Los bufetes peruanos Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) (Perú) y Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados fueron registrados el 9 de julio como parte de un operativo del Caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica. La investigación, según reportó la prensa local, llegó en busca de documentos relacionados con los proyectos Gasoducto Sur Peruano (GSP) y Gasoducto Andino del Sur (GAS).
El allanamiento a las tres firmas formó parte de un total de 26 inmuebles incluidos en la operación. El registro a Estudio Echecopar y PPU se relaciona al proyecto GSP, mientras que Muñiz fue allanado debido a los consejos que brindó en relación al proyecto del GAS.
La fiscal del caso, Geovanna Mori, explicó a los medios que los estudios no están dentro del caso, sino que la investigación se dirige a los abogados que elaboraron y firmaron informes para que el contrato público fuese otorgado a Odebrecht.
Estudio Echecopar confirmó a LexLatin que el socio Jorge Danós Ordóñez y la consejera Ana Sofía Reyna Palacios (entonces asociada) están bajo investigación por su papel como expertos de segunda opinión en el proceso de licitación, a través del cual Odebrecht ganó el contrato para construir el oleoducto en 2014. El bufete aclaró que están siendo investigados bajo la presunción de que la opinión emitida por Estudio Echecopar era parte de la red de corrupción. Sin embargo, recientemente un tribunal de apelaciones confirmó que la opinión fue correcta. Manlio Bassino Pinasco (socio) y Uldarico Ossio Seminario (asociado sénior) también son investigados. Ambos asesoraron a Enagás sobre un asunto específico y no relacionado en el momento en que se emitió la opinión legal de Proinversión, competidor de Odebrecht, según el estudio.
Luis Peschiera y Mariana Simoes* son investigados por su trabajo como socios de la extinta Delmar Ugarte, entidad que pasó a formar parte de PPU en 2016. Simoes concretamente lideró la asesoría legal de Odebrecht en el Perú antes de unirse a Delmar Ugarte en 2011. LexLatin supo a través de una fuente anónima que Simoes y Peschiera se desvincularon de PPU. El estudio por su parte simplemente aclaró:
"Si bien nuestro estudio no está incluido en esta investigación, nos encontramos en total disposición de contribuir, en lo que sea pertinente, con la investigación que las autoridades correspondientes están realizando".
LexLatin también contactó a Muñiz para aclarar los vínculos del despacho en el caso. La firma afirmó que no ha tenido ninguna participación distinta a una "estricta, diligente y puntual asesoría legal" al fondo de inversión Conduit Capital Partners para el proyecto Gasoducto Andino del Sur, "iniciativa privada que no contemplaba intervención alguna del Estado", bajo el nombre de Kuntur Transportadora de Gas. Todo ello ocurrió en 2007.
"Nuestra relación con Kuntur Transportadora de Gas concluyó en el 2010. Odebrecht Perú adquirió en 2011 el 51 % de participación en la compañía y en el 2012 el 49 % restante. En ninguna de las transacciones participó nuestra firma".
Odebrecht Perú canceló el proyecto GAS y concentró sus esfuerzos en Gasoducto Sur Peruano. La fiscalía no se llevó documentos de la firma Muñiz.
Además de los abogados, están siendo investigados, entre otros, la exprimera dama Nadine Heredia (esposa de Ollanta Humala) y exfuncionarios de la administración de Humala y del segundo Gobierno del difunto expresidente Alan García.
El conglomerado brasileño Odebrecht está bajo investigación en el Perú por presuntamente haber pagado alrededor de tres millones de dólares estadounidenses en sobornos a varias partes, poco después de obtener el contrato para el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
*En la primera versión publicada de esta noticia LexLatin desconocía que los abogados Mariana Simoes y Luis Peschiera ya no formasen parte de PPU
}
Add new comment