La constructora peruana Graña y Montero, que en noviembre cambió su denominación social a Aenza, pagará al Estado peruano una reparación civil de 125,7 millones de dólares (480 millones de soles) luego de que, en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato, se revelaran actos de corrupción relacionados con 16 proyectos de infraestructura entregados en concesión, entre ellos el emblemático Gasoducto Sur Peruano. En las investigaciones también se reveló la simulación de competencia en concursos públicos de 48 obras en lo que se llamó el Club de la Construcción. La indemnización, que incluye intereses, será liquidada en 12 años y está respaldada por un fideicomiso garantizado, una hipoteca de primer rango y una cuenta de reserva por un monto equivalente a la cuota a pagar el año siguiente. La cuota inicial se fijó en 3,7 millones de dólares (14 millones de soles).
Te puede interesar: Graña Montero enfrenta demandas civiles en Nueva York
Como parte del convenio preparatorio de colaboración eficaz, la compañía terminó con dos procesos de arbitrajes, uno de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por el Gasoducto Sur Peruano, y otros reclamos que ascienden a 188,5 millones de dólares (720 millones de soles). Por la cancelación de la obra, Odebrecht solicitó el inicio de un procedimiento ante el CIADI.
Abogados internos y Hernández & Cía. Abogados, con un equipo de las áreas corporativa y penal (white-collar crime), representó a la empresa en esta negociación que cerró el 21 de mayo con la firma del acuerdo de colaboración eficaz (plea agreement) que -según la firma- es el primero celebrado por una compañía peruana. En junio de 2019, la Fiscalía peruana celebró con Odebrecht un acuerdo similar, el primero de este tipo en el país.
La compañía reconoce haber sido usada por seis exdirectivos de Graña y Montero y sus subsidiarias GyM y Comcar para cometer delitos de corrupción también en los proyectos carretera IIRSA Norte e IIRSA Sur, Vía Expresa Sur de Lima y la Línea 1 del Metro de Lima, entre otros.
El cierre de este acuerdo permitirá a Aenza poner fin a todos los procesos penales en los que está involucrada y centrarse en su negocio y nuevos proyectos, según la firma. Juan Luis Hernández Gazzo, socio del despacho, manifestó que “ha sido un proceso duro en el que hemos contado con el pleno apoyo de la nueva administración de la compañía, tanto del Consejo de Administración como del director general". "Estamos satisfechos con este resultado sin precedentes”, expresó Gonzalo del Río Labarthe, también socio de Hernández & Cía.
Te sugerimos leer: Arbitrajes a favor de Odebrecht lleva a prisión preventiva a 14 abogados peruanos
La Procuraduría General dijo que, en adelante, la empresa está obligada a colaborar con la Justicia peruana aportando información y pruebas de relevancia penal en las investigaciones relacionados con las 16 obras citadas y con la simulación de competencia en 48 procesos de licitación. Además, debe implementar un programa de cumplimiento para prevenir delitos de corrupción e informar a la Fiscalía cada año sobre su aplicación, así como asegurar que quienes cometieron el delito ya no trabajan en la empresa.
El acuerdo será homologado ante el Poder Judicial una vez que se determine que la empresa no tiene deudas tributarias ni laborales. Se espera que en 60 días se suscriba un acuerdo definitivo.
Asesores de Aenza S.A.A.:
- Abogados in-house: Renzo Arboccó, Daniel Urbina y Ana Ferrucci.
- Hernández & Cía. Abogados: Socios Juan Luis Hernández Gazzo, Gonzalo del Río Labarthe y Alfredo Filomeno Ramírez. Asociados Adriana Tagle, Erick Calla y Fernando Rincón.
}
Add new comment