Mientras este martes Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron en su primer debate, cuyos aparentes resultados no vamos a discutir en este texto, recordemos que llegaron allí no solo mediante un muy rocoso y atropellado camino sino también mediante uno que no ha estado exento de algunos tropiezos musicales.
Estamos hablando de que, política aparte, la campaña del expresidente de Estados Unidos se está enfrentando en el terreno musical a múltiples autores que se han quejado de que su comando utiliza sus canciones sin permiso en sus rallies y publicaciones en redes sociales, entre otras instancias.
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La demanda más reciente llegó, también esta semana, de manos de Jack y Megan White, integrantes de The White Stripes, quienes con la querella introducida ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York se sumaron a una lista de cerca de 5.000 demandas —o cartas de cese y desistimiento— iniciados en contra de Donald Trump y su equipo por el uso indiscriminado y no autorizado de la música de terceros.
Entre los temas usados sin permiso están Seven Nation Army, de The White Stripes; My Heart Will Go On (Céline Dion); Freedom (Beyoncé) —que además es usada oficial y legítimamente por Kamala Harris—; Hold On, I’m Comin’ (Isaac Hayes, escrita para el dúo de Rythm & Blues Sam & Dave); My Hero (Foo Fighters); The winner takes it all y Money, Money, Money (Abba); Please Please Please Let Me Get What I Want (The Smiths); Nothing Compares 2 U (Sinéad O'Connor); Sex Farm (Spinal Tap) y Run Boy Run, el himno LGBTQI+ de Woodkid.
Y esta es la lista de este año, en las campañas anteriores, algunos de los artistas que han visto cómo los comandos de Trump usaron sus temas sin autorización tienen la talla de Elton John, The Rolling Stones, Sia, Adele, Green Day, Queen, Aerosmith, Elvis Costello, Blondie, The Animals, Earth, Wind & Fire, Creedence Clearwater Revival, Guns N' Roses, Luciano Pavarotti, Linkin Park, Neil Young, Prince, R.E.M., Nickelback, Lionel Richie y Bruce Springsteen, quien criticó fuertemente el uso de Born in the U.S.A. en las reuniones de Trump y, quien en vez de ir a corte a litigar, optó por apoyar abiertamente a Hillary Clinton (en 2016) lo que causó que los seguidores de Trump abuchearan la canción en sus mítines cuando la oían. A veces el political statement es más que suficiente para lograr el cese del uso de una canción no autorizada.
Ahora, si bien es cierto que usar un tema popular, preferiblemente acorde con la idea que se quiere transmitir en el discurso de masas, es una excelente –y muy común– estrategia comunicacional, en realidad esta debe seguir una serie de normas que Trump y su equipo parecen olvidar constantemente.
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Solo bajo licencia
En Estados Unidos, el uso de música sujeta a derechos de autor en mítines políticos está sometida a diversas consideraciones legales.
La primera parte del hecho más obvio: se está reproduciendo la obra en un espacio público, lo que significa que los comandos de los candidatos deben siempre obtener una licencia para reproducir una canción. El permiso lo debe dar el titular de los derechos de autor (que no siempre es el cantante) de las piezas a usar.
Sin embargo, en ocasiones existe la licencia de parte del titular de los derechos de autor (digamos, el sello discográfico) pero aún así el intérprete no está de acuerdo con el uso de sus piezas. Para esto, el recurso más común es similar al de Springsteen: se puede amparar el reclamo bajo la Ley Lanham (el estatuto federal de marcas registradas) y alegar que el uso de la pieza representa un falso patrocinio que puede diluir, infringir o empañar la marca registrada del artista (o impactar en sus derechos de publicidad), lo que le da el derecho al intérprete de emprender acciones legales incluso si la campaña tiene las licencias de interpretación necesarias, este recurso se basa en la percepción del consumidor. Fue el caso de Steven Tyler, quien reclamó en 2015 y 2018 el uso de Livin' on the Edge por el comando de Trump, mediante una carta de cese y desistimiento.
La Ley Lanham protege al propietario de una marca registrada a nivel federal contra el uso si es probable que esto genere confusión entre los consumidores o produzca su dilución.
Esta norma estableció en 1946, cuando fue promulgada, que la marca debe estar en uso en el comercio y debe ser distintiva, pero décadas después se sumó un tercer requisito, que es el que le da asidero a los artistas: que la marca no debe ser esencial para la función de un producto (doctrina de la funcionalidad).
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Entonces, bajo esta premisa de la ley, el demandante tiene una base sólida si el uso de la marca (en este caso, la canción), por parte del demandado (en este caso Trump o cualquier otro candidato político) para identificar sus rallies genera una probabilidad de confusión entre los posibles votantes, quienes podrían creer que el hecho de que la canción suene en el evento significa que el artista ha hecho un endorsement del candidato, cuando no ha sido así.
A veces los candidatos no necesitan obtener una licencia pero esto es siempre y cuando hagan sus rallies en espacios que ya cuenten con una licencia de interpretación pública (que debe incluir el uso político) emitida por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (Ascap, por sus siglas en inglés), lo que permite a muchos estadios o edificios para eventos (que tienen una lista con decenas de temas autorizados) albergar encuentros que, mientras se hagan dentro de sus instalaciones, puedan usar ad libitum su catálogo autorizado de canciones.
Aparte de Ascap, los candidatos pueden pagar por el uso de música para su propaganda (en eventos, anuncios, redes sociales o cualquier otra plataforma) a través de las licencias de interpretación pública ofrecidas por Broadcast Music, Inc. (BMI, la institución que gobierna los derechos de autor musicales) que, junto a Ascap, vende paquetes de licencias diseñados para campañas políticas sin infringir los derechos de autor de los artistas. Aún así, dicha licencia está sujeta a la autorización del artista, quien puede solicitar que su música se elimine de las licencias de campañas políticas incluso si la campaña tiene las licencias de interpretación adecuadas.
Sobre esto, la propia organización dice que, si bien muchos lugares tienen sus licencias para centros de convenciones, estadios y hoteles, estas generalmente excluyen la música utilizada durante convenciones y eventos de campañas políticas porque la campaña (y no el lugar) suele ser la principal beneficiaria de las actuaciones, “por esta razón, los organizadores de eventos, incluidas las campañas políticas, tradicionalmente han asumido la responsabilidad de obtener los permisos necesarios de los titulares de los derechos”.
"Si una campaña realiza muchos eventos en diferentes lugares, puede ser más fácil para la propia campaña obtener una licencia de actuación pública de ASCAP (y posiblemente de otras PRO* de EE. UU., si la música utilizada tiene licencia de una de ellas). Tener dichas licencias vigentes garantizaría que, sin importar dónde realice un mitin o algún otro evento de campaña, las interpretaciones de música en sus eventos cumplirán con la ley de derechos de autor".
Ascap explica que, como regla general, una campaña debe ser consciente de que cuanto más estrechamente esté vinculada una canción a la “imagen” de la campaña, más probable es que el artista pueda objetar su uso incluso si la campaña tiene las licencias de interpretación correspondientes, sobre todo porque podría estar violando otras leyes no relacionadas con las licencias de música, como el derecho de publicidad (que en muchos estados brinda protección de imagen), la Ley Lanham y el respaldo falso (false endorsement).
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La Artist Rights Alliance (ARA) es otro ente que aclara el uso adecuado de canciones en campañas propagandísticas. Según una carta que dirigió en 2020 a candidatos republicanos y demócratas, si una campaña utiliza la música de un artista sin su permiso este podría demandar a la campaña por infringir su marca, falso respaldo, conversión y otros agravios de derecho consuetudinario.
ARA dijo que verse arrastrado a la política de forma involuntaria puede comprometer los valores personales de un artista, al tiempo que decepciona y aleja a sus seguidores, con un gran coste moral y económico, ergo los riesgos legales por el uso no licenciado de su música son claros: viola los derechos de autor federales, tanto en grabaciones de sonido como en composiciones musicales; viola los derechos de publicidad y marca de los creadores; viola las normas sobre la recaudación de fondos de campaña, las finanzas y las comunicaciones cuando se trata de anuncios o publicidad de campaña, y da a entender falsamente que se cuenta con el apoyo de un artista lo que, de acuerdo con ellos, distorsiona las elecciones.
Los artistas tienen el derecho fundamental de controlar su trabajo y tomar decisiones libres sobre su expresión y participación política. Utilizar su trabajo con fines políticos sin su consentimiento viola fundamentalmente esos derechos: una invasión de los intereses personales más sagrados, apuntaron.
La defensa de Trump
El expresidente estadounidense es alguien que enfrenta, nada más en este momento, varios procesos legales como un caso de extorsión en Georgia, el caso de obstrucción de las elecciones de 2020 que causó un ataque al Capitolio y el de acaparamiento ilegal de documentos clasificados que, visto así, dejan los litigios por infracción de derecho de autor bajo una luz débil y opaca, por la “ligereza” del cargo en comparación con las demás acusaciones.
Empero, el equipo que defiende a Trump en su litigio por copyright contra los herederos de Isaac Hayes asegura que el uso de Hold On, I’m Comin’ es fair use, porque –ya que este tema se ha usado en piezas audiovisuales sin propósito comercial y bajo un cariz satírico– deben evaluarse bajo la doctrina del uso legítimo, a pesar de que los abogados de Grant precisan que para este uso se debe obtener una licencia de sincronización (específico para contenido de medios visuales).
Asimismo, los abogados del empresario alegaron ante el juez que lleva el caso de Hayes vs. Trump que los herederos del autor en realidad solo tienen una participación de 50 % en la canción, por lo que recurrieron a la impugnación de la titularidad de los derechos de autor de los herederos y trataron de anular su derecho a reclamar. En respuesta a las afirmaciones de los herederos de Hayes de que aún con 50 % de titularidad tienen derecho a reclamar, los abogados siguen firmes en su defensa de que el uso de la canción de Hayes es fair use.
Entretanto, el juez Thomas Thrash Jr. del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia dictaminó la semana pasada que los herederos de Hayes tienen derecho a impedir que la campaña de Trump utilice Hold On, I'm Comin’ en sus rallies, aunque aceptó que el comando del candidato republicano la use en los videos no comerciales que ya ha hecho públicos.
Mientras, el litigio continúa para determinar en un futuro si el juez concede a los herederos de Hayes los 3 millones de dólares en daños por el uso no autorizado de la canción, además de por la infracción de derechos de autor, publicidad falsa y violación del derecho de publicidad del fallecido cantautor. Paralelo a este correrán las demás y actuales cartas de cese y desestimiento de otros artistas, sus amenazas de demandas, sus demandas y sus reclamos por false endorsement y, probablemente, los de nuevos artistas que podrían sumarse en las siguientes semanas.
Pero este fenómeno, aunque destacable hoy porque resalta un nombre habitual a estos reclamos desde hace años cuando se ha puesto el “traje de candidato”, no es nuevo. En la historia reciente de Estados Unidos, políticos como Mitt Romney, Pat Buchanan, Sarah Palin, Marco Rubio, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan y John McCain han recibido reclamos de artistas como Bruce Springsteen (Born in the U.S.A es un himno básico para muchos políticos), Jackson Browne, Talking Heads, Van Halen, Silversun Pickups, Al Green, Bon Jovi, Boston, Heart, John Mellencamp y Journey (entre muchos otros) por el uso ilegítimo e indiscriminado de sus temas en sus campañas.
…Por lo menos, no se puede acusar al candidato republicano y su comando (y a los demás políticos) de no tener buen gusto cuando de elegir los temas de sus rallies y campañas se trata.
*Performing Rights Organization.
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