Guzmán Napurí & Santiváñez Abogados (GNS) ahora cuenta con dos nuevos socios en el despacho basado en la capital del Perú, Lima. Se trata de Macarena Zare y Joel Segura, quienes llegan para reforzar la asesoría en materia de compliance gubernamental y privado.
La firma, producto de la fusión entre Montoya & Guzmán Napurí y Santivañez Abogados, explicó que la incorporación de los nuevos abogados tiene el objetivo de ofrecer a los clientes un catálogo diversificado de productos, entre ellos, el compliance público y gubernamental.
Zare explicó a LexLatin que luego de desarrollar su carrera en organismos públicos, vio la oportunidad de unirse a GNS para hacer crecer la cultura del compliance en el país. Destacó que la trayectoria de los socios del bufete también resultó determinante, pues “siempre han evidenciado probidad en su conducta, lo cual es muy importante, tanto más en estos tiempos en que algunos estudios jurídicos tienen que lidiar con el impacto reputacional porque algunos de sus integrantes están vinculados con temas de corrupción”.
En cuanto al desarrollo del área de compliance en el mercado legal peruano evaluó que se está abriendo camino, principalmente a raíz de los hechos de corrupción que son noticias de todos los días.
“Últimamente existe una ola legislativa que crea y modifica normativas existentes para alinear la gestión de las entidades con eficiencia y eficacia, pero sobre todo con ética y dentro del cumplimiento de la ley y el Estado constitucional de derecho. Esto resulta muy positivo, porque se promueve la responsabilidad social de las organizaciones, se reconoce su rol y función social dentro de la nación”, precisó.
En su opinión, dado el enfoque de gestión que tiene el compliance como cualquier modelo de prevención, el camino que seguirá en los próximos meses y quizás años será el de la mayor profesionalización de aquellos que quieran dedicarse a esta materia. Incluye a los abogados, pues su aplicación va muy de la mano con el Derecho, sobre todo si se trata de asuntos vinculados a la gestión antisoborno, a seguridad de la información, seguridad y salud en el trabajo, entre otros.
No obstante, alertó: “Por el momento se debe tener cuidado en la implementación del compliance de papel, sin una cultura organizacional forjada en los valores y principios éticos, así como en el cumplimiento de la legalidad. Debe tenerse cuidado al momento de elegir a aquellos que implementen dichos modelos de prevención, de preferencia deben priorizarse a quienes estén formados y certificados para hacerlo”.
Por su parte, Segura reveló que la decisión de incorporarse a GNS se basó en la gran posibilidad que existe en un campo como el compliance tanto público como privado, incluyendo el hecho de seguir abordando los delitos de corrupción desde una perspectiva preventiva. Aseguró que en el bufete visualiza un crecimiento mutuo y multidisciplinario.
Para el abogado, las áreas de compliance son una novedad para el mercado legal por varias razones. “Primero, no todos comprenden el sentido integral del compliance penal; segundo, existe una competencia con las consultoras; y tercero, equiparan al compliance con certificaciones (ISO)”.
Puntualizó que si bien son importantes las certificaciones, el problema es su alcance pues solo se puede certificar el soborno aunque la Ley 30424 posibilita la sanción por otros siete delitos y la misma Ley plantea la opción de modelo a través de un reglamento.
“La falta de una comprensión adecuada (centrarse en el compliance del papel) de los modelos generará un descrédito, no hay casos penales donde se diga que el modelo adoptado por una determinada empresa no funcionó. Entonces, está el riesgo de asociar el éxito de un modelo y el rigor de la certificación. El poco rigor (del implementador, de la certificadora y de la empresa) tendrá un efecto en la reputación de los que forman parte de la cadena”, resaltó.
Perfil de los socios
Macarena Zare tiene experiencia en la administración pública. Se desempeñó como directora de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y coordinadora general del Gabinete de Asesores de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, es la responsable de diseñar el Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. También fue asesora de Alta Dirección del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y asesora del Juez Supremo Especializado Penal en las Salas Penales Transitoria y Permanente de la Corte Suprema.
Cursó un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; tiene un máster en Compliance Penal por la Universidad de Castilla - La Mancha, en España, con certificación internacional en Risk Manager ISO 31000 (Gestión de Riesgos), Lead Implementer ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) y Lead Manager Compliance ISO 19600 (Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo).
Joel Segura se ha especializado como abogado penalista e investigador en delitos de corrupción. Tiene una maestría con mención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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