La amplia reforma fiscal colombiana, impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo el 7 de agosto pasado, ha sido leída como un embate contra quienes han construido patrimonios millonarios y contra los dueños de grandes empresas. Incluso el propio Petro enfatizó durante su campaña electoral que el proyecto afectaría a 'los más ricos'.
Si bien es cierto que el sistema tributario colombiano ha sido considerado ineficiente, complejo y poco progresivo según un Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, ahora Petro se enfrenta a un endeudamiento del 61,4 % y a la necesidad de una recaudación que represente el 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para este año fiscal.
Proyecto presentado
No obstante, el programa estima aumentar en 5,5 puntos del PIB la recaudación de gravámenes y, con ello, financiar otras propuestas del plan “Colombia Potencial Mundial de la Vida”.
El aumento será progresivo, se eliminarán los beneficios tributarios y se reforzarán las políticas contra la evasión tributaria.
La reforma enviada al Congreso con carácter de urgente tendrá una resolución más apresurada por la necesidad de cumplir con los programas sociales, particularmente enfocados en las clases más desfavorecidas del país.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la pobreza en Colombia equivale al 39.3 % de su población al cierre del 2021, mientras que el 12 % está en condición de pobreza extrema.
Las novedades más comentadas del documento presentado por el presidente son:
- El impuesto a la propiedad.
- Salarios superiores a 10 millones de pesos colombianos.
- Pensiones de más de 7 millones de pesos.
- Obtención de dividendos.
- Impuesto a los alimentos ultraprocesados.
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Impuesto a la propiedad
La reforma plantea aumentar la tributación a la propiedad, un impuesto que ha sido considerado como un 'gravamen para los ricos'.
Laura Galeano, especialista en derecho tributario, contratación mercantil, derecho societario y M&A y counsel en Garrigues, explica que el cambio en el impuesto a la propiedad radica en que, de ser aprobado, el nuevo régimen de impuestos tendrá que renovarse cada año, es decir, los colombianos que tengan un patrimonio valuado en 1.700 millones de pesos colombianos (385.000 dólares) o más, tendrán que pagar impuestos de forma anual y no solo en una ocasión como ahora está establecido.
“Lo que inquieta en este tipo de impuestos es que gravan la posición de riqueza y no la generación de riqueza ni al ingreso, eso de por sí genera inquietudes sobre qué tan progresivo es el patrimonio”, advierte Galeano en entrevista para LexLatin.
Pasar la carga a las personas naturales, no a las jurídicas
Petro también ha planteado un viraje en quienes tienen la carga tributaria más amplia: hasta ahora, las personas jurídicas eran las que mayor contribución realizaban en el ejercicio de la recaudación, pero ahora el enfoque del nuevo gobierno es encausar los gravámenes a las “personas naturales” o físicas, es decir, a los consumidores.
En ese tenor, una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos colombianos es el aumento de impuestos que pagarían los asalariados con sueldos superiores a 10 millones de pesos colombianos (2.266 dólares) mensuales.
Galeano argumenta que el país tiene una alta concentración de riqueza y, aunque se tiene que transitar a una base de impuestos que permita contribuir con los planes sociales del nuevo gobierno, este impuesto a los salarios golpeará a un sector que no es, precisamente, de los considerados ricos.
“Una persona que tiene un sueldo de 10 millones de pesos no es alguien necesariamente rico, estamos hablando de una afectación a la clase media y a la clase media formal, que es lo que preocupó más. Son, sin duda, quienes se van a ver afectados, es un salto importante, los más afectados van a ser los que pertenecen a la clase media”, estima Galeano.
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Otros gravámenes
La propuesta, además, pretende gravar las pensiones de más de 7 millones de pesos (1.592 dólares) y un aumento de la tarifa a los dividendos del 10 % al 15 % para quienes obtengan anualmente 30 millones de pesos (6.825 dólares) o más por este concepto.
Este tipo de impuestos a la obtención de dividendos podría inhibir las inversiones de capitales extranjeros, indica Galeano. El gravamen a los dividendos, es decir, a las ganancias, estaba fijado en 10 %; no obstante, ahora se plantea aumentarlos hasta el 20 % para los no residentes en Colombia, y para los ciudadanos se prevé que la tasa podría llegar, en algunos casos, hasta el 40 %, colocándolo como una política confiscatoria que no es competitiva.
Con lo propuesto, se impactaría a la clase media y a la clase alta, pero los colombianos de menos ingresos también serían afectados por la nueva oleada de impuestos que ha trazado Petro.
Impuesto ‘salchichón’
Por primera vez, el gobierno colombiano ha sorteado la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, no como una forma de recibir más recursos, sino como una forma de desincentivar su consumo.
La intención del gobierno es loable, apunta Galeano, pero no necesariamente efectiva.
“En Colombia puede tener un impacto desfavorable porque los productos ultraprocesados forman parte regularmente de la canasta básica”, remarca la abogada para Garrigues.
Al gravamen se le ha dado el nombre de “impuesto salchichón”, porque productos como este embutido pasarán de tener un impuesto del 20 %. Algunos analistas opinan sobre la necesidad de replantearlo para evitar que se tenga un impacto también en la economía de los colombianos que no tienen acceso a otros productos o que, de igual forma, prefieren el consumo de estos por tener un extenso periodo de vigencia. Esta medida se ha tomado en otros países como México, en 2014, pero sus resultados fueron cuestionados.
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