En los últimos días, el Ejecutivo peruano, ante la inexistencia del Congreso, emitió una serie de normas de corte laboral para los trabajadores del sector agrario. En contexto, el Congreso disuelto había aprobado cambios a la Ley de Promoción Agraria, sin concluir el proceso legislativo. Las modificaciones eran motivadas por el plazo de la ley que vencería a finales de 2021 y con ella el beneficio tributario de una tasa fija del 15 % en cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Al presentar este decreto de urgencia, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, comentó que la norma beneficiaba principalmente a los trabajadores del sector agroexportador.
El decreto de urgencia “para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria” se limita, en gran medida, a hacer las modificaciones consideradas por el Congreso disuelto: vigencia de la mencionada ley hasta el 2031, incremento de poco menos de 10 dólares a 11,80 dólares, por concepto de remuneración diaria, y descanso vacacional de 30 días (antes era de 15). Se incrementa también la compensación por tiempo de servicio (9,72 % de la remuneración básica) y las gratificaciones de fiestas patrias y Navidad (16,66 % de la remuneración básica).
? Hoy se aprobó el #DecretoDeUrgencia de la nueva Ley de Promoción Agraria para mejorar las condiciones del régimen laboral en este sector. ??????#ElPerúPrimero pic.twitter.com/9OVqKIRMpF
— Consejo de Ministros (@pcmperu) December 28, 2019
Las dos modificaciones a la ley por parte del Ejecutivo son subir de manera escalonada el porcentaje de aporte mensual al Seguro de Salud a cargo del empleador, a partir de 2020 del 6 %; de 2025 del 7 %; de 2027 del 8 % y para el 2029, del 9 %, además de ampliar los beneficios de esta ley para los sectores forestal y acuícola.
Como medida adicional, este miércoles, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó un decreto supremo por el que crea disposiciones para incentivar la formalización y la protección laboral de los derechos de los trabajadores en el sector agrario y modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con este, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) queda obligada a emitir un protocolo para fiscalizar al sector agrario sobre el respeto a los derechos laborales. Sunafil deberá publicarlo en un plazo de 30 días.
La modificación al Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es para establecer el plazo fijo de no mayor a un año, en consulta con los trabajadores y cumpliendo requisitos mínimos, para elaborar los informes de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC).
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