Después de años de espera, el 21 de abril de 2017 nuestro país finalmente depositó en Estrasburgo el instrumento de adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido también como el Convenio de Budapest.
Se trata de la principal herramienta internacional para establecer los estándares mínimos de protección jurídica en materia penal, procesal penal y de cooperación internacional para delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas.
Si bien algunas de las obligaciones ya habían sido incorporadas por nuestro país, el principal cuerpo que regula los delitos informáticos en Chile data del año 1993, por lo que necesitaba urgentemente una adecuación a las nuevas formas de criminalidad. Así, tan pronto entre en vigencia el 1 de agosto de 2017, existirá la obligación de tipificar delitos como el phishing, se establecerá la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciberdelitos cometidos por sus dependientes, y habrá que reformar nuestro Código Procesal Penal, a fin de incorporar las herramientas procesales que el Convenio contempla, permitiendo la conservación en tiempo real de datos de tráfico en Internet, el establecimiento de un punto de contacto 24/7 y de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional.
En la misma línea, el 27 de abril, la presidenta lanzó la Política Nacional de Ciberseguridad de Chile. Enmarcada en la Agenda Digital 2020, sienta las bases para tener un ciberespacio libre, abierto, democrático y seguro. Se pone especial énfasis en la infraestructura de la información pública y privada resiliente, apuntando a las bases críticas de información (energía, telecomunicaciones, agua, salud, servicios financieros, entre otros), a lograr la continuidad de los servicios, contar con los CSIRT (Computer Security Incident Response Team), a tener mecanismos estandarizados de reporte de incidentes y a velar por los derechos de las personas en el Ciberespacio, entre otros. Con todo, estaremos en pie para desarrollar una cultura de ciberseguridad en torno a la educación, buenas prácticas y responsabilidad; fomentar las relaciones de cooperación con diversos actores, y desarrollar la industria de ciberseguridad.
Se trata de obligaciones dirigidas al sector público y privado que serán implementadas paulatinamente de aquí al año 2022. Por ello, es trascendental que el próximo gobierno dé continuidad a este plan y siga materializándolo. De lo contrario, será otra iniciativa que no llega a puerto pero que, en este caso, podríamos pagar bastante caro, teniendo en cuenta el contexto de ataques informáticos y seguridad en las redes.
Si bien resulta imposible controlar y anular los ataques informáticos, la implementación del Convenio de Budapest y la Política Nacional de Ciberseguridad de Chile van en la dirección correcta, posibilitando que en el futuro nuestro país cuente con un ciberespacio seguro.
}
Add new comment