto a la reglamentación del Covid-19 por parte del pasado Primer Ministro Boris Johnson en Reino Unido y los múltiples escándalos de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, son dos ejemplos que vienen a la mente
¿Qué pueden hacer los abogados para ser una fuerza positiva en la vigencia del Estado de derecho? Kennedy lo tiene claro: el rol de los abogados no puede limitarse a representar clientes. Tiene que ser, en especial, el de orientar a los clientes hacia el respeto de la ley y de estándares éticos mínimos. De todos depende perseverar en esa gran conquista de parte de la humanidad que fue vivir en sociedades en las que mandan las leyes y no las personas.
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