El Presupuesto de Egresos de la Federación de México fue aprobado por la Cámara de Diputados esta semana. El impacto económico de la pandemia ha provocado fuertes recortes y el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a aumentar la deuda o la recaudación. En consecuencia, los recursos enviados a los estados por parte del Gobierno Federal se han visto mermados y esto ha provocado críticas de varios gobernadores.
En este contexto surge la Alianza Federalista, un grupo de gobiernos locales que han unido fuerzas en contra del Ejecutivo Federal. Entre sus miembros más destacados están los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Aguascalientes, Martín Orozco; y Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco'. Ante la falta de diálogo con la presidencia, estos cuatro mandatarios (todos de partidos de oposición) han amenazado con abandonar el pacto federal, con lo que dejarían de enviar recursos al Gobierno central.
Ante las amenazas, el presidente López Obrador propuso irónicamente que realizaran una consulta popular para abandonar la federación, iniciativa que los gobernadores ya empezaron a promover en sus entidades. La disputa ha abierto la puerta a la discusión sobre el pacto federal y sus orígenes constitucionales.
Además, están los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; el de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y el de Coahuila, Miguel Riquelme, quienes se reunieron el pasado 6 de noviembre con la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados y entregaron -a nombre de la Alianza Federalista- una iniciativa alterna para al presupuesto de egresos 2021. La propuesta buscaba que los recursos del próximo año para los estados solo se vieran recortados en un 0,3 % en comparación con 2020. Sin embargo, el paquete aprobado contempla un recorte de 9 %.
Problema constitucional
¿Qué es el pacto federal y qué implicaciones en materia constitucional y fiscal conlleva? LexLatin entrevistó a David Alejandro Parada, especialista en Derecho Constitucional y Fiscal y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien afirma que: “El pacto federal es el acuerdo entre entidades federativas y la federación para recaudar y distribuir los recursos económicos”. Señala que es importante no olvidar que este pacto fue concebido con base en el principio de solidaridad para promover un desarrollo equitativo de todos los miembros de la federación y, especialmente, para lograr un desarrollo equilibrado entre recursos y oportunidades.
Los recursos que reciben los estados de la federación se componen de participaciones y aportaciones federales cuyo cálculo se realiza con base en lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal. Parada detalla que las primeras representan un porcentaje otorgado por la federación a los estados, de acuerdo con su participación en la recaudación de impuestos federales, y las segundas se calculan considerando su número de habitantes.
La diferencia entre ambas radica en que las participaciones federales son recursos que los estados y municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados o condicionados porque la federación determina en qué se deben gastar.
Ahora bien, las entidades tienen la opción de adherirse o no al sistema nacional de coordinación fiscal (SNCF) mediante un convenio de coordinación. Este se aprueba por la legislatura local y de esa misma forma se puede dar por terminado.
Este sistema supone distribuir las aportaciones federales de forma equitativa. En la actualidad todos los estados han firmado estos convenios, lo que resulta en “tener un mayor porcentaje sobre las participaciones federales. En caso de no adherirse, la consecuencia será que el monto de las participaciones sería mucho menor”, advierte el académico.
La salida del pacto federal se concretaría cuando las entidades federativas den por terminado los convenios que tienen celebrados con la federación, es decir, su salida del SNCF. Para esto no se requiere ninguna reforma constitucional.
Respecto de la consulta ciudadana propuesta por el presidente de México y llevada a cabo en redes sociales por los gobernadores, Parada comenta que si bien la Ley de Coordinación Fiscal no establece como requisito ninguna consulta popular, los estados deberán realizarla conforme a lo establecido en sus propias constituciones locales. Estas están supeditadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación no podrá ser sometido a consulta.
Las entidades que decidan salir del SNCF tendrían “mayores problemas que ventajas”, asegura el entrevistado. La Federación asumiría la tarea directa de recaudar todos los impuestos federales que se causen en la entidad federativa, por lo que la entidad y sus municipios perderían la oportunidad de recaudar los impuestos federales y se verían limitados a obtener ingresos únicamente de la recaudación local. En consecuencia, perderían la mayoría de sus participaciones y sus ingresos se verían sustancialmente reducidos. Por otro lado, las contribuciones recaudadas por la Federación en esa entidad serían repartidas proporcionalmente entre las demás entidades que formen parte del sistema de coordinación fiscal.
El académico considera que el modelo de recaudación fiscal en México podría mejorarse si es que se le otorgara mayor protagonismo a los municipios: "la tendencia es que la Federación sea el actor principal en la actividad financiera del país, sería conveniente preferir que la actividad surja del gobierno municipal hacia el Federal, y no al revés. Los estados y municipios deberían gozar de mayor ámbito de competencia en la actividad financiera, solo así se podrá fortalecer el federalismo en México”.
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