Faltan solo cinco días para la segunda vuelta de las elecciones electorales en Costa Rica el próximo domingo 1 de abril y el electorado ya solo puede escoger entre dos candidatos: Fabricio Alvarado o Carlos Alvarado. Ambos candidatos, a pesar de compartir apellido, representan posiciones muy opuestas en algunas de las cuestiones que actualmente inquietan al país centroamericano.

Como democracia consolidada de la región, la celebración de elecciones en el país solía ser bienvenida como una gran fiesta de la democracia. En los comicios de este año, sin embargo, debates sobre los derechos civiles y los derechos humanos - que ya parecían superados - han reavivado la llamada de un conservadurismo que, quizás, estaba más extendido en la sociedad costarricense de lo que se quería pensar.

Costa Rica se enfrenta a un discurso que cuestiona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, si bien la intensidad se ha ido moderando al acercarse el 1 de abril, abogados y activistas de los derechos humanos han advertido que el Estado de Derecho está en riesgo.

Cuando decimos auge del conservadurismo hablamos de cómo, en cuestión de meses, la sociedad costarricense ha polarizado su postura sobre los derechos de las personas LGBTI. La mecha de un debate que quiere hablar de “cultura frente a derechos humanos” se encendió cuando el pasado 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo como respuesta a la opinión consultiva enviada por el actual Gobierno el 17 de mayo de 2016. Dicha consulta fue enviada por Casa Presidencial para que la Corte indicara si el país estaba en el buen o mal camino para garantizar los derechos de las personas sexualmente diversas. El Gobierno buscaba saber fundamentalmente dos cosas:

1. Si la Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, de tener un vínculo familiar protegido, como el de las parejas heterosexuales y otros derechos patrimoniales.
2. Saber si las personas transexuales tienen garantizado el derecho a cambiar su nombre en el registro, de acuerdo a su identidad de género.

Por unanimidad, la Corte IDH resolvió que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo modo, el fallo emitido hacía extensible su obligatoriedad a las 20 jurisdicciones que reconocen la competencia contenciosa de la Corte y añadía instrucciones para que estos derechos quedasen blindados desde el mismo día en que se hacía pública la decisión:

Podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras jurídicas existentes a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna.”

Emociones y elecciones

El fallo llegó un mes antes de la primera vuelta de las elecciones en Costa Rica. Antes de que cualquier persona LGBTI pudiera estar de celebración, los sectores más conservadores empezaron a ganar adeptos en un discurso marcadamente homofóbico y discriminatorio. Así, las fuerzas cristianas impulsaron la popularidad del candidato Fabricio Alvarado (del partido Restauración Nacional) en las encuestas, quien es diputado en la Asamblea Legislativa, experiodista y predicador de una iglesia evangélica, además de manifiesto opositor al matrimonio igualitario.

Siendo este el contexto, miles de seguidores contrarios a la unión civil entre parejas homosexuales hicieron que se multiplicara por cinco la intención de voto a favor de Fabricio, quien incluso llegó a proponer el retiro de Costa Rica de la Corte IDH.

Medios de comunicación costarricenses no habían previsto este escenario de incertidumbre y gran polarización en las últimas semanas previas a los comicios. Las cadenas de televisión tuvieron que afrontar el dilema de decidir cuáles candidatos serían invitados a participar en los debates electorales. Llegó el 4 de febrero y, efectivamente, Fabricio Alvarado pasó a la segunda vuelta con el exministro oficialista Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana.

La historia de los derechos humanos en Costa Rica muestra una característica particular, abogados y abogadas especialistas en la materia han enfatizado que el país centroamericano ha sido hasta ahora un referente muy importante en la región. Este año se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 40 de la entrada en vigencia del Pacto de San José, es claro que desde entonces Costa Rica ha tenido una relación muy cercana tanto con la Corte como con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pero las posiciones de Fabricio Alvarado plantean la necesidad de pensar en todos los escenarios posibles.

El candidato de RN manifestó inicialmente que, de tener que acatar la opinión consultiva, sacaría al país de la Corte IDH. Cierto es que más adelante aseguró que esa no sería la primera opción y, hace unos días, manifestó que ya “no era necesario”, pues hallarían una vía diplomática. Ante tanto vaivén de opiniones, no estaría de más encontrar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser esas vías diplomáticas?

Irene Aguilar y Mauricio Salas -Counsel en Derechos Humanos y socio de BLP, respectivamente– admiten que no se sabe cuáles son: 

Irene Aguilar

Se podría suponer que se refieren a una diplomacia de queja ante los órganos políticos de la OEA, aunque no queda claro cómo revertiría eso en la jurisprudencia reiterada de la CIDH en materia de derechos de la población LGBTI. Esto podría ser simplemente una forma de destensar el discurso extremista, para neutralizarlo o alinearlo con las obligaciones internacionales. La suerte y proyección internacional de un país pequeño y sin ejército como el nuestro depende muchísimo del respeto a las normas e instituciones del derecho internacional.”

Larissa Arroyo Navarrete, abogada feminista y especialista en Derechos Humanos y Género - además de activista -, añade que respecto a esas vías diplomáticas:

“Hay que tener en cuenta las veces que Fabricio ha cambiado de opinión. Aunque sabemos que él ha seguido con el discurso de que los sistemas de derechos humanos no deberían entrometerse en la soberanía de los estados, lo ha hecho ignorando toda la base de derecho nacional e internacional que es que los estados soberanos son los que deciden adherirse a esos instrumentos internacionales. Él ha ido moderando el tono y ahora dice que tal vez no nos retira. En este momento dicen que tendrían que ver cómo limitan eso que él y sus seguidores llaman ‘intromisión’, para que lo que dicta la Corte no sea mandatorio”. 

Larissa Arroyo Navarrete

Sea como fuere, otro de los interrogantes que surgen es qué está sucediendo en este momento. La argumentación del fallo de la Corte hablaba de modificar figuras jurídicas y ofrecer mecanismos de adaptación mientras los estados legislan para legalizar el matrimonio igualitario.

Irene y Mauricio cuentan que:

“La Presidencia considera que la opinión consultiva tiene obligatoriedad inmediata, ya que el país sigue un sistema monista en materia de derecho internacional. Sin embargo,  el Consejo Superior Notarial -la entidad superior con competencias sobre el matrimonio civil- se apartó de la postura del Gobierno de la República y emitió una decisión en la que negaba el carácter automático de la resolución de la Corte IDH, por lo que prohíbe a los notarios tramitar matrimonios de personas del mismo sexo. Esta decisión ha sido recurrida en varios procesos independientes ante la Sala Constitucional, pero todos están pendientes de fallo.” 

Derechos Humanos: un capital social

En el debate televisado por Repretel el 22 de marzo, Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado tuvieron que responder la siguiente pregunta: ¿Consideran ustedes, señores candidatos, que la Corte IDH ha contribuido de alguna forma al progreso económico y sociopolítico de la región de América Latina y concretamente en nuestro país?

Carlos Alvarado defendió que hay que decir que sí, porque “está en la creencia profunda de un país como Costa Rica. (…) Eso ha sido clave para nuestro país, en el respeto que tiene en el mundo como democracia, en temas de paz y en materia de derechos humanos. Eso, que son posiciones de principios, también ha sido rentable económicamente. Muchas personas invierten y vienen a Costa Rica porque somos baluarte en derechos humanos.”

Fabricio Alvarado no quiso negar la importancia de la defensa en el país de los derechos humanos, pero terminó finalmente por dejar clara su postura respecto a las competencias de la Corte IDH:

“Sí creo que la Corte puede significar muchas cosas y hacer muchas cosas positivas para este país, y las ha significado a través de la historia, pero en los últimos años se ha extralimitado en sus funciones. (…)”

Solo una semana antes, en una conferencia de prensa junto al candidato evangelista, el excanciller Roberto Tovar había dejado claro que “en primer lugar, no se vale que, con opiniones consultivas, la Corte quiera introducir temas contra nuestra cultura.” Y he aquí una de las cuestiones clave para entender cómo RN ha convencido a tanta gente en muy poco tiempo.

Según Arroyo Navarrete “hay un desconocimiento muy extenso en la sociedad sobre qué es democracia y qué es Estado de Derecho. Eso ha hecho que la discusión no se centre en una argumentación técnica, sino en una argumentación populista de que hay que salvar los valores tradicionales y cultura costarricenses. Se ha llegado al punto de defender que una mayoría puede tomar decisiones sobre los derechos humanos de las minorías. Todo eso hace que no recordemos la historia de cómo Costa Rica llegó a conformarse como un país de paz y como una de las democracias más consolidadas de América Latina”

En BLP añaden que “en efecto sorprende bastante que profesionales del Derecho y las Relaciones Internacionales salgan a los medios a afirmar que la defensa de lo que denominan ‘cultura’ o las ‘creencias de la mayoría’ pueda estar sobre los derechos de las personas y las minorías. Dichos derechos han sido reconocidos formalmente tanto internamente en el país como en los sistemas internacionales de protección. Parece que esta reacción política es parte de un fenómeno internacional más amplio, nos hemos dado cuenta de que Costa Rica es un país más conservador de lo que se pensaba, particularmente en temas que tienen que ver con la religión.” 

Mauricio Salas

Activistas y abogados de Derechos Humanos advierten del riesgo

Por si no fuera suficiente con la situación de incertidumbre y descontento entre los colectivos pro derechos humanos, 22 diputados de la Asamblea Legislativa enviaron una carta de protesta en contra de la respuesta de la Corte IDH. Abogados, abogadas y activistas en la materia han difundido comunicaciones de alerta con el fin de revalorizar el capital social que deben ser los derechos humanos en Costa Rica.

Herman Duarte -socio fundador de HDuarte Lex, además de fundador y presidente de Fundación IGUALITOS– respondió que “la moción de reclamo es extemporánea, evidencia un desconocimiento de cómo funciona el marco jurídico internacional y, sobre todo, eleva una alerta a potenciales violaciones al Estado de Derecho”. Otro grupo de expertos, activistas y defensores de los derechos humanos, entre los que se encuentran de hecho Larissa Arroyo Navarrete e Irene Aguilar, redactaron un texto que recordaba que:

Costa Rica fue el primer país en ratificar el Pacto de San José y también el primero en aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos fueron actos soberanos del Estado costarricense. Pretender desconocer hoy lo que con orgullo hicimos hace casi 50 años atenta contra la cultura visionaria de nuestros próceres, que siempre buscaron fortalecer nuestro Estado social, democrático y de Derecho.” 

Herman Duarte

¿Ha sido la sociedad costarricense consciente de su propio prestigio democrático? En BLP responden que “quisiéramos pensar que sí. Esperamos que el discurso extremista no tenga acogida o legitimidad. Aunque debemos decir que -siguiendo un patrón que se repite internacionalmente- los políticos con visiones más extremas sobre los problemas sociales fueron, en general, los que obtuvieron mayor tracción y atención de los medios. A nivel mundial, el estado liberal está en crisis.”

Preguntamos si han abusado los políticos del discurso autocomplaciente con la democracia en Costa Rica y si se podría haber hecho algo para evitar este retroceso. Según BLP, “para mantener el optimismo, diríamos que en años recientes, y bajo un consenso nacional, ha habido grandes avances en la protección de derechos.  Temas como el acceso de personas con discapacidad, el derecho a un medio ambiente sano, la inclusión y la diversidad han experimentado grandes avances en los últimos años.  Hasta el momento no habido ningún retroceso importante impulsado por el Estado. Lo que hemos tenido, y que es preocupante, es un discurso de fuerte intolerancia por parte de un sector político de base religiosa pero que en realidad no representa a la mayoría de la población. Esperamos que este discurso de exclusión no se llegue a materializar en acciones concretas.”

Larissa Arroyo insiste en la necesidad de explicar conceptos:

“Creo que efectivamente los políticos han buscado la manipulación. Ha habido otros temas que han sido muy interesantes, como el derecho a la educación para la sexualidad en el tema del aborto, se ha criticado también el cuestionamiento que se ha hecho a la imposición de estereotipos y roles de género. No creo que hayan abusado del discurso autocomplaciente, lo que sí creo es que ninguno de los políticos se ha enfocado en explicar a la ciudadanía -con palabras que puedan entender y conceptos que puedan desmenuzar– lo que es el Estado de Derecho en profundidad.”