El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció que solicitará al Congreso Nacional que reconozca el estado de calamidad pública a causa del COVID-19. La propuesta del Ejecutivo es que el pedido sea válido hasta el 31 de diciembre. Esta medida es necesaria por el avance de la pandemia, pero con el objetivo de tener recursos económicos disponibles para afrontar la situación. "Se debe aumentar el gasto público para proteger la salud y el empleo de los brasileños, previendo la caída de los ingresos", comunicó el Gobierno.
Unas horas antes del anuncio presidencial, los Ministerios de Salud y Justicia publicaron una ordenanza por la que se autorizó el arresto de personas infectadas por el virus que no respetaron el período de aislamiento y cuarentena. La decisión, anunciada conjuntamente por los ministros Sérgio Moro y Luiz Henrique Mandetta, establece algunas reglas que deben cumplirse y que pueden ayudar a combatir la epidemia en el país. Este documento se basa en la Declaración de Importancia Internacional de Emergencia de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS); la regla está en línea con la Ley 13.979/20.
Entre las medidas que acompañan al estado de calamidad están el aislamiento para personas sintomáticas y asintomáticas, que se someten a una investigación clínica de laboratorio y obtengan resultados positivos. El aislamiento tiene un plazo máximo de 14 días y debe realizarse en el hogar. De acuerdo con la condición de cada paciente, esto puede extenderse hasta por 40 días o el tiempo que sea necesario, de acuerdo con lo que indiquen las autoridades sanitarias brasileñas. También se establece la obligatoriedad para que las personas se realicen exámenes médicos y cumplan con tratamientos específicos.
Según la ordenanza, cualquier persona que no cumpla con el período de cuarentena, aislamiento u hospitalización estaría faltando al Código Penal. Por lo tanto, correspondería una sanción con detención de un mes a un año, además de multa. Para aquellos que tienen la intención de diseminar la enfermedad a propósito, se incurre en el delito de epidemia, penado con 10 o 15 años de prisión. También se incluye en la disposición la mención del delito de desobediencia, cuyo castigo es la detención de 15 días a seis meses y una multa.
La implementación de la ordenanza no depende de la autorización del Poder Judicial. "En el ejercicio de la policía administrativa, la autoridad policial puede remitir al delincuente a su residencia o al hospital para cumplir con las medidas establecidas", dice el texto del decreto. En casos excepcionales, la persona puede ser arrestada y llevada a una prisión en una celda aislada de las demás.
Quienes desobedezcan las medidas de emergencia pueden incluso responder civil y administrativamente. "Si el incumplimiento le da al Estado una carga financiera, se adoptarán medidas para reparar los daños materiales", agrega el texto.
"La persona que tiene un contagio confirmado de coronavirus, con datos de laboratorio, él y los miembros de la familia que viven en la misma casa deben mantenerse aislados y las personas que tuvieron contacto deben ser notificadas", comentó al respecto el Secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira.
Legalidad de las medidas
En medio de tantas decisiones para disminuir los efectos de la pandemia, los abogados discuten la legalidad de las medidas adoptadas y los límites legales de las acciones tomadas por los administradores públicos. Pero después de todo, ¿qué cambios hay en la ley con la llegada del coronavirus en la vida de los brasileños?
Para Guilherme Madeira, maestro y doctor en procedimiento penal en la Universidad de São Paulo, quien es además juez y profesor de Damásio Educacional, la expectativa es que los arrestos solo ocurrirán en casos extremos. “Ayuda a prevenir la propagación del coronavirus, pero no puede ser la única medida. Hay que concienciar a la población. El derecho penal por sí solo no resuelve el problema”, dijo.
Los expertos consultados por LexLatin consideran que el trabajo del Ministerio de Salud es bueno. “Solo a través de estas medidas podremos reducir el alcance de la epidemia. No veo inconstitucionalidad en la ordenanza. Es una situación excepcional, tiene tiempo para terminar”, indicó Madeira.
Acacio Miranda, abogado especializado en Derecho Penal, explicó que el Código trata circunstancias excepcionales. “Está la cuestión de la proporcionalidad: en este momento, quienes no cumplen con la cuarentena o el aislamiento pueden crear un problema importante de salud pública. Excepcionalmente, creo que vale la pena, porque tiene un potencial dañino para la población”.
En este punto, según los juristas, la situación determina la legalidad del tema. “Si fuera en otro momento, sería exagerado. La intención es mantener el orden social. Esto incluye todas las ramas del derecho”, comentó Miranda.
La misma comprensión se puede aplicar a otros aspectos. "Las compañías que están aumentando los precios de algunos medicamentos necesarios durante la epidemia, para obtener ganancias, también pueden ser castigadas", dijo el abogado.
Río y São Paulo
Además del Gobierno federal, en las diferentes regiones brasileñas, cada representante trata el tema de una manera diferente. En Río de Janeiro, por ejemplo, el gobernador Wilson Witzel publicó este martes (17) el decreto con las medidas para enfrentar al COVID-19.
Se ha decretado la suspensión de clases, partidos de fútbol y fiestas. Otras medidas, como el cierre del comercio, se presentan como recomendación. También se ha dispuesto una reducción del 50 % en la flota y los autobuses, ferries, trenes y el metro. El pase gratuito ofrecido a los estudiantes ha sido suspendido.
La norma también determina la suspensión por 15 días de clases en escuelas públicas y privadas, no podrán haber manifestaciones, marchas, juegos de fútbol o cualquier evento deportivo. Tampoco sesiones de cine y teatro, conciertos ni eventos científicos. Los gimnasios estarán cerrados y los centros comerciales deberán reducir las horas de apertura en un 30 %.
El pasado martes, el alcalde de São Paulo declaró estado de emergencia en la ciudad, debido al aumento en los casos de coronavirus. "Se decreta una situación de emergencia en el municipio de São Paulo para enfrentar la pandemia resultante del coronavirus, de importancia internacional", dijo el texto.
En este documento, se autoriza a la ciudad más grande del país para solicitar bienes y servicios a personas físicas y jurídicas, sin licitación, para asuntos de emergencia. La ciudad tiene el mayor número de casos en el país y registró la primera muerte relacionada con COVID-19. Se trata de un hombre de 62 años quien tenía una enfermedad crónica (no revelada) sin antecedentes de viaje.
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