El bufete colombiano Lloreda Camacho & Co promovió a socios a Ángela Salazar, Carlos Carvajal, Daniel Cardona y Daniel Cadena, todos con amplia trayectoria dentro del despacho, donde se desempeñaban como directores asociados. Con ellos, Lloreda Camacho pasa a tener 12 socios.
Ángela Salazar
Es abogada con estudios de Derecho Ambiental en la Universidad del Rosario y de Derecho Comunitario en Université Paris II Pantheon-Assas y en la Universidad del Rosario. Fue abogada en Rodríguez Villamizar, abogada asociada a la oficina de un expresidente del Consejo de Estado colombiano así como en la Misión de Colombia ante la ONU en Ginebra y en el Consejo de Estado.
Salazar se especializa en minería y recursos naturales y es parte de la firma desde 2009. En esta representa a empresas del sector minero de todos los tamaños. Considera que este nombramiento es un voto de confianza después de varios años de crecimiento y aprendizaje en la firma.
Comentó que después de las decisiones bastante perjudiciales de la Corte Constitucional de Colombia durante 2015 y 2017 hacia el sector minero, la tendencia comenzó a cambiar en 2019 y cree que hoy el panorama actual se muestra bastante favorable, a lo que agrega que la Agencia Nacional de Minería haya mejorado de manera sustancial sus tiempos de respuesta y ha avanzado como nunca antes en el proceso de otorgamiento de contratos de concesión. Sin embargo, estima que las elecciones presidenciales serán claves en el desarrollo futuro de la industria.
“Los dos últimos años hemos notado un renovado interés inversionista en la actividad minera en Colombia, que se ve reflejado en la llegada de nuevos actores al país y en la existencia de transacciones cada vez más importantes para el sector, en las cuales hemos tenido el privilegio de estar involucrados de alguna u otra forma”, expresó en declaraciones a LexLatin.
Si bien la actividad minera está regulada por el Código de Minas y algunos decretos reglamentarios y disposiciones de los planes nacionales de desarrollo, Salazar señaló que el sector espera desde hace tiempo leyes que regulen asuntos tales como la consulta previa, la forma de hacer aplicable los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en lo que ha estado trabajando la agencia, y que exista una delimitación definitiva de algunos paramos del país. El lanzamiento reciente de las rondas sobre áreas estratégicas mineras es consecuencia de los cambios que se han hecho en materia regulatoria para atraer inversión extranjera y reactivar la actividad exploratoria en el país.
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Según Salazar, a diferencia de Chile, Perú y México, Colombia no es un país minero, pero tiene un “enorme potencia mineral” para ser desarrollado. La clave del éxito estará en el buen manejo de las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos y de las relaciones con las autoridades locales, apoyados siempre en el respeto, y en el mutuo beneficio.
Carlos Carvajal
Carvajal es líder de las prácticas de contratación estatal, infraestructura y derecho inmobiliario, que la firma ha venido consolidando. “El desafío será continuar con el crecimiento sostenido del área de práctica, y aumentar su participación en el mercado no solo en lo referente a la estructuración y ejecución de los proyectos, sino también en la financiación de los mismos”, manifestó.
En relación con el área de infraestructura, espera que en época pospandemia los gobiernos nacional y locales, independientemente de sus ideologías, continuarán con el desarrollo de programas de inversión que generen empleos y mejoren la demanda agregada para generar crecimiento económico.
Para el socio, quien se incorporó a Lloreda Camacho en 2010, el acompañamiento legal en materia de infraestructura no se limita al conocimiento profundo de la regulación, sino que también implica el reto de acompañar a los clientes en la selección de proyectos de interés, bajo el rol de un asesor legal que pueda comprender de manera integral los aspectos técnicos financieros y comerciales de los los mismos, de tal manera que, incluso, pueda servir de enlace para que los clientes puedan acceder a diferentes tipos de aliados para la estructuración y ejecución de proyectos.
Sobre cambios normativos que se han producido en sus áreas de práctica, comento que particularmente en lo que tiene que ver con los proyectos de asociación público-privada, de iniciativa privada, recientemente se presentaron cambios que podrían desincentivar la inversión en la estructuración de estos.
De allí que cree que este tema debe ser revisado con cuidado dada la importancia que tiene la inversión privada en materia de infraestructura, advirtiendo que la regulación deberá generar incentivos no solamente para que se desarrollen inversiones en proyectos convencionales de infraestructura, sino que debe promover la materialización de inversiones en sectores sociales como es el caso de la salud y la educación, y en los sectores ambientales.
Considera que Colombia ha estado a la vanguardia en Latinoamérica, en el desarrollo de la industria de la infraestructura y su regulación. “Teniendo en cuenta el crecimiento sostenido que ha tenido la economía colombiana en los últimos años, solo interrumpido por la pandemia y, adicionalmente, que Colombia es una jurisdicción que ha garantizado los derechos de sus inversionistas brindándoles estabilidad jurídica, es claro el potencial que tiene el país para continuar recibiendo inversión local y extranjera para el desarrollo de todo tipo de negocios”, expresó.
Carvajal también ha hecho carrera en el sector público y ha trabajado en otros despachos legales. Además de abogado por la Pontificia Universidad Javeriana, es economista por la Universidad Nacional de Colombia y tiene una Maestría en Ciencias Económicas por esta casa de estudios.
Daniel Cardona
Se desempeña en el área de ciencias de la vida, que -asegura- esté en auge, en atención a que existen constantes cambios regulatorios en particular en materia de fármacos, donde el mayor desafío está en que ayuden a las personas del común tengan un mejor acceso a distintas terapias de medicamentos, así como a las nuevas tecnologías en salud.
El socio también ingresó al bufete en 2010, proveniente del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), agencia regulatoria colombiana. Considera que el trabajo constante, integral y enfocado al detalle son las claves del crecimiento de la práctica, como consecuencia del empuje que ha tenido la actividad farmacéutica, y ha llevado a la firma a ser reconocida como un referente en Colombia de los temas regulatorios.
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En esta materia, comentó que en este momento existen distintos proyectos de modificación de normas, por ejemplo en regulación sanitaria de medicamentos, el Decreto 677 de 1995, que establece el régimen de registros sanitarios, en observación por parte del Ministerio de Salud. Tanto como la industria farmacéutica, el sector legal espera que este proyecto incentive el acceso a nuevas tecnologías y eleve el estándar técnico en cuanto a trámites y al reforzamiento de las autoridades sanitarias como lo es el INVIMA en Colombia.
En relación con este mercado, comentó que la industria farmacéutica se encuentra en constante evolución y ha acelerado algunos procesos producto de la pandemia, especialmente orientados al tratamiento de enfermedades crónicas y al acceso a la mayor cantidad de personas.
Es especialista en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Javeriana.
Dario Cadena
Es abogado del área de competencia y derecho del consumidor del estudio, al que llegó en 2014 como asociado sénior. En 2018 fue promovido a director asociado.
Cree que el crecimiento de la economía en el último año es una muy buena noticia que, desde el punto de vista de su área de práctica, puede redundar en oportunidades para las empresas y nuevas operaciones de concentración empresarial sujetas al control de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Parte del empuje del área de práctica se explica -de acuerdo con él- por las necesidades de los clientes y los nuevos retos que ha traído el crecimiento de la economía digital frente a las normas en materia de competencia y del consumidor.
No obstante, la coyuntura de la pandemia llevó a la adopción de nuevas normas para el seguimiento de precios de productos esenciales, que -dijo- despertaron muchas preguntas sobre el manejo de precios en un escenario de aumento de costos logísticos y de tasa de cambio.
Explicó que en el tapete también está el régimen de control de precios de medicamentos, un tema muy relevante en el que se han incorporado las propuestas de nuevos modelos de contratación basados en resultados en salud, que seguramente requerirán ajustes en la regulación para que puedan tener los resultados esperados y que, en su opinión, pueden ser muy beneficiosos porque mejorarán las posibilidades de acceso a tecnologías en salud para toda la población.
Su práctica atiende a clientes que participan en diversos mercados, pero que en el último año han enfrentado el reto de la migración a modelos de comercialización en línea cuando que tenían un modelo de atención personal. Las implicaciones de ese cambio de cara a las normas de protección de la competencia y de consumidor se ha convertido en un desafío.
Cadena dijo que, en materia de protección de la competencia, Colombia ha recorrido un camino importante. “Nuestra autoridad de competencia tiene experiencia y una infraestructura sólida, lo que ha llevado al desarrollo de una cultura de cumplimiento en todas las empresas, no sólo en las compañías multinacionales”, comentó.
Carvajal trabajó antes como asociado sénior en Wiesner & Asociados y en Palacios Lleras.
Graduado en la Universidad de los Andes, tiene una Maestría en Derecho por University of California. Además, está facultado para ejercer en el estado de Nueva York.
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