¿Cambios económicos en Chile? Prioridades del nuevo gobierno y desafíos para la inversión

¿Cambio o continuidad? La pregunta sobre quién dirigirá los destinos de Chile por los próximos cuatro años se aclarará el próximo 14 de diciembre, cuando los chilenos regresen a las urnas para escoger —entre Jannette Jara, candidata izquierdista del partido gobernante, y el ultraconservador José Antonio Kast— al sucesor de Gabriel Boric, quien en marzo deberá entregar la banda que lo acreditó en 2022 como el presidente más joven en asumir la presidencia del país.

Como habían predicho las encuestas, Jara y Kast alcanzaron la mayor cantidad de votos (26,8 % y 24 %, respectivamente, según el último recuento oficial) entre los ocho que disputaron la primera vuelta, seis de ellos representantes de la derecha, lo que lleva a los analistas a pronosticar que habrá un cambio de rumbo ideológico en el gobierno.

Al margen del resultado de la segunda vuelta, el ganador deberá afrontar la ardua tarea de recuperar la confianza de los chilenos, golpeada por la ralentización del crecimiento económico que caracterizó al país entre la última década del siglo pasado y los primeros años de este siglo, lo que, a su vez, ha conllevado un freno a la progresiva disminución de la pobreza y retrasado el aumento de la clase media, de acuerdo con estudios de varios organismos internacionales.

Debes leer: Estrategias de relocalización de empresas: ¿Por qué Chile se ha posicionado como destino para el soft landing corporativo?

Legado agridulce

De la ambiciosa agenda que le permitió a Boric llegar a la presidencia de Chile, nada queda. Dos intentos fallidos de cambiar la Constitución de 1980 dieron al traste con el entusiasmo que rodeó al joven político del Frente Amplio, quien debió consumir los dos primeros años de su gestión en atizar un cambio constitucional que no llegó, un revés que marcó su futuro político inmediato, y quizá de forma permanente.

Los analistas insisten en señalar que, al menos en materia económica, son pocos los logros atribuibles a su gestión, siendo uno de los más significativos el royalty minero, el impuesto a las grandes empresas extractivas chilenas que, aunque sin duda un avance que permea hacia la población, afianza aún más la tradicional dependencia del país de la minería. De hecho, el crecimiento del 2,4 % del PIB en 2024 se debe a la matriz extractiva.

Tampoco logró echar adelante la reforma tributaria que esperaba la nación, mientras que, obligado a hacer varias concesiones, consiguió plasmar la reforma pensional más importante hecha al sistema desde su puesta en marcha en 1981, cuyo principal logro es hacer que los patronos vuelvan a aportar para las jubilaciones de los trabajadores.

“Si bien hubo avances en materia previsional con la reforma que se aprobó y que tendrá efectos favorables en las pensiones y en el mercado de capitales, el principal pendiente fue consolidar una agenda de crecimiento clara y sostenida”, dice Cristián Barros, socio administrador de Barros & Errázuriz.

A medio camino entre lo económico y lo social, los modestos logros en esta y otras áreas distan mucho de las promesas electorales, limitándose a la implementación de la ley que hace efectivo el pago de la pensión alimenticia, la reducción de la jornada laboral a 40 horas (se concretará en 2028), y la atención gratuita en los centros públicos de salud para los más vulnerables.

“El panorama no es muy alentador, el ejecutivo no se preocupó ni dio prioridad a ninguna norma que vaya en el sentido de atraer inversión o incentivar nuevos proyectos”, remata Vicente Sáez, socio de la firma Sáez Abogados.

En concordancia con lo planteado por los analistas, Barros dice que persisten brechas en cuanto a productividad, tramitación de proyectos y certeza regulatoria, además, de una insuficiente coordinación interministerial y lentitud en la obtención de permisos que limitaron la ejecución de inversiones relevantes, lo cual sirvió de freno a un mayor crecimiento.

Te interesa esto: Chile: ¿Cómo incide la reforma de pensiones en el ahorro de los trabajadores y en la contribución patronal?

Bueno, pero no tanto

Pese a los magros logros, el Banco Central asegura que Chile va por buen camino. Al cierre del segundo trimestre, la actividad económica creció 3,1 %, por encima del 2,9 % proyectado, impulsado por el alza del sector minero y de servicios personales.

El consumo privado aumentó en la misma proporción, apalancado en el gasto de bienes no durables (alimentos, medicinas, vestuario), mientras que el gasto del gobierno se incrementó 2,6 %.

El comercio externo también creció de forma sostenida, pero con balanza negativa: mientras las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 5,4 %, las importaciones se dispararon 14,6 %. La inflación, en tanto, ronda el 3,4 % y se prevé que llegue a 3,6 % al cierre del año, en línea con las proyecciones del gobierno.

No obstante, un posible deterioro de la demanda mundial tendría efectos contrarios en el comercio de materias primas, motor de la economía chilena, dibujando un panorama oscuro a enfrentar por un próximo gobierno que apenas se estará adaptando a ejercer el poder.

Te sugerimos: Ley N° 21.748 del Subsidio al Dividendo: ¿Cómo funciona este crédito hipotecario y cómo impacta a la industria inmobiliaria en Chile?

Lo que viene

Como productor de materias primas, dos aspectos son esenciales para asegurar el mercado: en primer lugar, mantener el equilibrio en las delicadas relaciones con China y EE. UU., sus principales socios, que representan hoy poco más de 52 % y 11 % de su comercio, respectivamente, con los minerales como principales productos de intercambio.

Lo segundo es garantizar el flujo de capitales que sustenten las ingentes inversiones que requiere el sector extractivo: más de 83.000 millones de dólares hasta 2033, según proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). 

Sobre este tópico, a primera vista, pareciera que Chile ha recuperado su atractivo para los capitales. Según InvestChile, oficina pública de promoción de la inversión, hasta septiembre de este año, la inversión extranjera directa en el país acumulaba 12.373 millones de dólares, un 17 % por encima del valor registrado en el mismo período de 2024. Sin embargo, el próximo gobierno deberá poner más empeño en mejorar estos valores.

Para Cristián Barros, esto pasa por restablecer la estabilidad institucional mediante reglas claras y una ejecución regulatoria eficiente, además de agilizar los permisos sectoriales para nuevos proyectos de inversión, mejorando la reciente reforma aprobada en esta materia que aún no se ha implementado, y que viene a atender una queja común y constante en todos los sectores económicos.

En este particular, los candidatos, independientemente de su tendencia, coinciden en la necesidad de establecer más alianzas con el sector privado, reducir la burocracia y ofrecer estímulos fiscales como alternativa para potenciar las ventajas de ser el principal productor de cobre y tener las mayores reservas de litio del planeta, recursos que ponen en manos del nuevo gobierno verdaderas ‘gallinas de huevos de oro’ que deberá manejar con tino.

El cobre, que alcanzó en octubre de este año precios récord de alrededor de 11.000 dólares la tonelada, aporta más de 10 % del PIB chileno, y la esperada estabilidad de la demanda en los próximos dos años augura buenos beneficios para el gobierno entrante.

Aunque sin superar los picos de 2022, el aumento de la demanda de litio por encima del promedio de 10 %, deja abierta la puerta para que Chile consolide su posición como poseedor de las mayores reservas de este estratégico mineral, seductor señuelo para atraer cuantiosas inversiones.

Esto te conviene: Ley N° 20.241 de I+D en Chile: ¿Cómo aprovechar la extensión hasta 2035 para proyectos innovadores?

Necesaria reforma tributaria

Tanto para atraer inversores extranjeros como para mejorar la recaudación interna, los analistas coinciden en apuntar que el nuevo gobierno deberá llevar a puerto la reforma tributaria prometida por Boric y que el Congreso rechazó; un proyecto que, de haberse aprobado, “habría sido muy perjudicial para el país”, dice Sáez.

Pese al rechazo parlamentario, el gobierno logró aprobar algunas modificaciones pero que, según los especialistas, no dieron con una solución adecuada al complejizar y enturbiar el marco regulatorio.

Las propuestas de los candidatos sobre el tema varían según su tendencia partidista, abarcando desde la ampliación de la base tributaria para financiar programas sociales (izquierda), hasta la reducción del impuesto corporativo como plantean los candidatos de la derecha, que plantean una baja de 27 % a 20 % para las grandes corporaciones, y de 25 % a 12,5 % para las pequeñas empresas, con una meta futura de llevarlo incluso a 10 %.

“Convendría implementar reformas que simplifiquen el sistema, generando un marco claro y estable luego de las sucesivas modificaciones que ha tenido en los últimos años, las cuales han generado incertidumbre para los potenciales inversionistas”, sostiene Barros.

Sáez ve favorable que la reforma tenga como objetivo rebajar las cargas impositivas para incentivar el crecimiento y la inversión, acotando que para ello es preciso ofrecer certeza y seguridad a los inversionistas, reiterando que es necesario minimizar las exigencias y los tiempos de tramitación de los permisos.

Información relevante: El camino del hidrógeno verde en Chile: del potencial mundial a la realidad regulatoria

Más allá de la minería

Con una diversidad geográfica que abarca varios extremos y una riqueza de recursos naturales que se pierde de vista, Chile tiene sobradas ventajas competitivas para convertirse en una de las potencias económicas de América del Sur.

Para que ello se materialice, el nuevo gobierno está obligado a apoyar segmentos claves que contribuyan a consolidar el desarrollo, lo que significa impulsar proyectos en áreas como infraestructura, vivienda y transición energética, entre otros. En este último sector existe una gran cantidad de proyectos y estudios únicos en el mundo relacionados con energía eólica, solar e hidrógeno verde, que deben ser atendidos con la celeridad que ameritan.  

En materia de infraestructura, Rodrigo Vergara, del Centro de Estudios Públicos, afirma que sería necesario activar un programa de concesiones en áreas como puertos, aeropuertos y autopistas, una figura que ha demostrado su eficiencia, pero que la burocracia no logra cubrir los requerimientos nacionales.

El especialista de Barros & Errázuriz agrega que sería indispensable ajustar las regulaciones de sectores estratégicos (construcción, minería, energía y explotación de recursos naturales en general) para agilizar las inversiones, así como fortalecer el mercado de capitales y las finanzas sostenibles para canalizar el ahorro hacia proyectos de alto impacto.