
Con el voto de tres de cinco magistrados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la apelación y ratificó la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por el llamado caso Vialidad. Aunque la condenada podrá acogerse al beneficio de casa por cárcel considerando su edad (72 años), debe presentarse en cinco días hábiles ante el Tribunal Oral Federal 2 para ser detenida y luego alojada en una dependencia de la fuerza de seguridad federal.
Además, Fernández de Kirchner fue inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos, decisión que deja a la ex mandataria sin posibilidad de participar como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en las elecciones parlamentarias a celebrarse el próximo mes de septiembre. La condena incluye el decomiso de 70,7 millones de dólares (84.000 millones de pesos al 10 de junio) usados discrecionalmente durante su gestión causando daños a la Administración Pública Nacional.
“Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación (art. 174, último párrafo, del Código Penal, texto según ley 25.602)”, señala el fallo.
En medio de protestas y cortes viales en respaldo de Fernández de Kirchner y contra la inminente decisión del máximo tribunal argentino, como se rumoraba en los últimos días, los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron la sentencia de la Cámara de Casación, de 2023, que ratificó a su vez la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) de 2022.
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Los adeptos de Fernández de Kirchner también se reunieron en Buenos Aires, a las afueras del Partido Justicialista, fundado por Perón y del que es presidenta. Se trata del principal partido opositor al gobierno de Milei.
Y mientras el presidente Javier Milei celebraba el funcionamiento de la República tras el fallo, Sergio Massa, exministro de Economía y contendor del actual mandatario en las últimas elecciones, junto a Frente Renovador, de inspiración peronista y del que es fundador, cuestionaba lo que llamó "judicialización de la política", haciendo referencia a investigaciones incompletas con instrumentos probatorios inconclusos.
La Fiscalía había solicitado duplicar la pena de cárcel para llevarla a 12 años y agregar el delito de asociación ilícita, pero el CSJN no lo consideró en su fallo.
La causa Vialidad
Cristina Fernández de Kirchner gobernó Argentina entre 2007 y 2015 y ejerció como vicepresidenta entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández.
A la mandataria se le acusa de usar un testaferro, el empresario Lázaro Báez, para otorgar contratos millonarios para la construcción de grandes obras públicas, especialmente viales, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina, que Néstor Kirchner gobernó entre 1991 y 2003.
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En 2022, justo antes de que Kirchner asumiera la presidencia, fue creada la empresa Austral Construcciones, a la que le fueron adjudicadas 51 obras, la mayoría de ellas (79 %) en la citada provincia, además con un alto grado de incumplimiento, pues la mitad de estas no se terminó, de acuerdo con información divulgada por medios.
Por el nombre de la empresa la causa también ha sido denominada caso Grupo Austral, además de causa Vialidad. La compañía está en proceso de liquidación luego de que se declarara en quiebra en 2018. Mientras sus bienes han sido rematados para pagar deudas, entre ellas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco de la Nación.
Acciones internacionales
Mientras recibe apoyo desde organizaciones como el Grupo de Puebla, del que son parte los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil) y Ernesto Samper (Colombia), entre otros, Cristina Fernández de Kirchner anunció a través uno de sus defensores, el abogado Gregorio Dalbón, que ejercerá acciones en instancias internacionales contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Convencido de que su defendida no cometió delito alguno, el jurista denunció que la sentencia fue "escrita de antemano" y dijo que la proscripción política deja clara la "venganza del poder".
En su opinión, esta es una de las decisiones más graves y vergonzosas desde el retorno de la democracia en 1983. La defensa de la exmandataria buscará demostrar que se violaron derechos fundamentales establecidos en tratados internacionales suscritos por Argentina.
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