Ecuador, como el resto de Latinoamérica, está sufriendo los estragos de la crisis económica y de salud derivadas de la pandemia. Esta crisis se acentúa por el legado de corrupción de administraciones pasadas. Aunque en los últimos años se ha observado una mejora, de acuerdo con datos de la organización Transparencia Internacional, encargada de medir el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Ecuador ocupa el lugar 92 de 180 países que participaron en la medición durante 2020.
El escenario político en Ecuador podría cambiar drásticamente dependiendo del candidato que resulte electo para la presidencia el próximo 11 de abril. Hasta ahora la incertidumbre continúa sobre el segundo candidato que participará en la siguiente vuelta electoral. La disputa se concentra entre Guillermo Lasso, banquero de derecha, y Yaku Pérez, un activista y abogado que representa al indigenado de Ecuador. En días recientes, ambos acordaron revisar las actas en ciertas provincias con el fin de cerciorarse de los resultados. La única provincia en la que se hará el recuento al 100 % será Guayas, en la que venció Lasso.
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El abogado Agustín Acosta, socio del estudio Paz Horowitz, refiere que la mejora en la percepción de la corrupción en el país se explica con el avance en el llamado caso “arroz verde”. Durante este proceso se sentenció al expresidente Rafael Correa, a miembros de su Gabinete y a empresarios por el delito de cohecho. Se les acusó de recibir sobornos durante la campaña para la presidencia del periodo 2012-2016 con el propósito de adjudicar contratos de obras públicas y obtener ciertos beneficios.
Aunque el actual presidente, Lenín Moreno, impulsó la creación de la Comisión de Expertos Internacionales para la Lucha contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce) en 2019 a la fecha no se han iniciado acciones concretas. De hecho, expertos y comisionados convocados por el Gobierno ecuatoriano ahora demandan el pago de su salario, adeudado desde su llegada al país, y un reembolso de las inversiones que han hecho para iniciar el proyecto anticorrupción.
Diferencias entre Arauz, Pérez y Lasso
El contraste entre las propuestas de campaña de cada candidato en temas anticorrupción es notable. Por un lado está Andrés Arauz, quien obtuvo 32,71 % de los votos durante la primera vuelta electoral. Aunque este porcentaje representa la mayoría, no fue suficiente para evitar una segunda vuelta. De acuerdo con la norma electoral, es necesario obtener 40 % de los votos o que la diferencia porcentual con el siguiente candidato sea de 10 puntos.
Durante su campaña mencionó que de llegar a la presidencia revisará las sentencias por las que se condenó al expresidente Correa y a los entonces ministros del Gabinete que cumplen su condena. Su propuesta no sorprende, ya que es bien conocido que Arauz es el protegido de Correa.
Al respecto, Agustín Acosta destaca que debido a la independencia de poderes que existe en Ecuador, la facultad del presidente consiste no en revisar las sentencias judiciales sino más bien en conceder un indulto. Es decir, la culpabilidad no desaparece, más bien se le exime de cumplir la sentencia.
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Un indulto permitiría a Correa dejar de ser prófugo de la justicia y, probablemente, la libertad para los miembros de su Gabinete, quienes ya cumplen condena.
El abogado también destaca que dentro de las 11 páginas que comprende el plan de gobierno de Andrés Arauz la palabra corrupción aparece solo un par de veces. “Una haciendo una mención general de que existe corrupción sistemática en el gobierno y otra diciendo que tienen que luchar contra la corrupción. No existe ningún plan específico para esta lucha”.
Por su parte, Guillermo Lasso obtuvo 19,74 % de los votos durante la primera vuelta y su porcentaje será revisado junto con el de Yaku Pérez, quien obtuvo 19,38 % de los votos.
La propuesta de gobierno de Lasso consta de más de 80 páginas. Sobre esto, Acosta señala que dentro de este plan de trabajo se detallan las acciones y los planes a seguir en temas anticorrupción. “De hecho, tiene todo un capítulo dedicado al combate contra la corrupción, en donde busca promover cero tolerancia hacia las malas prácticas mediante capacitaciones a los funcionarios públicos”.
Por ejemplo, propone transformar digitalmente al Poder Judicial, el sector salud y educativo. El candidato promete, además, que para 2025 todos los trámites del sector público podrán hacerse en línea. Afirma que esto reducirá el costo, el tiempo y, sobre todo, la corrupción. Además, propone una serie reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público para terminar con el testaferrismo en las instituciones públicas.
El activista indígena Yaku Pérez ocupa el tercer lugar en los resultados electorales y, aunque es reconocido por sus propuestas ambientalistas, en temas anticorrupción tiene dos propuestas centrales: la primera es reformar la Ley de Contratación Pública para evitar la adjudicación de contratos a los amigos o allegados de los gobernantes o funcionarios públicos. La segunda es garantizar la independencia judicial, para que los jueces tengan autonomía para juzgar y sentenciar sin temor a represalias.
Aunque Yaku Pérez y Arauz pertenecen a partidos de izquierda, sus posturas respecto al expresidente Correa son completamente distintas. “Yaku de ninguna manera se va a alinear a la posición que tiene el candidato Arauz”, comenta Acosta. Cabe recordar que durante el gobierno de Correa, Yaku fue detenido al participar en una manifestación en contra de la explotación de minas al norte del país y su pareja fue deportada.
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