Tras seis meses de disputa, la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló la decisión del Tribunal Superior de Justicia británico que en julio reconoció “inequívocamente” a Juan Guaidó como “presidente interino constitucional” de Venezuela. La decisión de la Corte implica que Guaidó no podrá instruir sobre el uso de las más de 30 toneladas de oro venezolano (valoradas en aprox. 1.950 millones de dólares) que el Banco Central de Inglaterra tiene almacenadas.
La Corte de Apelaciones de Inglaterra determinó que las facultades con las que Guaidó cuenta son de facto y que, de acuerdo a la legislación británica, “los actos de un gobernante de facto deben ser tratados con nulidad”. Por lo tanto, la disposición queda sin efecto.
La sentencia dispone que la Corte de Comercio de la Suprema Corte de Inglaterra decida el rumbo a seguir: si reconoce a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para la disposición de los fondos venezolanos.
La disputa se originó después de que el Banco Central de Venezuela (BCV), bajo la administración del Gobierno de Nicolás Maduro, solicitara el retiro y venta del oro equivalente a 1.000 millones de dólares en mayo. Esta petición fue denegada por el Banco de Inglaterra, que durante décadas ha servido de almacén para las reservas venezolanas. La negativa británica puso en duda quién era el actor legítimo para dar instrucciones en nombre del BCV. De ahí la decisión del gobierno venezolano -encabezado por Maduro- de presentar una demanda en contra del Banco de Inglaterra.
Nicolás Maduro manifestó que las ganancias obtenidas por la venta del oro eran necesarias para la lucha contra el COVID-19 y, por lo tanto, serían destinadas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, la oposición acusó a Maduro de buscar financiar a sus aliados en el extranjero.
El primer fallo estableció que la persona facultada para el uso de las reservas sería el presidente interino Juan Guaidó, quien desde 2019 ha sido reconocido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y países como Brasil, Chile, Colombia, Perú y el propio Reino Unido. Esta resolución data de julio pasado.
Maduro interpuso una apelación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia británico y esta fue resuelta por la Corte de Apelaciones el 5 de octubre. En sus argumentos estipuló que el reconocimiento otorgado a Guaidó por el Gobierno de Inglaterra fue meramente político, ya que posterior a esto, las comunicaciones diplomáticas entre Maduro e Inglaterra permanecieron intactas, lo que demostraba que -para efectos de la corona británica- Maduro seguía siendo el presidente legítimo. Agregó que no era materia de la corte británica determinar la legitimidad de procesos ocurridos fuera de su territorio y bajo legislación extranjera.
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