04/09/2026
Una empresa puede tener un contrato de tercerización correctamente firmado y, aun así, enfrentar una reclamación laboral. En Colombia, las nuevas reglas ponen el foco en lo que ocurre después de la firma. Cómo se organiza el trabajo, quién dirige a los trabajadores y qué tan independiente es realmente el proveedor son algunas de las preguntas que pueden determinar la naturaleza de la relación.
El Decreto 581 de 2026 fija nuevos criterios para determinar cuándo una relación comercial puede encubrir un vínculo laboral, mientras que el Decreto 720 de 2026 amplía las herramientas con las que las autoridades pueden actuar durante sus labores de inspección, vigilancia y control.
El cambio trasciende el mercado colombiano. Para las compañías que operan en distintos países de América Latina y recurren a proveedores, contratistas o empresas de servicios temporales, lo que ocurre en Colombia puede ofrecer una referencia sobre el rumbo que está tomando la fiscalización de estos esquemas.
El primer impacto, dice Mauricio Montealegre, socio de Pérez-Llorca Colombia, está en la presunción de existencia de un contrato de trabajo cuando se tercerizan actividades permanentes, es decir, ligadas al objeto social o al giro ordinario del negocio. Esto eleva la exposición de las compañías a reclamaciones y cambia la carga probatoria que deben asumir.
"En este sentido, se puede afirmar que el Decreto crea una presunción que no existía en la Ley, sumando una carga de la prueba del contratante beneficiario del servicio, quien deberá tomar todos los ajustes documentales y las medidas prácticas para evitar que se configure un contrato de trabajo. Por supuesto, esto supone un mayor cuidado en las interacciones propias de la actividad contratada, y una necesidad de reforzar el clausulado de los contratos que soporta la tercerización", explica.
Cuatro cambios que endurecen la tercerización
La presunción reforzada de laboralidad es uno de los principales cambios del Decreto 581. Cuando una empresa terceriza actividades que forman parte de su giro ordinario, se presume que existe un contrato de trabajo entre la compañía y quienes las ejecutan. La presunción admite prueba en contrario, pero invierte la carga; es la empresa la que debe demostrar que no hay subordinación.
Ana María Valdivieso, socia de Serrano Martínez CMA, observa que recoge y convierte en reglas aplicables por la inspección laboral estándares que la Corte Suprema de Justicia venía desarrollando desde hace una década. La tercerización y la intermediación laboral siguen siendo legales, pero las empresas tendrán que acreditar que sus esquemas son genuinos.
“Tanto la tercerización (contratar a otra empresa para que ejecute un servicio o se encargue de parte de un proceso de negocio con sus propios empleados, dirección y recursos) como la intermediación laboral (el uso de empresas de servicios temporales o EST para cubrir necesidades genuinamente temporales) siguen siendo legales. Sin embargo, ya no hay margen para la informalidad. Las empresas tienen que poder demostrar, con hechos y no solo con documentos, que sus esquemas son genuinos”, subraya.
En esa misma línea, Valdivieso identifica cuatro puntos centrales:
- Presunción reforzada de laboralidad. Si se tercerizan actividades permanentes, se presume la existencia de un vínculo laboral con los trabajadores que las ejecutan. La empresa deberá demostrar que no existe subordinación.
- Nuevos indicios de subordinación. El decreto establece una lista amplia para determinar si la relación es comercial o encubre un vínculo laboral. Algunos se refieren a la falta de organización propia del contratista y otros a las órdenes que recibe el trabajador de la empresa beneficiaria. Estos elementos deben analizarse en conjunto, aunque algunos podrían aparecer en relaciones comerciales legítimas, como el uso de un correo corporativo por razones de seguridad informática.
- Mayores facultades de inspección. Los inspectores del Ministerio de Trabajo podrán ordenar la formalización laboral, la regularización de condiciones laborales y de seguridad social, la suspensión o terminación de contratos comerciales, planes de cumplimiento e incluso la suspensión temporal de actividades.
- Sanciones más severas. Las multas pueden llegar a 5.000 salarios mínimos, más de USD 1 millón, con un incremento de 50% por reincidencia. También se contempla la suspensión de actividades hasta por seis meses, la revocatoria de la licencia de una empresa de servicios temporales en casos graves y responsabilidad solidaria entre la empresa contratante y la prestadora.
El decreto también aprieta los límites a la intermediación laboral. El uso de empresas de servicios temporales queda restringido a las necesidades temporales y excepcionales, y se prohíbe rotar entre distintas EST para cubrir de forma indefinida un mismo servicio. Si se superan esos límites, la empresa beneficiaria puede terminar siendo considerada la verdadera empleadora.
Para las compañías, el cambio obliga a revisar no solo los contratos, sino la forma en que se ejecutan las relaciones con terceros. La autonomía del contratista y la ausencia de subordinación tienen que poder acreditarse en la práctica, no solo en el papel.
Autonomía del contratista
El decreto trae un catálogo de indicios para determinar si el contratista funciona como una organización independiente o si la relación esconde una subordinación frente a la empresa beneficiaria. Los criterios tocan infraestructura, capacidad financiera, autonomía administrativa y técnica, asunción de riesgos y estructura productiva.
Isabella Gandini, socia de Laboral de Cuatrecasas-Bogotá, destaca que el nuevo marco fija criterios mucho más detallados para separar la tercerización legítima de la que encubre una relación laboral directa. El contratista debe comportarse como un verdadero empresario independiente y asumir los riesgos de la actividad que le fue encomendada.
“La norma establece criterios mucho más detallados para distinguir entre la tercerización legítima y la ilegal, partiendo de la premisa de que la contratación con terceros solo será válida cuando el contratista actúe como un verdadero empresario independiente, con estructura productiva propia, autonomía técnica, administrativa y financiera, y asumiendo los riesgos de la actividad contratada. De esta forma, el decreto busca fortalecer los mecanismos de inspección y control frente a esquemas que, aunque formalmente se estructuran como contratos comerciales o civiles, en la práctica encubren relaciones laborales directa”, sostiene Gandini.
El análisis se traslada a la operación diaria: importa quién organiza el trabajo, quién administra al personal, quién toma las decisiones sobre la ejecución del servicio. Tener un contrato comercial no basta para descartar una relación laboral si la realidad muestra otra cosa.
Montealegre advierte que los 26 indicios fijados por la norma se agrupan en dos vertientes: la falta de estructura propia del contratista y la subordinación directa de sus trabajadores. Aunque la evaluación exige una mirada integral, la norma no establece un criterio de ponderación claro, lo que deja la decisión final sujeta al margen de interpretación del inspector de trabajo.
Servicios temporales
El uso de empresas de servicios temporales (EST) sigue permitido, pero debe responder a necesidades genuinamente temporales, como reemplazos, labores ocasionales o incrementos puntuales de producción. El decreto pone límites para evitar que esta figura se use para cubrir necesidades permanentes.
El riesgo crece cuando una compañía mantiene indefinidamente la misma función mediante renovaciones sucesivas, o cuando cambia de EST solo para seguir cubriendo la misma necesidad. En esos casos, el esquema puede calificar como intermediación laboral ilegal, y la empresa usuaria terminar siendo la verdadera empleadora.
Valdivieso recomienda a las empresas documentar desde el inicio la causa específica que justifica la contratación, y controlar tanto la duración como la naturaleza de la necesidad. La revisión debería cubrir no solo el contrato con la EST, sino la evolución real de la función que cumplen los trabajadores en misión, porque sustituir un proveedor por otro no elimina la contingencia si la necesidad de fondo sigue siendo la misma.
Este control adquiere especial relevancia en organizaciones que utilizan personal temporal de manera recurrente. La sustitución de un proveedor por otro no elimina necesariamente la contingencia si la necesidad empresarial que se pretende atender permanece sin cambios.
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Mayor fiscalización
El nuevo marco amplía además el alcance de las medidas frente a esquemas irregulares, entre ellas la formalización laboral, la regularización de obligaciones de seguridad social, los planes de cumplimiento y, en ciertos casos, la suspensión de actividades.
El Decreto 720 de 2026 complementa este escenario con reglas para las medidas preventivas dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control. El riesgo para las empresas, entonces, no se limita al resultado final de un proceso sancionatorio; puede aparecer ya durante la fiscalización misma.
Gandini sugiere que las compañías se anticipen con diagnósticos de riesgo que identifiquen qué actividades están tercerizadas, qué relación tienen con el giro ordinario del negocio y qué elementos podrían poner en duda la independencia del proveedor. También recomienda que los recursos humanos, compras, contratación y el área legal participen en revisiones periódicas conjuntas.
Prepararse antes que llegue la autoridad
Para Montealegre, el nuevo escenario obliga a las empresas a construir con anticipación un expediente que demuestre la autonomía del contratista, una evidencia que debe existir antes de cualquier visita de la autoridad y ser coherente con cómo funciona realmente el servicio.
“Un buen contrato es la mejor herramienta. Un buen expediente se convierte en una gran arma de defensa”, enfatiza.
Esa preparación pasa por revisar periódicamente las relaciones con terceros y corregir prácticas que puedan dar una apariencia de subordinación. Valdivieso añade otra recomendación que consiste en mantener un archivo de cumplimiento que documente las razones técnicas y productivas de cada externalización, junto con la autonomía y el cumplimiento laboral del contratista.
El costo de una estructura cuestionada no es menor. El Decreto 581 contempla multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de medidas adicionales en ciertos supuestos, y fija consecuencias específicas para las empresas de servicios temporales.
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Impacto regional
El nuevo marco no significa el fin de la tercerización en Colombia. Las empresas pueden seguir usando contratistas y EST dentro de las condiciones que fija la ley: lo que cambia es el nivel de evidencia que deben reunir para probar que esas estructuras responden a relaciones comerciales o temporales genuinas.
Para las compañías con operaciones en varios países, la tercerización puede generar riesgos legales, contractuales y operativos que deben evaluarse de manera conjunta. De hecho, el caso colombiano muestra una tendencia que podría ser relevante para otros mercados de la región.
Cada vez cobra más importancia revisar cómo se desarrolla en la práctica la relación con el proveedor y no solo lo que establece el contrato. La autonomía con la que actúa el tercero, la forma en que se toman y documentan las decisiones y la correspondencia entre los acuerdos y la operación pueden ser determinantes para evitar futuras contingencias.
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