El oro, ese mítico metal usado por siglos en diversas culturas y civilizaciones como medida de la riqueza o medio de ahorro, sigue siendo el material preferido por las naciones para tener reservas económicas y la República Bolivariana de Venezuela no es la excepción. Dichas reservas mantienen al gobierno, encabezado por Nicolás Maduro, y a los representantes del opositor Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en disputa. Este 20 de diciembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido, con una sentencia, marcó un nuevo rumbo.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo del Reino Unido es el encargado, desde hace un par de años, de decidir cuál de estos bandos tendrá derecho a manejar las 31 toneladas de oro depositadas por Venezuela en el Banco de Inglaterra, y que esta instancia devolvió el caso a la División Comercial del Tribunal Superior (Tribunal de Comercio), responsable —desde este 20 de diciembre— de facultar al Banco Central de Venezuela (BCV) o al gobierno encargado de Guaidó para tomar el control del oro nacional depositado en el extranjero.
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En su más reciente sentencia, el Tribunal Supremo del Reino Unido dispuso que, tomando en cuenta las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Comercio, esta sería la instancia más adecuada para determinar a quién se le debe reconocer el derecho de dar instrucciones sobre el uso del oro al Banco de Inglaterra.
En contexto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró ilegales los intentos del presidente interino por controlar los activos del BCV en el extranjero, mientras el gobierno de Maduro afirma que usará las reservas de su país para ayudar a los esfuerzos de socorro de COVID-19 de Venezuela.
La disputa entre ambos bandos ha sido atendida, como representante legal del BCV, por la firma londinense Zaiwalla & Co. En palabras de Sarosh Zaiwalla, socio sénior de la firma, "la Junta de Guaidó ha fracasado en su estrategia de obtener el control de los activos del BCV en Inglaterra únicamente mediante la resolución de cuestiones preliminares de derecho en el Tribunal Inglés. (...) Durante todo este tiempo, el caso del Sr. Guaidó se está financiando con fondos del BCV incautados en América, mientras que los activos en el Reino Unido siguen paralizados y disponibles para ser utilizados en la lucha contra la pandemia de Covid en Venezuela.”
El abogado informó que su cliente continuará sus esfuerzos en “demostrar que la Junta Directiva del BCV en Caracas es la única autoridad válidamente designada para tratar los activos extranjeros de Venezuela en interés de la población venezolana”, a la vez que enfatizó que “las más altas autoridades judiciales de Venezuela” ya reconocieron esta autoridad y que, por ende, la misma “debería ser reconocida por los tribunales ingleses, que no deberían juzgar lo que ha decidido un tribunal extranjero.”
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Ambas partes designaron comités de gestión del Banco Central de Venezuela (BCV), "que han dado instrucciones divergentes sobre las reservas internacionales del país", de las cuales el Banco de Inglaterra posee alrededor de mil millones de dólares en oro, dijo la Corte Suprema en un comunicado.
El arbitraje se complica ya que el reconocimiento político a un bando o al otro es ambiguo: si bien el gobierno británico reconoció a Juan Guaidó como presidente interino (como muchos otros países), en la práctica mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro (también como muchos otros países) que es quien ejerce, de facto, el poder. Entonces, por ahora, Maduro no puede acceder a las reservas, por no ser reconocido oficialmente por Londres, mientras Guaidó tampoco puede usarlas pues instancias como el TSJ venezolano declararon ilegales sus aspiraciones.
El caso volvió a manos del Tribunal de Comercio, en vista de que el Tribunal Supremo británico debió tomar en cuenta la sentencia del TSJ venezolano y que el gobierno de Maduro argumentó que validar la petición de Guaidó de ignorar la decisión del tribunal nacional, a menos que comprometan alguna norma de orden público inglés”, equivaldría a poner al presidente interino por encima de la ley inglesa y venezolana y contraría el Estado de Derecho.
De decidirse ahora que la sentencia del TSJ venezolano es válida, el Consejo de Administración del BCV seguirá siendo reconocido como la única autoridad para manejar las 31 toneladas de Venezuela resguardadas en Reino Unido. Por ahora, el caso continuará con una fecha de audiencia aún por fijar.
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