Diversos funcionarios del gobierno peruano han sido señalados por vacunarse contra el COVID-19 mucho antes que el personal médico y la población de alto riesgo. La inoculación se aplicó de manera irregular y el beneficio se extendió al entorno cercano de los funcionarios: familiares, amigos y trabajadores.
El escándalo surgió esta semana, a unos meses de las elecciones presidenciales y del Congreso que se llevarán a cabo el 11 de abril.
Una lista de 487 personas se filtró en medios locales. En esta aparecen los nombres del expresidente Martín Vizcarra y su esposa, además de quien hasta hace una semana era la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la exministra de relaciones exteriores, Elizabeth Astete. De acuerdo con el presidente del Perú, Francisco Sagasti, estas personas han abusado de su influencia y están siendo investigadas por delitos contra la administración pública.
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Los funcionarios involucrados han presentado sus renuncias pidiendo disculpas a la población. Astete informó su decisión de no recibir la segunda dosis de la vacuna asegurando que era consciente del “grave error” cometido.
Por su parte, Mazzetti dijo: “Finalmente cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho”. Su declaración fue polémica ya que, tan solo un par de días antes, aseguró que ella sería la última en aplicarse la vacuna, “el capitán es el último que abandona el barco”, había dicho en el Congreso. Por las condiciones en que han dimitido, el presidente Sagasti decidió retirar el agradecimiento por sus servicios, que normalmente da el Ejecutivo cuando un miembro de su Gabinete renuncia.
Elizabeth Astete informó que había sido vacunada con un sobrante de vacunas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), una de las dos universidades en que se desarrolló la fase III del ensayo clínico para la vacuna Sinopharm. Este sobrante se refiere a un lote de 3.200 vacunas que supuestamente Sinopharm donó al Estado para que fueran utilizadas a discreción.
Sin embargo, mediante un comunicado, la embajada de China en Perú ha descartado cualquier donativo y aseguró que se trataba de un lote que era parte de los estudios clínicos.
Vizcarra: la primera pieza del dominó
Vizcarra fue removido de la presidencia por el Congreso peruano en noviembre de 2020, durante la misma época en que se desarrollaba en el país el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm. En un primer momento el expresidente aseguró que tanto él como su esposa fueron parte de los 12.000 voluntarios en la fase III del ensayo.
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La propia UPCH ha desmentido al expresidente, asegurando que nunca fue parte de su lista de voluntarios. Vizcarra, que se postula por un lugar en el Congreso, ha intentado defenderse por todos los medios: compartió un comunicado en Twitter donde resaltó la extrañeza que le causaba no estar dentro de la lista de voluntarios de la universidad y posteriormente realizó una transmisión en vivo en donde aseguró que hay intereses políticos detrás de las acusaciones en su contra. Agregó que él nunca tuvo conocimiento de dosis extras a las 12.000 que aplicaron como parte del ensayo clínico.
Interrogatorio a Málaga en el Congreso
Para el caso es importante mencionar el nombre de Germán Málaga, el doctor al frente de las investigaciones de la UPCH y a quien se le ha atribuído la toma de decisiones sobre el lote de vacunas del conflicto.
En días pasados compareció ante el Congreso para explicar la selección de los candidatos que participaron en el ensayo. Resaltó la llegada de 3.200 vacunas activas destinadas para el personal que trabajaba en la investigación, “así de amplio era el protocolo y no se llevaba un registro”, agregó. Esto ha sido cuestionado, pues el equipo de investigación no suele participar en los testeos, sino que aplican la inoculación a los voluntarios.
Málaga hizo una puntual distinción de las 3.200 dosis activas y de las 12.000 que se dispusieron para los inscritos en el ensayo. Estas últimas estaban comprendidas por vacunas activas y por placebos. Ante el Congreso apuntó que ni él ni su equipo decidían quienes se vacunaban con las dosis activas y que más bien eran los funcionarios de enlace en el Ministerio de Salud y en Cancillería quienes les llevaban o enviaban al personal que estaba involucrado en el ensayo clínico y el equipo del doctor “de buena fe” procedía a vacunarlos. De ahí que en la lista de 487 personas aparezcan diversos nombres bajo la clasificación de invitados, relacionado o consultor.
Málaga ratificó que ni Vizcarra ni su esposa formaron parte del ensayo para la vacuna Sinopharm. Más bien el expresidente le solicitó que llevara dos vacunas de las 3.200 dosis activas a su despacho donde se le aplicaron a él y a su esposa el pasado 1 de octubre. Vizcarra, además, solicitó posteriormente una dosis para su hermano, César Vizcarra. Málaga aseguró que su actuar fue sin ningún interés político y que en su momento no midió la magnitud de las consecuencias.
Otro nombre de la lista que resalta es el de Cesár Loo Cárdenas, dueño de un importante restaurante en Lima. Durante su comparecencia ante el Congreso, el doctor justificó la inoculación del empresario Loo al decir que era natural ya que era el proveedor de alimentos para la delegación china y su interacción con ellos era constante.
Otros beneficiarios de las dosis activas fueron el propio Málaga y su hija. Su justificación en este caso fue: “Yo trabajo en primera línea, lo que menos hubiese querido era contagiar y, además, hay temas familiares y personales, queríamos ver a los abuelos”. Medios locales informaron que antes de recibir la primera dosis, su hija de 22 años llegó de España y días después de ser vacunada viajó a Holanda.
Se suma a estos la abogada Cecilia Blume, quién es más conocida por su profesión como lobista en Perú. Su nombre aparece en la lista bajo el rubro de invitada.
También se ha mencionado a Nicola Girasoli, nuncio apostólico de la UPCH que dijo haberse vacunado “por ser consultor en temas éticos para la Universidad”. En la lista también estaban el esposo de una congresista, el chofer de la exministra Mazetti, entre otros.
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Las consecuencias penales
Sagasti afirmó que se realizará una investigación de fondo para sancionar a todos los responsables. Desde el Ejecutivo se ha formado una comisión investigadora presidida por el exministro de salud, Fernando Carbone.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar en contra de Martín Vizcarra y los que resulten responsables por la comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y concusión.
Explicado por Diego Alonso Abeo Sabogal, socio en Estudio Olaechea, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo sanciona a los funcionarios o servidores públicos que indebidamente, en forma directa o indirecta, se interesan en cualquier contrato u operación para tener un beneficio propio o de un tercero.
Según Abeo Sabogal, de corroborarse, los hechos denunciados configurarían el delito de negociación incompatible, cuya pena oscila entre 4 a 6 años de cárcel.
En cuanto al delito de concusión investigado por la Fiscalía de la Nación, el abogado refiere que este delito se configura cuando un funcionario público, que abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para él o para otro un beneficio patrimonial.
"En este caso se tiene que corroborar que Martín Vizcarra se aprovechó de su condición de Presidente de la República para efectos de obligar o inducir al personal encargado de los ensayos clínicos, a que lo vacunen conjuntamente con alguno de sus familiares. Aquí, los funcionarios o servidores públicos involucrados podrían enfrentar una pena de dos a ocho años de prisión por el delito de concusión".
En la opinión del experto, también se podría ampliar la investigación penal por el delito de colusión, el cual deberá corroborarse mediante indicios suficientes que comprueben que tanto Vizcarra y Pilar Mazzetti se coludieron con los representantes de Sinopharm, a efectos de defraudar al Estado peruano, acordando descartar, injustificadamente, otras ofertas de vacunación.
El socio de Olaechea menciona que, además, se podría hablar de peculado por extensión, responsabilidad que tendrían Germán Málaga, al ser encargado de la administración y la custodia de las vacunas de Sinopharm. "Sin embargo, las habría utilizado para favorecer a familiares y terceros, fuera del marco regulatorio".
Al ser consultado sobre el grado de responsabilidad que se le debe atribuir a las más de 400 personas que fueron vacunadas, Abeo Sabogal precisó que en la lista hay que separar a quienes hicieron un ejercicio abusivo de su posición, y que además incurren en graves faltas éticas y delitos penales, de los médicos y voluntarios que sí formaron parte de los ensayos clínicos.
De los 38 millones de vacunas que pactó Sinopharm con el Gobierno peruano solo ha llegado un millón al país. De acuerdo con Sabogal, de acreditarse la complicidad de la farmacéutica mediante alguno de sus representantes, se pondría en riesgo los 37 millones de vacunas restantes, pero para ello debe verificarse previamente las condiciones en las que se celebró el contrato.
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