Referencia y gurú en materia de cumplimiento normativo en la región, Carlos Caro –experto en Derecho Penal– interviene con frecuencia en los medios de comunicación peruanos poniendo el foco en las prácticas que urgen para acabar con la corrupción, tanto en las instituciones como en el sector privado.
Insiste en algo muy concreto: la corrupción es un fenómeno transversal y los abogados no quedan exentos. Considera que el sector legal podría y debería hacer mucho más.
— Usted defiende desde hace tiempo que Perú necesita de una reforma judicial completa, porque el país padece de una corrupción gubernamental que llega a todas las esferas. El escándalo de corrupción Lava Jato está sacudiendo fuertemente a las instituciones peruanas. ¿Diría que la corrupción en el país ha llegado a niveles máximos? ¿Qué diagnóstico puede hacer del Estado de Derecho en su país?
— Desde mi punto de vista los escándalos de corrupción conocidos en Perú son solo la punta del iceberg. Son una ínfima parte de lo que está sucediendo por debajo de las capas de la administración pública. No creo que hayamos llegado a un punto en el cual todo se haya conocido o todo haya sido exhibido.
Yo creo que lo que se ha visto es el botón de muestra de los niveles de corrupción que hemos alcanzando aquí. Pero, a la vez, pienso que la corrupción es un fenómeno que, al igual que la persecución penal, va cambiando a lo largo del tiempo. Se va adaptando a los nuevos tiempos, se va perfeccionando y lamentablemente siempre va un paso por delante de lo que son la regulación o las posibilidades efectivas de prevención de un sistema como el peruano.
Creo que queda mucho por ver y conocer en los próximos tiempos.
— ¿Está el Estado peruano preparado para hacer frente a una estructura criminal organizada como se ha demostrado que son las empresas implicadas en el caso Lava Jato?
— No, porque estos fenómenos delictivos son representativos de una sinergia de tres formas delictivas: la criminalidad gubernamental, la criminalidad económica y el crimen organizado. Esto hace que el fenómeno delictivo sea muy poderoso, muy difícil de punir y de perseguir. Por ejemplo, el caso de Odebrecht no lo descubrió el Estado peruano. Los fiscales no han descubierto nada, la propia empresa tuvo que hacer una delación por las normas de la FCPA americana y extraer de ahí. El caso saltó porque lo delató la propia empresa, por los incentivos que hay en la regulación americana.
— ¿Cómo se imagina esa reforma judicial completa? ¿Qué sugiere desde su experiencia y conocimiento como abogado penalista?
— Ese es un tema que merece todavía un trabajo futuro. El punto de partida tiene que ser reforzar los cuadros que tiene el sistema, tanto a nivel de Ministerio Público, como de la policía o del poder judicial. Eso requiere una reforma de aquí a, por lo menos, 20 años por delante. El compromiso del Estado, de una administración que tiene que comprometerse a lo largo del tiempo. Ese es el punto inicial esencial y lamentablemente, conforme a las prácticas políticas de los países de la región, es algo muy difícil de alcanzar.
Cada administración tiene o trae consigo nuevos planes, nuevos funcionarios, nuevos gobiernos. La lucha contra la corrupción va alcanzando pasito a pasito algunas metas u objetivos todavía muy modestos frente a lo que se necesita.
— ¿Qué opina de la actuación del Ministerio Público y de la figura de la delación premiada/colaboración eficaz? ¿Qué se ha cuestionado y/o defendido históricamente de esta figura?
— Las leyes de colaboración en Perú son de los años 80 y se aprobaron básicamente en el marco de la legislación antiterrorista. Luego esto se ha extendido a diferentes fenómenos delictivos, entre ellos el tema de la corrupción.
La colaboración eficaz es un mecanismo que ha cumplido y viene cumpliendo una función esencial. Genera los incentivos para poder desbaratar una organización delictiva. Pero desde luego que hacía falta la modificación que recién se ha dado este año. Ahora con la ley 30737 se han aprobado los regímenes de colaboración eficaz de las empresas. Antes la colaboración solo era posible respecto a personas naturales. Sin embargo, ahora que ya contamos con esta reforma legislativa, va a implicar un cambio en la práctica de la fiscalía y del poder judicial. Seguimos anclados en un modelo básicamente de responsabilidad individual, no como el que ya está transitando España, que es el de la responsabilidad penal de los entes jurídicos.
En Perú tenemos ya la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, que en verdad es penal, porque se ve en el proceso penal. Pero no se han gatillado casos que permitan ver qué es lo que está sucediendo y que permitan ver cómo se puede aplicar la regulación.
— ¿Considera que hay algún dilema ético en el hecho de que los corruptos puedan ver sus penas reducidas gracias a su colaboración con la Justicia?
— Desde mi punto de vista no, porque acá hay lo que los penalistas denominamos un “valor de acción y resolución VS valor que uno puede aportar en el proceso”. Si una persona está implicada en un hecho delictivo y ha cometido un acto antijurídico, desde luego que merece un reproche no solo ético, sino también jurídico. Sin embargo, en la medida que esta persona más allá de su arrepentimiento o no – que es algo muy subjetivo y difícil de cuantificar judicialmente – colabore efectivamente con la justicia, evidentemente que hay factores de compensación. Ahora, la colaboración eficaz no necesariamente debe reconducir a la exención de la pena, puede reconducir solamente a una reducción de la sanción.
Creo que el nivel de exigencia judicial para una exclusión de pena deber ser altísimo y excepcional.
— ¿Cuál cree que está siendo el impacto psicológico en aquellos juristas y funcionarios que tienen que trabajar en la operación Lava Jato en Perú? ¿Y en la sociedad peruana? ¿Qué ha cambiado en la visión que los peruanos tienen de su propio país?
— Creo que este tema es un poco subjetivo, pero que en cierta manera está medido por Transparencia Internacional en los índices de percepción de la corrupción. Perú tiene un altísimo ratio en materia de percepción de la corrupción. Creo que a nivel sociedad existe una suerte de desconfianza generalizada y cierta desesperanza en función de las posibilidades efectivas de poder reformar esto y generar un cambio de rumbo. En ese contexto el rol de los políticos es reorientar los esfuerzos para que se generen los incentivos para poder perseguir y sancionar estos casos.
— Teniendo en cuenta el daño que han sufrido las instituciones, ¿cuál cree que debería ser el papel del sector legal? ¿Cree que las firmas de abogados están siendo lo suficientemente contundentes en la lucha contra la corrupción?
— Desde mi punto de vista no, porque los abogados en Perú siempre ven el tema como un problema ajeno. Eso no es así.
Los abogados forman parte del sistema, deberían estar comprometidos con lo que es la prevención de la corrupción. Para ello, creo que deben comenzar con la implementación de programas de prevención en sus propios despachos, cosa que no está sucediendo.
En Caro & Asociados tenemos no solamente un programa de cumplimiento voluntario, sino que además acabamos de obtener la certificación ISO 37.001. Creo que es un tema al que se deberían sumar los distintos abogados y sus despachos, para poder mejorar las prácticas de la profesión.
— ¿A qué se refiere cuando dice que los que abogados en Perú ven el fenómeno de la corrupción como una cuestión ajena?
— Normalmente los escándalos de corrupción que se exhiben en los medios son vinculados al mundo judicial. Se entiende, por ejemplo, que en el tema de la corrupción pública solo están implicados jueces, policías, fiscales…pero eso no es así. Los abogados no solamente interactúan con jueces o árbitros, también interactúan con otros empresarios, con la administración pública en general. Muchos abogados dicen “no, este tema de la corrupción es un problema del poder judicial”. Lo concentran ahí y extrayendo un poco la realidad en su práctica cuando se conoce y se persigue, entiendes que el problema es transversal, que toca a todo el sector legal y a todo el régimen de la práctica profesional.
Un abogado que se dedica al mundo corporativo se siente ajeno a la corrupción, pero todos sabemos que acá o en España los abogados corporativos pueden participar en casos de lavado de dinero construyendo empresas offshore. No se quiere reconocer que el uso de estas empresas puede constituir el lado oscuro de la profesión. Se tira la pelota al poder judicial, cuando en realidad estas cosas se pueden prevenir. Por eso, creo que el gremio de los despachos de abogados no está lo suficientemente comprometido con lo que es la prevención de la corrupción.
Quiero ser enfático especialmente para Latinoamérica. Al igual que en España, aquí en Perú se ha sancionado una ley que establece que los despachos de abogados deben implementar programas anticorrupción, deben hacer compliance. Creo que no debe reducirse a una sola parte del gremio o a un solo país, sino que es un problema transnacional.
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