02/06/2025
En un proceso inédito a escala mundial, México realizó este 1 de junio sus primeras votaciones para elegir a casi 2.700 jueces y magistrados, incluidos los integrantes del máximo tribunal de la República, un proceso cuyos resultados finales, dada su complejidad y dimensión, serán dados a conocer por tramos en los próximos 15 días.
Planteada en el marco de la reforma del Estado llevada adelante por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, las primeras elecciones de este tipo realizadas en México estuvieron signadas por una fuerte diatriba entre quienes defienden que el pueblo decida a los encargados de administrar justicia en un país marcado por la corrupción y quienes aducen que solo servirán para dar al partido de gobierno el control total de todos los poderes.
Según balances preliminares del Instituto Electoral Nacional Electoral (INE), la participación se ubicó entre 12,57 % y 13,32 %, lo que significa que apenas poco más de 13 de los casi 100 millones de mexicanos que conforman el padrón acataron el llamado a votar, cifra muy por debajo del 20 % que se estimaba acudiría a las más de 80.000 casillas electorales distribuidas en todo el país.
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Cuántos y cómo
Las elecciones de este domingo en México fueron, a todas luces, una de las más complejas realizadas en todo el mundo, no solo por la materia a dirimir sino por la cantidad de cargos a escoger: más de 2.600, la mitad del total de jueces y magistrados del país. El restante 50 % será votado en 2027, de acuerdo con la reforma constitucional ejecutada por el anterior gobierno, que, además, cambió leyes en materia electoral y jurisdiccional.
Los cargos a elegir en estas megaelecciones son los siguientes:
- 9 magistrados de la Suprema Corte (dos menos que hasta ahora, con mandatos que bajan de 15 a 12 años).
- 2 magistrados del Tribunal Electoral.
- 15 magistrados regionales del Tribunal Electoral.
- 386 jueces de distrito.
- 464 magistrados de circuito.
- 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
- Más de 1.700 jueces locales en 19 de los 32 estados del país.
Adicionalmente, en algunas entidades se conjugan estas elecciones con las de autoridades locales.
Los electores debieron escoger entre más de 7.700 candidatos aquellos que consideraron los idóneos para asumir la difícil tarea de aplicar la justicia en un país donde se estima que más del 90 % de los delitos quedan impunes y donde la población cree que, en su mayoría, los jueces responden a los intereses de grupos al margen de la ley, especialmente del narcotráfico.
Para ello, cada elector debió emplear en promedio seis papeletas (hasta 15 en estados donde, además, se eligieron otros cargos de la administración pública) contentivas de los distintos cargos a nivel federal, regional y local, cuyo conteo manual no se realizará en las casillas electorales seccionales, sino en los 300 consejos de distritos electorales federales, otro de los grandes cambios en la dinámica de votaciones aplicado hasta ahora.
Una prohibición legal que impide la participación de los partidos políticos en las elecciones judiciales, resultó en que fueron los propios candidatos, con sus recursos personales, lo que llevaron adelante las actividades de propaganda, con la consecuente escasísima información de los electores sobre quiénes eran los candidatos a elegir.
Además, con un presupuesto de apenas 17 millones de dólares, el INE se vio imposibilitado para desarrollar una campaña a gran escala para dar a conocer a los miles de candidatos, lo que, a juicio de los detractores del proceso, contribuirá a que resulten favorecidos candidatos apoyados por grupos al margen de la ley o personas poco probas para el cargo.
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Nada parecido
Las elecciones realizadas este domingo en México no tienen parangón en ninguna parte del planeta pues, aunque en otros países se convoca a votaciones para elegir jueces, se trata solo de algunos funcionarios.
En Estados Unidos, por ejemplo, 38 de los 50 estados de la unión eligen a los integrantes de sus tribunales superiores, pero nunca a los jueces ordinarios y mucho menos a los miembros de la Suprema Corte, que son propuestos por el presidente y ratificados o no por el Congreso. Además, en algunos estados se convoca a votaciones para revalidar o apartar a jueces en el cargo, pero nunca para nombrarlos.
En Bolivia, donde también se realizan elecciones legislativas, éstas sirven para elegir a 26 integrantes de los cuatro altos tribunales nacionales: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
En Japón, al igual que en Estados Unidos, se convocan elecciones para revalidar o apartar del cargo a los jueces de la Corte Suprema una vez que han sido nombrados por el gobierno; es decir, los electores no escogen al juez, sino que ratifican si es idóneo o no para el cargo.
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El proceso
El proceso, que, según medios mexicanos y agencias internacionales, estuvo marcado por escasa participación, transcurrió en relativa calma. El INE informó que sólo 16 de las más de 80.000 mesas electorales no fueron instaladas, mayoritariamente en el estado de Chiapas, entidad donde votó el expresidente López Obrador, en su primera aparición pública luego de abandonar el cargo hace ocho meses.
“Nunca, en la historia de nuestro país, el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”, ha indicado. “Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”, dijo AMLO tras votar.
El exmandatario aseguró que México tiene a la mejor presidenta del mundo, un guiño directo a su protegida y actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ha respaldado todos los cambios realizados por su antecesor.
La presidenta celebró el éxito de la jornada, asegurando que con ello México se presenta como el país más democrático del mundo.
“No debemos olvidar que el actual Poder Judicial que algunos defienden ha sido responsable de favorecer a miembros de la delincuencia organizada”, dijo luego de ejercer su derecho al voto.
En Ciudad de México, algunos cientos de personas protestaron contra lo que catalogaron como “una farsa electoral", pero sin mayores incidencias.
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A favor y en contra
Bajo el anterior argumento, el gobierno, el partido dominante (Morena) y sus aliados han defendido la reforma por considerar que dará al traste con la corrupción del sistema judicial, considerado entre los más corrompidos del continente, caracterizado por nepotismo y amedrentamiento por parte de grupos de delincuentes, especialmente de la droga.
Por su parte, los opositores aseguran que las elecciones son la puerta de entrada a la politización de la justicia, garantizando al partido gobierno dominar un poder que le ha sido adverso en el pasado reciente al frenar leyes y reformas impulsadas por el Ejecutivo que fueron consideradas como inconstitucionales.
El fuerte de la crítica señala que las nuevas leyes que rigen la elección modifican de manera tajante los requisitos que se necesitan para alcanzar el cargo de juez, con lo cual accederán a la carrera judicial personas sin la debida formación que solo atienden a los lineamientos de grupos de interés político o delincuenciales.
De hecho, una de las más polémicas candidaturas es la de Silvia Delgado, quien fuera abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, actualmente preso en Estados Unidos.
Igualmente, grupos de verificación ciudadana han señalado que entre los candidatos figuran abogados de otros carteles de la droga y varios exjueces destituidos por corrupción.
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