A pocos días de que se cumpla un año de la disolución del Congreso, Martín Vizcarra, titular del Ejecutivo en Perú, enfrenta el punto más crudo de la crisis política: este viernes 18, el Congreso votará su vacancia. En otras palabras, está en manos del Legislativo la remoción o permanencia del presidente peruano.
Martín Vizcarra no tiene bancada en el Congreso y este no puede volver a ser disuelto. En su último año de mandato, los recursos legales para equilibrar los Poderes son limitados. El presidente pidió, mediante demanda, la intervención del Tribunal Constitucional (TC) para que determinara la invasión de competencias, agregando una medida cautelar para suspender el procedimiento de su remoción. La vigencia de esta cautelar correspondería a la emisión del criterio del TC sobre qué debía entenderse por incapacidad moral permanente, la causal que alega el Congreso para vacarlo.
El TC admitió la demanda pero desechó la cautelar. De acuerdo con Marianella Ledesma Narváez, magistrada presidenta del TC, no se encontró motivo de urgencia ni para suspender el procedimiento ni para elevar el número de votos requeridos en el Congreso, de 87 a 104 de un total de 130, para la vacancia. “La urgencia no se advierte ahora”, aseguró para medios locales, explicando que su indicador de medición fueron las declaraciones de los voceros de las distintas bancadas en el Congreso, quienes se muestran en contra de que el Ejecutivo cambie de titular.
Origen del conflicto
Luego de la contratación irregular del cantante Richard Javier Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing, por el Ministerio de Cultura y por un monto de casi 44.000 dólares para dar pláticas motivacionales además de organizar eventos, se publicó un audio incriminatorio para el presidente. En dicho audio se escucha cómo Vizcarra acuerda una versión común con la secretaria y la asistente de despacho para declarar ante la Fiscalía. La Fiscalía ha estado recogiendo información sobre los ingresos del cantante a distintas dependencias gubernamentales, incluido el despacho presidencial.
Cuando los audios se hicieron públicos, el Congreso abrió a votación la admisión de un proceso de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente. Esta se aprobó con 65 votos a favor. Inmediatamente el Gobierno respondió con la interposición de la demanda por invasión de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Presidente @MartinVizcarraC: Por mi investidura, debería corresponder procesarme después de concluido mi mandato. Como ya lo he dicho, estoy dispuesto a dar todas las declaraciones que requiera la Fiscalía, desde ahora, y no solo cuando culmine mi mandato. pic.twitter.com/QfKzxv0cXk
— Presidencia Perú (@presidenciaperu) September 14, 2020
Con un revés dramático, la situación de Martín Vizcarra cambió cuando el medio de investigación local IDL-Reporteros publicó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, intentó llamar -cuando aún no se habían dado a conocer los audios ni había iniciado el proceso de vacancia- a César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y logró sostener una conversación telefónica con Fernando Cerdán, comandante general de la Marina. En la llamada le dijo a Cerdán que el presidente sería vacado y que él lo reemplazaría.
"Rechazo enfáticamente sobre las temerarias afirmaciones que me vinculan con un supuesto complot, que pretendería atentar contra el orden constitucional", Merino De Lama, presidente del Congreso. #PlenoVirtual pic.twitter.com/OjbB73JRQK
— Congreso del Perú (@congresoperu) September 14, 2020
La opinión pública señaló a Merino por conspiración y sedición. Incluso se interpuso una denuncia penal en su contra, promovida por un grupo de ciudadanos. Merino rechazó las afirmaciones y reiteró la obligación de Vizcarra de comparecer ante el Congreso, pues debía “limpiar su honor”.
Presidente del Consejo de Ministros: Anuncio que hemos decidido adoptar las herramientas legales que nos faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional. pic.twitter.com/gussOVBTfJ
— Consejo de Ministros (@pcmperu) September 12, 2020
Aún no se sabe si Martín Vizcarra acudirá a comparecer ante el Congreso, pero Roberto Pereira Chumbe, abogado de la firma Benites, Vargas & Ugaz, quien es su representante, sí lo hará.
Cabe mencionar que al haber desechado la medida cautelar del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional permite la continuidad del proceso de vacancia, por lo que su interpretación de la causal de incapacidad moral permanente aplicará para procesos futuros, sin efectos retroactivos. Es decir que si el Congreso vota por la vacancia, Vizcarra tendrá que despedirse del mandato.
Hasta ahora son 13 los congresistas que han asegurado que votarán por su salida, 57 han declarado que votarán en contra y el resto está indeciso. Hasta el momento, los votos contra el presidente no alcanzan para su remoción.
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