El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vuelve a apostar por revertir la reforma energética promovida por su antecesor, Enrique Peña Nieto. En días recientes, presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados.
La iniciativa tiene carácter preferente para este último periodo ordinario, por lo que deberá ser discutida y votada en el Pleno en máximo 31 días naturales.
La contrarreforma energética
De acuerdo con el presidente López Obrador, las empresas privadas del sector energético se han apoderado del mercado gracias a sobornos y corrupción iniciados en el Gobierno pasado. Por lo tanto, su propuesta se centra en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa productiva del Estado. Asegura que solo así se velará por el interés nacional a largo plazo.
El proyecto busca reformar la Ley de la Industria Eléctrica. En primer lugar, se pretende cambiar el orden en que cada central eléctrica suministra su energía al sistema eléctrico nacional. Actualmente, la ley establece que las centrales prioritarias serán elegidas de acuerdo con el principio de eficiencia económica. Es decir, la empresa que ofrezca los precios más bajos de producción sin comprometer su eficiencia y seguridad será la primera en suministrar su energía. Por el contrario, la empresa con los costos más altos y la menor calidad será la última en satisfacer la demanda. Mediante este sistema se promueve que las diferentes empresas compitan entre sí para lograr un mejor precio.
La reforma busca establecer un nuevo orden para este sistema sin tomar en cuenta el principio de eficiencia económica. En primer lugar se recibirá la energía producida por las plantas hidroeléctricas (en México existen 86 centrales que generan energía por el movimiento del agua).
Después se recibirá la energía producida por las plantas de la CFE, como las nucleares, las geotérmicas y ciclos combinados. En este mismo rubro, pero en segundo lugar, se despacharán las centrales de ciclos combinados de productores independientes, amparados por contratos suscritos en términos de la abrogada ley del servicio público de energía eléctrica.
En tercer lugar, se recibirá la energía eólica o solar de particulares y, por último, la producida por ciclos combinados de empresas privadas y el resto de generadores de otras tecnologías.
De acuerdo con López Obrador, gracias a este nuevo sistema las tarifas para los consumidores no serán actualizadas más que por inflación, algo que ha sido cuestionado en medios de comunicación por analistas. También promete que se terminará con la simulación de precios.
Estas y otras medidas propuestas en la iniciativa del Ejecutivo muestran una clara preferencia para el consumo de energía eléctrica proveniente de la CFE, dejando en segundo plano a las empresas privadas y a las dedicadas a la producción de energías renovables.
Expertos en la materia han criticado fuertemente la iniciativa, calificándola como una regresión para el país. Si la elección de las empresas de suministro eléctrico está determinada por una nueva reforma y no por factores de competencia o producción, las inversiones en el país peligran.
Esta preocupación fue expresada por Estados Unidos en una carta dirigida al Gobierno de México. El pasado 11 de enero manifestaron que las políticas anunciadas por López Obrador en materia de energía ponían en riesgo cientos de millones de dólares de inversiones públicas estadounidenses en el país. Resaltaron que era del interés de ambos Gobiernos lograr prosperidad económica mediante la cooperación mutua y que prueba de ello era la firma del reciente Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En la carta se hizo referencia al memorándum enviado en julio 2020 por López Obrador a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) demandando ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica, similares a los que contiene la nueva iniciativa de ley. Al referirse al memorándum y a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, el Gobierno estadounidense puso en tela de juicio el compromiso de México para cumplir con el T-MEC.
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