La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, anunció una indagatoria contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto —titular del Ejecutivo en el sexenio de 2012 a 2018—, por una serie de presuntos conflictos de interés al adquirir una casa proveída por un contratista y que el gobierno actual investiga para comprobar depósitos irregulares al extranjero por 29 millones de pesos.
El caso se origina en noviembre de 2014, cuando -luego de una investigación periodística publicada en Aristegui Noticias- se da cuenta de la adquisición de la mansión en la que posa para la revista HOLA! Angélica Rivera, entonces cónyuge de Peña Nieto. La casa había sido construida por el Grupo Higa, la misma empresa que estaría encargada de construir el tren México-Querétaro. El escándalo por conflicto de interés fue bautizado como ‘la casa blanca de Peña Nieto’.
La investigación anunciada por el propio Gómez en la conferencia matutina del 7 de julio propició que el exmandatario priista se pronunciara a través de sus redes sociales, de las que había estado alejado tras dejar la presidencia en diciembre del 2018 y tras lo cual se instaló en Madrid.
“Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, respondió Peña.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y ...
— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022
El esquema investigado por la UIF, una dependencia de la Secretaría de Hacienda en México, consiste en transferencias recibidas por un familiar no especificado del expresidente, que eran posteriormente depositadas a Peña Nieto.
Bajo ese escenario, ¿qué herramientas y cuál es el presupuesto que tiene el gobierno federal para combatir la corrupción? ¿Qué mecanismos existen en la ley para ello?
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Mecanismos anticorrupción
Desde el 2018 el gobierno impulsó la creación de un Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), un mecanismo que está en línea con el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este funciona como una “bolsa” repartida en siete organismos y dependencias del gobierno que tienen como mandato combatir la corrupción.
El ATA, indica su manual, se enfoca en las instituciones que integran al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, conglomera a la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, el SESNA, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para este año, según información del presupuesto etiquetado para la ATA, se asignaron 3.532 millones de pesos (cerca de 170 millones de dólares) para las dependencias encargadas de combatir la corrupción: para el Consejo de la Judicatura Federal el 44,65 %; para la Secretaría de la Función Pública el 32,49 %; a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, 4,95 %, y a la Unidad de Inteligencia Financiera el 4,47 %.
Según el análisis de Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa, para México Evalúa, el presupuesto para la ATA del año anterior estuvo orientado a pagar recursos humanos y a servicios generales.
“Casi el 99 % del presupuesto ATA está etiquetado a servicios personales (132,7 millones de dólares destinados a salarios, compensaciones garantizadas y aportaciones a seguridad social) y servicios generales (26,1 millones de dólares para viáticos, arrendamientos, servicios de mantenimiento y telecomunicaciones)”, detallan los investigadores.
Además, el presupuesto utilizado y repartido entre las organizaciones que integran el Anexo no está focalizado en la compra o adquisición de tecnologías, inteligencia administrativa o infraestructura, coinciden Fernández y de la Rosa.
El Plan Nacional Anticorrupción tiene 40 prioridades detalladas que se distribuyen en cuatro vertientes, pero —para este año— 4 de ellas no cuentan con recursos asignados para su implementación.
La prioridad 17 consiste, según la Política Nacional Anticorrupción, en la evaluación a escala nacional de los procesos de armonización contable, así como de mecanismos que promuevan el ejercicio de los recursos públicos con criterios de austeridad y disciplina financiera y que aseguren la generación de ahorros presupuestarios.
Para ello se tendrían que capacitar a funcionarios públicos, de los que —puntualiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)— son los responsables o, mejor dicho, de quienes depende si las políticas anticorrupción funcionan dado que en ellos se concentra la mayor parte del presupuesto.
Las entidades responsables de esta ‘prioridad’ son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
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Otras prioridades de la norma
La creación de observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno-sociedad es parte de la prioridad 25, que tampoco tiene recursos para llevarse a cabo durante este año.
En tanto, las prioridades 37 y 39, para las que tampoco hay recursos, se concentran en identificar fuentes de financiamiento para el desarrollo de investigación y para la comunicación de los costos de la corrupción, así como de sus implicaciones en el país.
“(Hay) elementos para señalar que la falta de presupuesto sí mina las capacidades de la Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal Anticorrupción, de forma que no logran cumplir sus mandatos, como la falta de una Política Estatal Anticorrupción (PEA)”, puntualiza México Evalúa.
Por otra parte, en los últimos siete años, es decir, entre el 2016 el presupuesto de egresos de este año, los recursos canalizados para el funcionamiento de la política anticorrupción han disminuido en 51 %: han pasado de poco más de 349 millones de dólares a solo 171 millones de dólares.
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