Hay una foto icónica que podría ilustrar el momento decisivo en el que se amplió la discusión sobre el poder de las redes sociales. En esa fotografía, Jake Angeli, reconocido partidario de la ultraderecha, está plantado, como un vikingo, en la entrada del Capitolio de los Estados Unidos con una bandera en una mano, otra pintada en el rostro y un megáfono amarrado en las caderas.
Aunque también sumó a la causa la fotografía en que Richard Barnett, otro manifestante, posó sus pies cruzados sobre el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y también lo hicieron aquellas imágenes en donde se ve la silueta del fuego encendido en las afueras del edificio o la turba multitudinaria trepando sus muros blancos. Ese hecho histórico fue bautizado como “asalto al capitolio” y, aunque ocurrió el 6 de enero, su vigencia continúa hasta el día de hoy.
Antes de que los eventos capturados en esas fotografías se suscitaran, Donald Trump, expresidente de los EE. UU, había dado un discurso. En resumen y entre otras cosas, no admitía su derrota en las urnas ante el demócrata Joe Biden, asegurando fraude electoral, sin probarlo. Entonces convocó a los asistentes al mitin a “luchar” y estos, luego de su mensaje, se dirigieron al Congreso. El incidente dejó cuatro muertes, además de un par de decenas de personas lesionadas. Aunque no procedió su juicio político en el Senado, la academia y la sociedad civil aún debaten el alcance de sus mensajes de odio.
“El daño fuera de internet como resultado del discurso en línea es demostrablemente real y es lo que principalmente impulsa nuestra política", tuiteó Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, luego de cerrar permanentemente la cuenta @realDonaldTrump.
El bloqueo de Trump también ocurrió en Facebook, Instagram y Snapchat; una secuela que avivó la interrogante en la región: ¿regular o no las redes sociales?
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Las iniciativas de Latinoamérica
En 2017 lo intentó el Gobierno de Venezuela para “impedir políticas de odio”, una medida desenmascarada como censura. En 2019 se discutió en el Senado de Colombia: “Legislemos para que estas [las redes] no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales”, comentó el senador Antonio Zabarain.
También en 2019 Perú se sumó a estos proyectos y en el Congreso se discutió una iniciativa que tiene por objeto agravar la difamación y la utilización indebida de las redes sociales, siempre que se perjudique a una persona en su honor y buena reputación.
El año pasado Chile inició el debate para regular específicamente las noticias falsas y ahora, este 2021, México impulsa un proyecto que, en líneas generales, impone un proceso de presunción de inocencia antes de que una red “importante” cierre una cuenta. Pero entre líneas, la academia y las organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos indican graves contradicciones.
Reglas comunitarias
Frente a riesgos “reales” de que se produzcan daños físicos o amenazas directas a la seguridad pública, Facebook elimina contenido o inhabilita cuentas. Además, colabora con las autoridades policiales si es que se comete algún delito en la red social. Se revisan posibles amenazas para la seguridad pública o privada, se eliminan publicaciones que inciten a la violencia o a actividades delictivas.
Si bien Twitter había prometido flexibilidad para líderes mundiales al considerar que sus discursos eran de interés informativo, durante este mes distintos funcionarios de la India se retiraron del servicio de microblog buscando diálogos más “abiertos”. Ministros tomaron la decisión política de unirse a Koo, una plataforma local.
Twitter no tolera la violencia, el terrorismo, el acoso, la incitación al odio ni los servicios ilegales. En México hubo cierta fricción política luego de que a finales de enero se bloquearan algunas cuentas, algunas de ellas de simpatizantes a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. En su defensa, representantes de la plataforma digital manifestaron que no estaba permitido el spam ni la manipulación masiva. Esta debía entenderse como mensajes multitudinarios en un mismo sentido, “de alta intensidad” que puedan engañar o confundir a los usuarios.
Es de mencionar que desde el bloqueo a Donald Trump, López Obrador propuso regular a las redes sociales en su país.
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La censura disfrazada
“En la era de las redes sociales todo mundo opina con o sin conocimiento de causa. La gente se siente de alguna manera en la obligación moral de opinar sobre sus contextos”, comenta Vicente Pechuan Vilar, el creador de la red social Launchyoo. Para Vicente, las redes sociales son foros mundiales que no deben tener interferencia de ningún Estado. “Si el Estado regula, es lo mismo que interfiera en un periódico, en la prensa. Es una forma de censura”, enfatiza.
Marianne Diaz Hernández, analista de políticas públicas en Derechos Digitales, una organización no gubernamental sobre derechos humanos y tecnología en América Latina, comenta sobre las propuestas de ley en la región que hay una tendencia en responder a actos de discurso con prisión o multas excesivas, cuando, luego de un proceso judicial, lo que se debería sancionar es el daño causado.
“En América Latina, en lugar de dejar de despenalizar las conductas que se encasillan en delitos contra el honor o incitación al odio; conceptos que son muy concretos y se suelen expandir por las autoridades para que encajen a su favor, los estamos redoblando”, detalla.
A Diaz Hernández le parece que hubo un buen intento de regulación en Brasil cuando se consagraba la neutralidad de la red. Pero ahora se ha echado para abajo el terreno ganado.
En la propuesta mexicana, en opinión de Vladimir Cortés Roshdestvensky, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, se avista censura estatal en modalidad previa. Este proyecto se aleja de los consensos, llamamientos, relatorías y recomendaciones de los organismos internacionales al pasar de la censura privada a la censura estatal.
Aunque se promete la creación de un mecanismo de apelación para que no se cierren arbitrariamente las cuentas de los usuarios o eliminen sus publicaciones, el proceso no es detallado y le confiere facultades al Instituto Federal de Comunicaciones (IFT), un organismo autónomo constitucional, de tribunal. De hecho, la actual administración quería desaparecer al instituto para concentrar sus funciones en una Secretaría.
La censura previa, dice Vladimir Cortés, se conforma al sujetar a las redes a autorizaciones para operar en el país. Además, esta ley “termina por ser sumamente restrictiva por la falta de claridad en los conceptos”.
Las organizaciones mexicanas han denunciado falta de conocimiento sobre cómo funciona Internet y cuáles pueden catalogarse como redes sociales y cuáles no. Coinciden al mencionar que como se ha definido el concepto principal, hasta Wikipedia estaría sujeta a esta legislación.
“Servicio de redes sociales: servicio ofrecido a través de Internet cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar”, define el proyecto.
La iniciativa, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del partido oficialista, establece que la legislación solo aplica para las redes sociales “relevantes”, aquellas que han de contar con al menos un millón de usuarios, pero no se ofrece justificación alguna para establecer este límite ni se especifica si estos usuarios deben ser mexicanos.
Para prestar su servicio en el país estas redes deberán solicitar autorización ante el IFT. Uno de los requisitos es contar con un procedimiento para suspender perfiles o eliminar contenido; pero este tendrá que ser aprobado por el Instituto, que tendrá la última decisión sobre el cierre de una cuenta si el usuario se somete a un proceso de queja. La finalidad es garantizar que se acredite si la cuenta o la publicación contravienen los principios constitucionales de la libertad de expresión, antes de que las redes actúen.
¿Sería posible operar una red social con distintas restricciones por país? En respuesta de Vicente Pechuan, “sería muy complicado: automáticamente debería detectarse en qué región del mundo está el usuario y a la vez identificar si hay alrededor de este algún contenido inadecuado. Sería muy complicado. Yo lo llamo aberrante”.
Vladimir Cortés considera el mismo calificativo y Marianne Diaz utiliza el de “inoperable”: las redes sociales funcionan con interconexión global.
La máxima sanción que contempla la iniciativa es hasta por 4,4 millones de dólares.
Consensos internacionales
De acuerdo con Vladimir Cortés “no estamos frente a un escenario en donde se deba construir desde cero”. Hace casi una década la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión comenzó a sentar bases en el tema. Es importante trabajar en la consolidación de procesos de transparencia y rendición de cuentas.
“Las discusiones se centran en que las mismas plataformas expliquen cómo están tomando sus decisiones, cómo funcionan sus mecanismos automatizados, sus algoritmos para detectar spam y los elementos que están presentes en su política pero ese es un riesgo latente. Sorprende que esta iniciativa ni siquiera toque el tema”, expresa.
De acuerdo con el especialista, es inaceptable que en una sociedad democrática se planteen estos mecanismos que, lejos de garantizar la libertad de expresión, podrían censurar voces importantes para la sociedad.
“Seguimos insistiendo en que las plataformas no tienen por qué ser responsables de los contenidos de terceros, tiene que haber otro tipo de procedimientos. En México ya tenemos algunos antecedentes importantes en los que desde el Poder Judicial y no un órgano regulador, después de hacer un análisis exhaustivo y ponderación de derechos, ha llamado a que una plataforma retire cierto contenido en materia electoral”, comenta.
En 2020 Mark Zuckerberg propuso que sean los Estados los que pongan los parámetros para regular a las redes sociales, especialmente para temas que crucen con valores democráticos fundamentales y temporadas de elecciones.
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El único punto en el que el creador de Lauchyoo está de acuerdo con la regulación de un país de las plataformas es justamente en contextos electorales, pero por la propaganda: “Los anuncios siempre han sido regulados, qué sí está permitido, qué no, en qué tiempos, momentos específicos de campañas. Sí se debe vigilar además qué contenidos se considerarían como publicitarios para estos fines. Es una cuestión que va más allá de una política de empresa, es de interés nacional”.
La facultad del 'ban'
En voz de Marianne Diaz, el punto más álgido de estas discusiones es que cada que le pedimos a las redes sociales que se hagan responsables por cerrar cuentas o prohibir ciertas publicaciones, al mismo tiempo les estamos otorgando mayor poder. “Les estamos diciendo ‘tú eres el gobierno en este espectro de espacio’”, apunta.
Por un lado, Vicente Pechuan comenta que el elemento diferenciador de su red social, que aún es incipiente, es la ética y la transparencia, y que esto “no basta, aunque debería”; por otro Marianne Díaz explica que mientras se dejen de lado los derechos humanos y estas plataformas solo respondan a un objetivo económico, no se podrá resolver el problema y serán inevitables las regulaciones externas.
“Cuando Facebook o Instagram censuran pezones no es porque sea ilegal, sino porque están creando un nivel de homeostasis en la red donde se trata de ver qué tanto contenido puedo darle a la gente para que permanezca involucrada en las redes. Por eso muchas redes le dan mucho valor al contenido que es polarizante, al peor contenido”.
De llegar a consensos por la regulación de las redes, tal regulación debería enmarcarse en un tratado internacional. El tratamiento de estas empresas sería como un Estado sometiéndose a los convenios: los países no regulan los que se les ocurre, tampoco las empresas deberían hacerlo.
Al respecto Vladimir Cortés comenta que es muy pertinente la advertencia que hace la convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el punto de inflexión en la libertad de expresión en Internet, “convoca un diálogo regional, desde una perspectiva multisectorial”. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se muestra preocupada por los países de la región, que enfrentan este desafío que “contamina las deliberaciones internas” y pone a prueba los futuros procesos electorales.
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