José Antonio Olaechea: “No quisimos participar del carnaval de construcción que hubo en el Perú”

Cuando Estudio Olaechea se fundó fue en tiempos en los que la mensajería se brindaba a caballo. La firma nació en 1878, hace ya más de 140 años y, según cuenta José Antonio Olaechea (socio director), los principios estuvieron marcados por la actividad política.

Fue un bufete formado por abogados muy ligados al desarrollo político y legislativo del país, aunque en la segunda mitad del siglo XX muchos protocolos cambiaron. Hoy la actividad política no es compatible con ejercer el derecho en el estudio. La firma está enfocada en adaptarse a los cambios y en innovar. También nos habla Olaechea de la importancia de la deontología en el ejercicio del derecho.

—¿Cómo resumiría su trayectoria como socio director de Estudio Olaechea? ¿Cuáles han sido sus éxitos y frustraciones en todo este tiempo?

—A mí me tocó vivir un momento muy especial cuando entré al estudio. Lo conformaban nueve abogados, todos mayores de 65 años. Hubo un proceso de transformación, la firma había quedado en una situación muy estática debido a la complejidad de la situación político-económica que el Perú atravesó del año 1965 al año 1992.

En 1992 entro a la firma con la meta de institucionalizarla, abrirla y renovarla. Es así como hemos llegado a tener más de 100 personas trabajando. Una de las cosas más satisfactorias fue poder regresar a la senda de la innovación y, evidentemente, los tiempos nos ayudaron. Nos sirvió para hacer del estudio una firma moderna. Eso nos ha permitido un gran desarrollo. 

Pudimos convertirnos en una firma dinámica, de equipos transversales y tecnologizar la gestión manteniendo la esencia del cuidado por el detalle. 

—Estudio Olaechea es, además, una firma centenaria, ¿cuáles son los cambios más drásticos que ha vivido el estudio internamente?

—Cuando la firma comenzó no había siquiera código de comercio. El salto ha sido bastante drástico, pues hemos afrontado una evolución paralela a los cambios de la sociedad y logrado actualizarnos con ella. A pesar de los cambios, nuestra constante siempre ha sido la innovación.

Hace 30 años, cuando ingresaba un nuevo abogado al estudio se le asignaba un cliente y, casi en todos los casos, desarrollaba una labor transversal. Es decir, terminaba viendo varios temas para un mismo cliente. Todo el mundo tenía que ser “todista” por las circunstancias particulares del país.

Hoy en día los abogados requieren una mayor especialización, con el fin de ofrecer un servicio que se proyecte a una relación de respaldo y apoyo sustentado. Al aumentar el nivel de especialización del cliente, el abogado no solo debe ser experto en su especialidad (tributaria, comercial, laboral, entre otras), sino también en la industria a la que va a asesorar.

El país se ha institucionalizado y eso ha permitido el desarrollo de muchas áreas con profesionales muy competentes.

—Pensando en los factores externos, en la propia historia del Perú a la que usted ha hecho referencia en otras ocasiones, ¿qué peso ha tenido en el desarrollo de su firma?; ¿qué hechos históricos les han marcado?

—El estudio arranca en 1878 muy vinculado a políticos que, además, ejercían el derecho. Eran buenos abogados, muy buenos litigantes, todos miembros de la misma familia. Esos años sirvieron para sentar la base del profesionalismo. Sin embargo, en el estudio es incompatible, desde mediados de los años 30 del siglo XX, la actividad política con la actividad profesional. El tema político repercutía siempre en nuestros clientes. 

Nosotros no vendemos poder, nos basamos en el buen trabajo, en el conocimiento de la ley. Los abogados que ejercieron en la política en su momento fueron gente de primer nivel, pero inevitablemente recibían la reacción de las contrapartes y eso afectaba a la institucionalidad. Por ello, hoy en día está en nuestros estatutos que quien decida dedicarse a la política tiene que abandonar el estudio.

Después vinieron años más técnicos, donde los profesionales se dedicaban a la enseñanza e incluso al desarrollo de leyes que rigen el país. El estudio lo formaban unos siete abogados, todos miembros de la familia Olaechea. De vez en cuando invitaban a algún otro a incorporarse. La firma tendía también a ser más una comunidad de techo. Por otro lado, el contexto económico en los años 40 hizo que la firma decidiera ampliar su equipo de trabajo y apostar por una organización en distintas áreas de práctica y especializaciones. Este proceso se vio truncado a partir de 1965 y se restituyó en 1992.

En los años 90, cuando la economía peruana se estabilizó y se abrió nuevamente al mercado global, el estudio se enfocó en procesos de privatizaciones y concesiones.

Ha habido un progreso muy grande en temas de compliance y precumplimiento. Hemos cuidado mucho la calidad de los clientes que tomamos. No quisimos participar del carnaval de construcción que hubo en el Perú —véase fenómeno Odebrecht— y somos la única firma del país que no está en una investigación parlamentaria en este momento por esa razón. Es parte de nuestra cultura y ha sido muy importante en esta última etapa ser muy selectivos. 

—¿Cómo hará Estudio Olaechea para ser competitivo en un mercado dominado por la inteligencia artificial? ¿Se plantean escenarios como que los abogados lleguen a ser programadores?

—Personalmente, quisiera que el estudio siga manteniendo su misma línea de principios. Seguir trabajando bajo una visión de alto profesionalismo y estricto cumplimiento de los cánones del ejercicio correcto del derecho. Es el sello que espero que sigamos manteniendo. Sin embargo, también es importante evolucionar con la sociedad y proyectarnos a atender asuntos sofisticados.

El manejo de los temas más sencillos, pero que demandaban mucho tiempo y dedicación va ser asumido por la inteligencia artificial. Tareas como una debida diligencia, que implicaban revisar muchas licencias o permisos, podrán hacerse de manera más sencilla con las nuevas tecnologías, que son capaces de analizar el 80 % de la información con un 90 % de precisión en un muy corto tiempo.

Sin embargo, el rol del abogado es irremplazable. El profesional del derecho es un intérprete de la ley y esa capacidad de análisis y desarrollo estratégico no va a cambiar porque se consigue solo a partir de una buena formación en abogacía. Para nosotros la inteligencia artificial será una herramienta que traiga información a la mesa, pero nunca será el reemplazo de nuestros profesionales.

En 1878 nuestro servicio de mensajería era a través de un caballo. El estudio se ha renovado cada vez que ha habido saltos tecnológicos y lo que viene es parte de la profesión. Estamos preparados para ello. 

—En ese mismo sentido, ¿se están actualizando a tiempo las firmas latinoamericanas para competir con las internacionales?

—La globalización empezó con Cristóbal Colón, por lo que partimos de la base de que esto no es algo nuevo. Es importante analizar constantemente cuáles son los cambios que se están dando en firmas pares a la nuestra en el exterior. Los modelos de firmas internacionales nos traen ideas interesantes, que son importantes de considerar para mantener siempre una propuesta de innovación. El ser miembro exclusivo de los mejores networks del mundo como (Club de Abogados, Lex Mundi, Interlex o Ius Laboris) nos permite mantenernos al día y conectados con el panorama internacional.

La base para prestar una asesoría libre de conflictos de interés es nuestra independencia. Por ello, consideramos que pertenecer a redes internacionales es una mejor opción para nuestros clientes.

La competencia y las tendencias internacionales nos han hecho mejores a todos, nos han hecho innovar. Hoy el abogado debe tener un conocimiento absoluto de la tecnología, ser bilingüe y tener una gran capacidad de adaptabilidad, pues eso es lo que marca la tendencia internacional.

—¿Qué requisitos le parecen indispensables para dirigir una firma?

—En el nuevo escenario del derecho los abogados se enfocarán en la interpretación de datos y en la estrategia de temas complejos. Para ello, requerirán de una preparación enfocada en el deseo de innovación y proactividad. 

La formación debe exigir competencia y profundizar en los conocimientos. Estas condiciones deben ser abordadas desde el desarrollo del país y su contexto; poniendo énfasis en la correcta explicación de conceptos y leyes: conflicto de interés, prácticas deontológicas y las acciones prohibidas para un abogado. 

Cuando no existe una buena preparación, el abogado se ve vulnerable y su práctica profesional puede ser desprestigiada. Si no se exigen competencias, la trasmisión de las leyes no es adecuada y, podría ocurrir que, al no sentar bases para una estrategia eficiente, intente solucionar los problemas de su cliente de forma desordenada. En este punto comienzan los problemas.

—¿Y desde el punto de vista personal?

—El abogado debe tener presente el valor de su profesión, así como su impacto en los ámbitos económicos, sociales y políticos. La práctica del derecho debe ser responsable. En ese sentido, el énfasis en la formación deontológica es de gran importancia. Un abogado debe preparar altamente sus valores y principios ya que es muy probable que, en algún momento de su vida laboral, pueda verse tentado a desarrollar malas prácticas. 

—Además de los cambios en el sector debido a la disrupción tecnológica, el sistema judicial en el Perú vive una profunda crisis por los escándalos de corrupción. ¿Qué iniciativas deberían tomar los profesionales del derecho para dar ejemplo y defender la independencia del poder judicial, así como el prestigio de la profesión de abogado?

—Es innegable que los casos de corrupción que presenciamos en la actualidad han tenido detrás a profesionales del derecho. Abogados, posiblemente muy buenos en su profesión, han desarrollado licitaciones o contratos que se relacionaron directamente con hechos de corrupción. Estos son el reflejo de un ejercer poco ético y lamentable de la profesión. 

Toda actividad humana tiene un lado económico y un lado legal; y es responsabilidad del abogado dirigir correctamente los procesos que le competen.  Para ello, la formación deontológica desde el ámbito académico es de urgente importancia.

Por otro lado, es necesario realzar la figura de los Colegios de Abogados y, sobre todo, de sus tribunales de ética. Una de las mayores sanciones que puede tener un abogado en cualquier jurisdicción es ser suspendido o expulsado de su capacidad de ejercer, que es a lo que ha dedicado toda su vida. En ese sentido, el Colegio de Abogados debe tener un rol más activo, cumplir con su función fundamental de control y llamar a los abogados a su reflexión.

Ahora bien, no sería correcto decir que el poder judicial es corrupto. El fenómeno de la corrupción corporativa ha sido un tema que no atañe precisamente al poder judicial. Tampoco quiero decir que vivamos en el país de las maravillas, sin duda, los abogados tenemos un deber con el poder judicial y con las autoridades, para brindar las mejores actuaciones. Pero necesitamos lugares a los que acudir. 

En este momento están saliendo muchas cosas y es difícil saber en qué va a terminar todo esto, porque todos los días hay algo nuevo en la prensa, pero tenemos que distinguir. No estamos ante un caso de corrupción institucionalizada.

—Si pudiese volver atrás en el tiempo, ¿cambiaría alguna de las decisiones que ha tomado en su trayectoria como managing partner?

—Creo que la mejor decisión que he tomado son las personas que me han acompañado. Tengo el privilegio de tener un grupo de profesionales de primera calidad, con muchos años en la firma y que han hecho suyos los mismos ideales. Yo, como cualquier ser humando, no me siento perfecto. Es muy probable que haya cometido errores, pero estoy muy contento con los cambios que hemos ido implementando.

Quizás hayamos pecado de excesivo celo en pro de nuestros clientes en el pasado, no dando a conocer las operaciones en las que participábamos.