Los miembros del actual Congreso del Perú son resultado de las elecciones de inicios del año, el mismo que sustituyó al disuelto por Martín Vizcarra en octubre de 2019. Aunque el presidente inició su estrategia para mitigar los efectos del coronavirus con más del 90 % de aprobación, su imagen ha sufrido. Los impulsos del Congreso avizoran una nueva crisis política.
“Desde 2016 el Perú vive un escalamiento de conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo”, comenta María Milagros Campos Ramos, abogada y magíster en Ciencia Política. Explica que hoy en día el país tiene un presidente sin bancada en el Congreso, con coordinaciones difíciles. “De pronto, a finales de junio y a inicios de julio, se han presentado cinco mociones de interpelación que se suman a la reciente reforma constitucional. Pareciera que se avecina un nuevo conflicto de Poderes del Estado, pero con la característica de que utilizan solo figuras constitucionales”.
Inmunidad parlamentaria
La noche del domingo 5 de julio, el Pleno del Congreso debatió la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En el texto aprobado se incluyeron disposiciones para el Ejecutivo, para los altos funcionarios, para los magistrados del Tribunal Constitucional e, incluso, para el defensor del pueblo.
Esta reforma constitucional, finalmente, involucró cambios para los artículos 93, sobre la inmunidad y la inviolabilidad; 99, sobre las acusaciones contra autoridades ante el Congreso; 117, referente a los delitos atribuibles al titular de la Presidencia de la República; 161, de la elección del defensor del pueblo, y 201, que trata sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Sobre la inmunidad parlamentaria se dispuso que los legisladores no serán responsables ante ningún órgano jurisdiccional por las opiniones que llegaran a emitir, ni por sus votos, sus acciones de fiscalización, etc. Además, los procesos penales contra los congresistas durante su mandato serán de exclusiva competencia de la Corte Suprema de Justicia. Campos Ramos comenta que el texto no deja de ser proteccionista y descarta la posibilidad de establecer impedimentos para candidatos congresales.
Otro cambio es que a las acusaciones por las que se podría abrir un proceso contra el presidente, durante su periodo de mandato, se le agregó el de “delitos contra la administración pública”. También se modificó el listado de autoridades que la Comisión Permanente puede acusar ante el Congreso por infringir la carta magna, ya que se agregaron a los congresistas, pero también a los miembros del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia.
A decir de Campos Ramos, con lo que se aprobó se puede llegar a cuestionar el voto de las sentencias de los magistrados del Tribunal Constitucional ante cualquier tribunal. “Esto no solo es inconveniente, sino inconstitucional en la medida en que distorsiona el balance de Poderes y las garantías que requieren los jueces constitucionales para ejercer su trabajo de control”.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial han señalado que la aprobación se hizo mediante un proceso irregular, pues fue a última hora y de manera sorpresiva que se añadieron a los tres poderes. El Congreso se había negado a aprobar la eliminación de este beneficio para los legisladores al cierre de su primera Legislatura. Por esto, el presidente Vizcarra anunció que se tendría que aprobar en un referendo. Ante el disgusto popular, los congresistas ratificaron su camino.
? “Ningún constitucionalista del país estaba de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero sabíamos que era una necesidad para la confianza de nuestra ciudadanía y hemos hecho este esfuerzo”.
— Congreso del Perú (@congresoperu) July 6, 2020
@LuisValdezF, primer vicepresidente del Congreso. pic.twitter.com/jWjNKx1Abr
En el panorama se asoma la petición de una nueva constitución. La actual fue promulgada en 1993 en el mandato de Alberto Fujimori, hoy sentenciado por diversos delitos. Sin embargo, para Campos Ramos, la salida a las crisis políticas peruanas no está ahí. “Nuestra constitución ha tolerado crisis políticas -como la reciente de Pedro Pablo Kuczynski o la anterior de Alberto Fujimori- generando salidas democráticas y estables. Creo que aquí lo que se requiere, más que un tema legal, es un tema de política con un diálogo comprometido y responsable”.
Proyectos de ley en discusión
El Poder Legislativo está tomando cartas en asuntos desechados por la Presidencia. Ejemplo de ello es el proyecto de ley para prohibir los cargos adicionales generados por moras en las cuotas de pago, esto en los meses en que esté vigente el estado de emergencia o dentro de los 90 días posteriores a la entrada de vigencia de la ley. En el proyecto se propone la reprogramación o congelamiento de deudas personales e hipotecarias; además de que no se reporte a los usuarios a centrales de riesgo si es que el impago fuera durante el periodo de emergencia. El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Economía. Así también este lunes se discute la devolución del 100 % de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
}
Add new comment