26/05/2026
Los coletazos de la quiebra de Banco Master y sus filiales se siguen sintiendo en Brasil, aunque el Banco Central aseguró este lunes aseguró que no tuvo repercusiones en el Sistema Financiero Nacional, del que poseía 0,57 % del total de los activos y el 0,55 % del total de la financiación.
En octubre próximo el país elegirá presidente y la campaña electoral no ha sido ajena al que es considerado el mayor escándalo de corrupción después de Lava Jato. El actual presidente del país, Luiz Inacio Lula da Silva, tiene como principal contrincante a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ambos señalados de tener vínculos con el dueño de la entidad financiera, el hoy detenido banquero Daniel Vorcaro. De igual manera, han sido señaladas otras personalidades del mundo político e, incluso, del judicial.
En el marco de la Operación Compliance Zero, el Banco Central decretó la liquidación extrajudicial de Banco Master S/A y de sus filiales Banco Master de Investimento S/A, Banco Letsbank S/A y Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, y estableció el Régimen Especial de Administración Temporal (RAET) del Banco Master Múltiplo S/A en noviembre pasado.
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Alto costo
Aunque se trató de salvar a su filial, la fintech Will Bank, a través de un régimen especial RAET, su situación de insolvencia, incumplimiento con Mastercard, salida del sistema de pagos, así como la liquidación de su matriz (Banco Master), terminó por precipitar su liquidación extrajudicial por parte del Banco Central.
A través del Fondo de Garantía de Crédito, fue cubierto el dinero de clientes, incluyendo inversionistas, por casi 10.000 millones de dólares (BRL 50.000 millones al 26 de mayo), más de la mitad del valor del Banco Master (USD 17.000 millones) al momento de la quiebra, un costo que, de acuerdo con Enzo Pereira, socio de GMPR Advogados, no se disipa; se redistribuye por todo el sistema.
La Ley N° 6.024/1974, relativa a las liquidaciones extrajudiciales de entidades financieras, y la Resolución CMN N° 4.222/2013, que aborda específicamente dicho fondo, contempla una garantía limitada a USD 49.737,67 (BRL 250.000) por cliente, por lo que cualquier monto o crédito excedente debe incluirse en la liquidación como crédito no garantizado en el patrimonio liquidativo como explica Víctor Menezes Ribeiro Nunes, abogado de Donato & Garcia Neto Advogados.
Destaca que un punto crítico es que se ha producido una activación excesiva del FGC (el monto usado es el más alto en el tiempo de existencia de este mecanismo que es financiado por la banca privada), lo que implica una transferencia de riesgo al sistema en su conjunto, que también afecta a los inversionistas y a la confianza del mercado.
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Rentabilidad vs. riesgo
Con una estructura sin agencias, Banco Master brindaba a sus clientes productos financieros como crédito personal y consignado, productos de inversión, operaciones de cambio y remesas internacionales, entre otros, y, para fondearse, ofrecía Certificados de Depósito Bancario (CDB) con un rendimiento por encima de la media del mercado.
El banco fue adquirido en 2021 por Vorcaro, hijo de Henrique Moura Vorcaro, empresario del sector inmobiliario, y ya en 2023 acusaba problemas de liquidez frente a la exigencia de aumento de capital necesario para respaldar los valores. Pero, en 2024, Fitch Ratings, elevó su calificación crediticia de "BBB (Bra)" a "A-(Bra)".
Para Pereira, una gran lección de este caso de fraude bancario y que “el mercado no olvidará fácilmente” es que no existen rentabilidades superiores a la media sin un riesgo proporcional.
“En el mercado minorista, existía la percepción errónea de que el Fondo de Garantía de Crédito (FGC) funcionaba como una especie de seguro total, como si invertir en un Certificado de Depósito (CDB) de una institución pequeña con una tasa agresiva equivaliera, en términos de riesgo, a invertir en un bono de un banco de primer nivel. Esa percepción se ha desmoronado”, advierte.
Para los inversores institucionales y el capital extranjero, la consecuencia es directa, tomando en cuenta que será más caro captar capital para quienes operan con modelos de crecimiento agresivos, pues la prima de riesgo de estas instituciones tiende a aumentar y esto se ve agravado por el probable incremento de las contribuciones al FGC, que deberá reponer los activos “gravemente afectados”, de acuerdo con el abogado de GMPR.
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Desde la perspectiva de quienes asesoran a empresas y estructuran operaciones, cambia es el estándar, pues inversionistas y contrapartes exigirán demostraciones más concretas de solidez.
“No basta con presentar cifras; es necesario demostrar que la gobernanza funciona, que los controles internos son eficaces y que la gestión de la liquidez resiste escenarios de estrés. La era del crecimiento acelerado, sostenido únicamente por la captación de fondos con altos intereses, ha llegado a su límite”, asegura Pereira.
Actuación tardía
Su colega de Donato & Garcia Neto observa una demora en la acción preventiva del Banco Central con respecto a la situación financiera de Banco Master y la distribución de valores basados en créditos no garantizados.
También refiere una falla por parte de la propia Comisión de Valores Mobiliarios en la supervisión regulatoria de los distribuidores de valores en lo que respecta a la negociación de valores, dadas las claras y persistentes evidencias de deficiencias en la composición de los valores distribuidos.
Parte de esa acción tardía se evidencia, según el especialista en que, ante los “elementos problemáticos”, hubo una respuesta meramente reactiva, en lugar de preventiva, que hizo imposible reorganizar la institución, removiendo a los administradores y gerentes, e intentar subsanar las deficiencias que generaron los problemas en la gestión del banco usando el REAT, un método ajustado a las mejores prácticas para contener este tipo de crisis.
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Nelson Freitas, socio de Lemos Advocacia, coincide con su colega de Donato & Garcia Neto al señalar que el caso revela una tensión entre la rapidez administrativa y el reconocimiento de responsabilidades.
“La liquidación extrajudicial exige una respuesta rápida; sin embargo, cuando existe sospecha de fraude, activos difíciles de valorar y múltiples reguladores, aumenta la presión para una revisión externa, una sólida documentación y una auditoría independiente”.
Frágil cadena de confianza
Pereira comenta que, hasta hace poco, existía una especie de comodidad institucional: El producto contaba con la cobertura del FGC y una calificación otorgada por una agencia reconocida, por lo que se entendía que el riesgo estaba controlado, “pero el episodio demostró que esta cadena de confianza era más frágil de lo que se creía”.
Para quienes participan en la estructuración de operaciones y el asesoramiento de vehículos de inversión, como fondos inmobiliarios y SPE (Entidades de Propósito Especial), el efecto más inmediato es un aumento en el nivel de exigencia en las relaciones entre instituciones. Mientras, los bancos más grandes y las plataformas de distribución tienden a adoptar criterios de admisión más rigurosos para los emisores, exigiendo información que antes no se consideraba prioritaria como composición efectiva de la cartera, gobernanza real y concentración de fuentes de financiación.
El caso de Will Bank añadió una nueva dimensión al problema, según el socio de GMPR, dado que lo que hizo inviable la operación (el RAET) no fue un desequilibrio patrimonial, sino el bloqueo del acceso al sistema de pago.
“Esto reveló que, en el ecosistema financiero actual, la dependencia operativa y tecnológica puede ser tan decisiva como la solidez del balance”, refiere Pereira, quien agrega que, para las fintech y las entidades no bancarias, esto significa que la transparencia ha dejado de ser una buena práctica para convertirse en una condición de supervivencia.
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Remedios a futuro
El Banco Central de Brasil aseguró este lunes que el caso del Banco Master fue una crisis aislada, sin impacto sistémico en el sistema financiero. Sin embargo, para evitar la ocurrencia de episodios similares, Menezes y Lemos recomiendan:
- La creación de normas más estrictas para la gobernanza de las instituciones financieras en general, especialmente aquellas que utilizan la distribución de valores para captar inversiones.
- La rendición de cuentas directa y efectiva de los administradores involucrados.
- Mayor control sobre la distribución de productos financieros por parte de distribuidores e intermediarios (DTVM y CTVM), mediante la integración regulatoria entre el Banco Central y la Comisión de Valores Mobiliários.
- Fortalecimiento de la debida diligencia, el cumplimiento normativo y la supervisión prudencial, especialmente en casos de opacidad de la cartera, estructuras entre entidades dentro del mismo ecosistema y exposición indirecta de la banca minorista.
- Presión para la reforma regulatoria, especialmente en depósitos garantizados y protocolos de coordinación en la resolución bancaria y la revisión de las normas para la captación de fondos mediante depósitos e instrumentos garantizados.
- La ampliación o redefinición de las facultades regulatorias sobre los fondos de inversión.
- La profundización de las investigaciones institucionales.
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