El Ejecutivo logró un acuerdo con el Legislativo para crear un nuevo programa de garantías ante el coronavirus. Este dictamen materializa el consenso entre ambos Poderes. La propuesta original del Congreso provocaría, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, un fuerte impacto económico.
La pandemia de COVID-19 ha ocasionado la pérdida de al menos 34 millones de empleos en América Latina. De estos, 1,5 millones corresponden a Perú, según cifras de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). Desde marzo, diversos congresistas han presentado 24 proyectos con el objetivo de que las personas que por la crisis económica no puedan pagar sus deudas, tengan la opción de congelarlas. Estos proyectos fueron considerados para crear la Ley de Reprogramación Extraordinaria de Pago de Créditos para la Protección del Ahorro y Fortalecimiento del Sistema Financiero por Estado de Emergencia Nacional.
La propuesta original del Congreso buscaba la reprogramación de los créditos de consumo, personales, hipotecarios, vehiculares y de todo tipo de tarjeta de crédito, siempre que al 29 de febrero de 2020 los beneficiarios hayan registrado una calificación de riesgo. Para ser beneficiarios de esta ley se establecieron como topes:
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Créditos de consumo y personales menores o iguales a 3.560 dólares (tres Unidades Impositivas Tributarias al 2 de octubre de 2020)
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Créditos hipotecarios adquiridos por personas naturales cuya deuda sea igual o menor a 150.000 dólares y siempre y cuando la deuda sea por la adquisición de la primera y única propiedad.
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Para créditos vehiculares no mayores a 35.000 dólares y dirigidos a la compra de un único auto.
El proyecto de ley concede un periodo de gracia de 90 días, que podrá ser ampliado para el pago de las deudas o intereses moratorios. El monto de las deudas será sujeto a refinanciamiento hasta por cinco años.
Esta medida no implica que los usuarios sean reportados a centrales de riesgo ni una afectación de su historial crediticio. Sin embargo, excluye de su aplicación a las personas que perciban dividendos o ingresos por renta de alquiler, así como a quienes fueron beneficiarios del programa de créditos Reactiva Perú o de cualquier otro fondo administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE).
Intervención del Gobierno
Durante la sesión virtual del Pleno, efectuada el 2 de octubre, la ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, presentó el Programa de Garantías de Personas y PYMEs que constituye la contrapropuesta del Ejecutivo al proyecto del Congreso. Además, criticó el texto sustitutorio de la Ley propuesta al decir que tiene “problemas de focalización”, “infiere en contratos privados” y “beneficia solo al 2 % de la población peruana que tiene los mayores ingresos del país”.
La propuesta del Ejecutivo se enfoca en créditos de consumo, hipotecarios y para pequeñas y medianas empresas siempre que cumplan con las siguientes condiciones:
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La deuda de los créditos de consumo debe ser menor o igual a 1.380 dólares (5.000 soles peruanos al 2 de octubre de 2020) y deben darse en moneda nacional.
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Para créditos hipotecarios la deuda inicial no debe superar los 55.000 dólares (200.000 soles peruanos al 2 de octubre de 2020 ) y también debe ser en moneda nacional. Se excluye a los créditos que fueron otorgados por Mi Vivienda y que no hayan sido para una primera vivienda.
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Los créditos otorgados a mypes deben ser igual o menores a 5.518 dólares (20.000 soles al 2 de octubre de 2020). No podrán acceder a los beneficios quienes hayan sido beneficiados por los créditos Reactiva Perú, FAE Mype u otros.
Proyecto final
Esta iniciativa contempla la reducción de las tasas de interés y condonaciones de cuotas costo por parte de las entidades financieras. Se plantea cubrir el 80 % del capital pendiente de pagar y quienes hayan pagado apenas la tercera parte de su crédito tendrán el menor porcentaje de garantía. Solo accederán a estas garantías las personas o empresas que cuenten con una calificación de riesgo "normal".
Se cubrirán créditos de consumo con saldos insolutos de hasta 1.380 dólares, se ha establecido una garantía de entre 60 % y 80 %. Los saldos de créditos personales de hasta 2.760 dólares, los de las mypes no mayores a 5.520 dólares y los vehiculares no mayores a 13.800 dólares se garantizarán en 40 % y 80 %.
Las entidades financieras, además, podrán congelar los créditos hasta por 90 días de quienes no hubieran realizado ningún pago en los tres meses previos a la publicación de la norma. Se han exceptuado del periodo de congelamiento los créditos hipotecarios.
Este lunes el Congreso discute eliminar el cobro de la membresía anual de las tarjetas de crédito que deben pagar los usuarios a los bancos.
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