14/10/2025
En medio de los desajustes que la política arancelaria aplicada por Donald Trump ha provocado, la economía de Estados Unidos afronta una nueva eventualidad: el cierre del gobierno, un conflicto político hasta cierto punto habitual, pero que en esta oportunidad adquiere matices muy particulares que amenazan con profundizar sus efectos en la economía doméstica de millones de estadounidenses.
Sin visos de una inminente solución, demócratas y republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo que permita resolver las insolvencias del gobierno federal, que, en el presente año fiscal, terminado el 30 de septiembre, gastó 1,9 billones de dólares más de lo que recaudó, causando la actual coyuntura que mantiene semiparalizada la administración pública del país.
Aunque de momento el shutdown 2025 no ha tenido efecto alguno en el mercado bursátil, una prolongación del conflicto por más de dos semanas sí podría tener consecuencias en la bolsa, ante la incertidumbre sobre datos macroeconómicos de suma importancia para que la Reserva Federal (FED) tome una decisión sobre un posible nuevo recorte de las tasas.
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Lo que se ha visto
Despidos de personal, retrasos y suspensiones de vuelos, cierre de museos y parques nacionales, atascos en los puestos fronterizos terrestres, así como amenazas de suspensión en programas asistenciales y educativos, son algunas de las consecuencias que hasta ahora ha traído el actual cierre, que ya cumplió su segunda semana y podría extenderse hasta finales de mes, según algunos analistas y voceros partidistas.
Una de las mayores preocupaciones en Washington, el pago del salario a más de 1,3 millones de militares, fue disipada cuando, antes de su viaje a Israel, Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizar todos los fondos disponibles para investigaciones a “pagar a nuestras tropas" el 15 de octubre, con lo cual se evitó que, por primera vez en la historia, los uniformados quedaran sin sueldo.
La situación con los militares era particularmente delicada, en virtud de que las fuerzas armadas de EE. UU. mantienen varios flancos abiertos, entre ellos el establecido frente a las costas venezolanas, que tiene como objetivo, según ha detallado el Ejecutivo, frenar el tráfico de drogas destinadas a su país.
El cierre ya ha comenzado a mostrar sus perversos efectos, toda vez que el mismo presidente de la nación ha dicho que no está garantizado el pago de los salarios caídos durante la paralización, tal como lo establece el Government Employee Fair Treatment Act, una ley federal firmada por Trump tras el histórico cierre de 2019, según la cual los empleados suspendidos tienen derecho al retroactivo.
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¿Qué es el cierre federal?
Si bien no se trata de una situación común, el cierre del gobierno no es algo inusual en EE. UU. De hecho, desde 1981, el gobierno de Estados Unidos ha cerrado por los menos 15 veces, algunas de ellas solo por unas horas. El caso más emblemático fue el ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, justo en el primer gobierno de Donald Trump, que se prolongó por 35 días, el más extenso de los últimos 40 años y uno de los tres que enfrentó el republicano durante su primera gestión.
Pero, ¿por qué ocurre? El cierre del gobierno se da cuando no hay fondos para cubrir el funcionamiento de la administración federal, ello debido a desacuerdos entre las facciones partidistas en el Congreso para conceder fondos extraordinarios que permitan subsanar la insolvencia.
El cierre finaliza cuando, tras un acuerdo partidista, se aprueba un presupuesto de transición, lo cual requiere al menos 60 de los 100 votos del Senado. Actualmente, los republicanos cuentan con mayoría simple de 53 escaños, por lo que necesariamente requieren del voto demócrata.
El cierre puede ser parcial, cuando algunas dependencias cuentan con recursos para mantener sus operaciones, o total, que sucede cuando no existen fondos para los pagos en ningún despacho, como ocurre actualmente.
En cualquiera de los casos, servicios esenciales como la salud, educación, tráfico aéreo y seguridad nacional, entre otros, siguen operando, pero con limitaciones, bajo la figura del 'furloughed' (empleados obligados, en inglés), quienes trabajan sin cobrar.
De acuerdo con cálculos de la Oficina Presupuestaria del Congreso, una entidad imparcial, el cierre de este año costará a los contribuyentes unos 400 millones de dólares al día, lo que significa que en dos semanas de paralización asciende a unos 5.600 millones de dólares.
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Los puntos de desacuerdo
Tal como ocurrió en 2018, el actual cierre tiene como punto de partida una promesa de campaña de Trump. En aquella oportunidad, el cierre se dio por desacuerdos relacionados con la construcción del muro fronterizo con México.
En esta oportunidad, la piedra de tranca que mantiene paralizada la administración federal se relaciona con la promesa de reducir la burocracia estatal y el presupuesto del gobierno, lo cual pasa por una importante reforma de la política sanitaria, desarrollada por los demócratas.
Los republicanos piden extender hasta finales de noviembre los niveles actuales de gasto, satisfechos de los recortes hechos desde la Oficina Oval, sin necesidad de solicitar anuencia ni ayuda del Congreso, una práctica que los demócratas exigen que termine, pues ello pone en entredicho la función legislativa de regular las actuaciones del Ejecutivo.
El bando demócrata exige, además, revertir los recortes planteados en la One Big Beautiful Bill Act, que afectan directamente el subsidio a la atención médica de quienes contratan seguros a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), popularmente conocido como el ‘Obamacare’, implementado por Barack Obama como ayuda a los más pobres y cuyos subsidios finalizan en diciembre próximo sin que Trump tenga previsto reanudarlos.
El bando demócrata también pide revertir los recortes al servicio de atención médica a inmigrantes y población de menores recursos del programa Medicaid.
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Arma de doble filo
Ante la falta de acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, señaló que el cierre podría prolongarse por mucho tiempo, asegurando que “no negociarán” con los demócratas en lo que respecta a los recortes.
Para elevar la presión sobre los demócratas y aprovechando la coyuntura del cierre, desde la semana pasada comenzaron a materializarse despidos entre los más de 750.000 trabajadores actualmente cesantes, una ventana que el mismo Trump aseguró que utilizará para llevar adelante su plan de recortar “drásticamente” el personal de las oficinas que considera como “demócratas”.
“Son personas que los demócratas querían, que, en muchos casos, no eran adecuadas… muchos de ellos serán despedidos”, dijo Trump la semana pasada.
La amenaza comenzó a hacerse realidad. Según reportes de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), ya han sido destituidos unos 4.000 trabajadores de diferentes dependencias gubernamentales, aun cuando algunos de los cesantes en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades fueron restituidos a sus puestos.
Entre los destituidos figuran empleados de los departamentos del Tesoro, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros, mientras que hay prevención para otros recortes en los departamentos de Comercio, Educación, Energía, Seguridad Nacional y la Agencia de Protección Ambiental.
Estos nuevos números se suman a los cerca de 200.000 destituidos en los nueve meses transcurridos desde que Trump retornó a la Oficina Oval, despidos atribuidos al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que comenzó dirigiendo Elon Musk.
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Bolsa a salvo
Por su corta duración, más allá de perder de vista por algunos días indicadores básicos como datos de inflación, cifras de empleo o detalles del comercio, históricamente, los cierres del gobierno no han tenido efecto alguno en el mercado bursátil, que sabe mantenerse atento a los movimientos de los mercados cotizantes antes que a los vaivenes políticos del presupuesto de EE. UU.
No obstante, algunos analistas estiman que el actual cierre llega en un momento inoportuno por varias razones. En primer lugar, de prolongarse la ola de despidos, las cifras de desempleo se abultarán y, aunque la incidencia directa sería en el plano político, añade más caos al ya enrarecido panorama laboral, complicado por las persecuciones del gobierno a los inmigrantes ilegales, acciones que ya dejan sentir en sectores agrícolas y de servicios en varios estados de la Unión.
Por otra parte, los analistas estiman que el crecimiento económico estadounidense puede desacelerarse hasta un 0,2 % por cada semana que dure el paro, una merma que no conviene a la vulnerable economía del país.
Tampoco hay que perder de vista que esto agrega una dosis adicional al déficit presupuestario, que ya se verá impactado por los efectos de la Big Beautiful Bill en 3,5 billones de dólares en la próxima década, según estimaciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso.
“Ello mantendría el déficit presupuestario por encima del 6,5 % del PIB hasta donde alcanza la vista y llevaría la ratio de deuda pública sobre el PIB a un 128 % para el año 2034, similar a la deuda de Grecia”, señaló recientemente Desmond Lachman, analista en el American Enterprise Institute.
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