México es un crisol de tradiciones artísticas, creatividad cultural y riquezas naturales. Las últimas propician la elaboración de productos con características muy particulares, atribuibles a las condiciones geográficas, pero también a las técnicas tradicionales que forman parte de la comunidad que los produce.
Debido a los nuevos hábitos de los consumidores a nivel mundial, en los últimos años se ha incrementado la demanda de productos con calidad diferenciada y vinculada a su origen, producidos bajo métodos exclusivos. Por esto, hoy más que nunca figuras jurídicas como las denominaciones de origen (DO) o indicaciones geográficas (IG) desempeñan un papel relevante: en ellas recae el posicionamiento del producto y el impulso del desarrollo económico de ciertas comunidades.
México cuenta con un total de 18 productos protegidos bajo la denominación de origen. Tequila, por ejemplo, es el producto con DO más representativo del país. Aunque el marco jurídico mexicano durante mucho tiempo ha reconocido las DO, hasta 2018 se incluyó la indicación geográfica.
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Con esta nueva figura, productos como la “plata de Taxco”, “aguacates de Michoacán” o “piteado de Colotlán”, entre otros, podrían obtener protección real, para disfrutar de una explotación exclusiva. Lo más importante de su uso es que se blindaría a cientos de comunidades fabricantes de este tipo de productos típicos y, al mismo tiempo, se les dotaría de un sentido de pertenencia para fortalecer su identidad cultural, además de forjar una disciplina gremial.
Si bien es cierto que nuestro país ya llevaba un territorio ganado con la experiencia de salvaguardar intereses con los productos con denominaciones de origen, también lo es que con la inclusión de las indicaciones geográficas surgieron cuestiones que afinar en nuestro sistema. Por ejemplo: políticas de control a través de las entidades de certificación, así como la homogeneización de la normatividad aplicable mediante reglas claras para la defensa de estos derechos que, desafortunadamente, no fueron contemplados dentro de la Reforma de 2018.
Es de celebrarse que con la entrada en vigor, el 5 de noviembre de 2020, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) esta ya contempla lineamientos más claros para la obtención (y para la defensa) de este tipo de derechos, lo que fortalece el régimen DO/IG en nuestro país.
Para Europa, en particular para Francia, Italia y España, el régimen de indicaciones geográficas ha favorecido sustancialmente la economía de los territorios y los sistemas de producción, especialmente en la industria de alimentos, vinos y bebidas espirituosas. Con cifras proporcionadas por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, durante la campaña 2018/2019 se comercializaron más de 11 millones de hectolitros de vinos protegidos con las DO/IG de España, tales como “Rioja” o “La Mancha”, de los cuales el 41 % fue exportado a diversos países, calculando un valor para estos vinos de más de 4 millones de dólares.
Igualmente, Italia, que es el país con el mayor número de productos con protección de DO/IG; con 528 vinos protegidos, como el “Prosecco”, el “Chianti” o el “Brunello di Montalcino” y 299 productos alimenticios bajo dicha tutela, tales como los quesos “Asiago” o “Parmesano” y el afamado “vinagre balsámico de Módena”, percibe grandes beneficios que impactan en su economía. En términos económicos y de conformidad con un estudio realizado por la Unión Italiana de Cámaras de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura, en conjunto con las Fundaciones Symbola y Edison, las exportaciones de este tipo de productos representan para dicho país aproximadamente 38.000 millones de dólares anuales.
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Resulta claro que los productos tutelados por estas figuras jurídicas fortalecen la imagen de los países titulares y posicionan la “marca país” (nation brand). Esto brinda una ventaja competitiva para las comunidades productoras encargadas de mantener vivas sus tradiciones, al ser considerados por los consumidores como productos certificados y dotados de una calidad superior frente a otros de su misma especie; este valor agregado, intrínseco, aunado a la percepción de los consumidores, es lo que permite que los productos protegidos por DO/IG puedan venderse en un precio superior.
En este sentido y regresando a México, estadísticas de la Asociación Nacional de Denominaciones de Origen (ANDO) muestran que los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 20 % más por un producto con DO/IG que por uno genérico.
Este sistema tan bondadoso con las comunidades también lo es con el medio ambiente ya que, debido al vínculo indisoluble entre la producción y el territorio de origen, se requiere la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, siendo así una fuente de desarrollo sustentable de cohesión social. Incluso, la buena reputación de una región a partir de un producto originario ofrece oportunidades de negocio adicionales en su comercialización. El “turismo gastronómico”, como ejemplo de nuevas oportunidades, promueve actividades económicas para mantener y mejorar las condiciones de vida de la población rural, contribuyendo con ingresos complementarios para los habitantes de la región.
El sistema de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas definitivamente constituye una herramienta importante para el desarrollo económico y una gran oportunidad para nuestro país que, además de ya tener un marco jurídico suficiente, cuenta con las condiciones naturales y sociales indispensables para la creación de una economía alrededor de una identidad nacional competitiva. Esto solo favorecería a todos los actores de la cadena de producción, especialmente a aquellas comunidades que verán reconocidos y valorizados los territorios, tradiciones e identidad cultural que han preservado fiel e incansablemente.
*José Miguel Mena López es director de servicios jurídicos en ClarkeModet México.
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