En agosto de este año culminó el piloto de emisión de un bono de 110 millones de pesos con tecnología blockchain por parte del banco colombiano Davivienda (22.907 dólares). Lo novedoso de esta transacción es que es la primera en su tipo en América Latina y el Caribe: no solo usó tecnología blockchain, sino que también se valió de un token no fungible (NFT) y contratos inteligentes para la emisión del bono, así como para la inscripción, custodia, negociación, registro de pago, cumplimiento y para su cancelación.
Además, se realizó en un espacio llamado laArenera, controlado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en el que conviven e interactúan instituciones financieras tradicionales reguladas y sociedades no vigiladas en alianza con entidades supervisadas, como la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, aliada de Davivienda en la transacción.
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La prueba contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la emisión fue suscrita en su totalidad por BID Invest, brazo financiero del organismo multilateral. Este es uno de los 14 proyectos relacionados con criptoactivos aprobados para laArenera (sandbox), espacio que sirve para probar desarrollos innovadores que pueden ser aplicados en el mundo financiero, en el marco del programa Innova. Este espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera se sustenta en el decreto 1234 de 2020.
Este plan piloto dará paso a la regulación de las criptomonedas en Colombia. De hecho, se espera que próximamente la SFC, también llamada Superfinanciera, emita una circular externa que —de acuerdo con el organismo— beneficia a las entidades financieras que buscan ofrecer servicios en torno a activos virtuales, a los consumidores que podrán invertir en estos y a los emprendedores que han venido trabajando en iniciativas para abrir nuevos mercados a los criptoactivos. El proyecto está en estudio desde julio de este año.
Respecto a esta prueba y al avance de Colombia en materia de regulación de criptoactivos entrevistamos a abogados de dos bufetes locales.
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Regulación mínima
Sergio Rodríguez-Azuero, socio fundador de CMS Rodríguez-Azuero - Colombia, líder del área de derecho bancario y financiero y colíder del área de solución de conflictos, y Steffany Serebrenik Beltrán, asociada sénior de Godoy & Hoyos Abogados y especializada en derecho financiero, corporativo y societario, coinciden en que es necesario regular el mercado. Para Rodríguez-Azuero, conviene tener unas normas mínimas que soporten ciertas operaciones y eliminen incertidumbres, en lo posible.
“El país se continúa preparando ante una realidad que no puede ignorarse. Se transmite el mensaje de que las autoridades reconocen su existencia y analizan con cuidado las implicaciones que las criptomonedas pueden tener”, comenta frente a las implicaciones de regular esta materia.
En cuanto a desafíos, Rodríguez-Azuero considera que son comunes a los bancos centrales del mundo. “En la medida en que se extienda su aceptación como medio de pago, el Estado corre el riesgo de perder el monopolio sobre la creación y el poder liberatorio de la moneda”, agrega.
Desde su perspectiva, los criptoactivos abren la puerta a operaciones opacas y ciegas con potenciales efectos negativos por la pérdida de control sobre el lavado de activos y las operaciones criminales, además de dar lugar a no pocas estafas y defraudaciones a inversionistas incautos que son prácticamente imposibles de descifrar y perseguir. “Puede conducir, al menos durante un tiempo, a un estado de impunidad extendido”, manifiesta.
Aunque Colombia no cuenta con una regulación en la materia, tampoco la prohíbe, como ha ocurrido en otras jurisdicciones.
La asociada sénior de Godoy & Hoyos detalla que en ese país, hasta ahora, ha habido una serie de instrucciones de diversas autoridades de supervisión e inspección, con facultades sancionatorias, como la Superfinanciera, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Banco de la República, respecto a la naturaleza de operaciones que se pueden realizar con criptoactivos y las precauciones a tener en cuenta ante los riesgos que implican este tipo de inversiones.
Sin embargo, está convencida de que es necesario tener un marco regulatorio claro, pues cree que sería ventajoso para el país ubicarse como una jurisdicción jurídica competitiva de cara al resto del mundo, aunque con los riesgos que eso implica.
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Iniciativa legal
Sobre el proyecto de circular de la Superfinanciera, Rodríguez-Azuero explica que apunta a un sistema con las condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales, acceso a información amplia y suficiente, al igual que un sistema de administración del riesgo LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y un sistema de administración del riesgo de operaciones y de ciberseguridad.
El proyecto, además, establece que las entidades vigiladas por la SFC deben anunciar que no son responsables por los riesgos ni resultados de las operaciones que realicen los consumidores con los proveedores de servicios de activos virtuales.
En paralelo con la circular externa que prepara la Superfinanciera, en el Congreso de la República está en trámite un proyecto de ley que pretende regular los servicios de intercambio de criptoactivos que se ofrecen a través de las plataformas de intercambio. Este ya fue aprobado por la Cámara de Representantes a mediados de este año. Sin embargo, el proyecto no ha logrado avanzar, algo que se atribuye al cambio de Gobierno y del Poder Legislativo tras las elecciones de agosto pasado.
Serebrenik Beltrán, quien también es profesora de la Universidad del Rosario, prefiere hablar de cautela y no de lentitud al referirse a la regulación colombiana en materia de activos digitales. Considera que, aunque lento, el país va “seguro, con un proyecto de ley que está en proceso de ser analizado”, considerando experiencias pasadas en relación con el sector financiero, considerado clave en la economía local.
De acuerdo con el socio de CMS Rodríguez-Azuero, el proyecto legal y la circular externa de la SFC pueden complementarse adecuadamente. Sin embargo, sugiere la necesidad de unificar el lenguaje para hacer referencia a los proveedores de criptoactivos y a las actividades que sean realizadas por ellos.
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Aceptación entre los colombianos
Rodríguez-Azuero observa que en toda la región el tema de los criptoactivos hace parte de proyectos regulatorios, con respuestas que oscilan entre dos extremos: en El Salvador se ha reconocido el bitcoin como moneda de curso legal y en Bolivia el Banco Central prohibió el uso, así como la comercialización de este tipo de activos.
“En general podríamos decir que la tendencia es a reconocerlos como activos financieros, pero rechazar de entrada su reconocimiento como medios de pago”, expresa.
¿El mercado está preparado? El abogado considera que hay un segmento de potenciales inversionistas atraído por la posibilidad de adquirir criptoactivos, con la frecuente expectativa de obtener utilidades extraordinarias, es decir, con fines especulativos. Pero hablar de criptoactivos requiere el conocimiento de que acarrean diferentes riesgos (uno de ellos, su gran volatilidad, a menos de que se trate de una stablecoin) y no todo el público debería estar dispuesto a asumirlo. Hace apenas un día, como ejemplo de redflag, la prensa alertó la súbita pérdida de la fortuna del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, relacionada con la falta de liquidez de su organización.
“Probablemente hay una minoría que puede estar verdaderamente interesada en transar con ellos y que buscaría poderlos utilizar como medios de pago, lo que no se autoriza ni reconoce, por lo pronto, en Colombia”, comenta.
Serebrenik Beltrán cree que en todo este proceso es importante la educación financiera, de manera que la gente sepa cuáles son los riesgos de hacer determinada transacción para evitar experiencias negativas pasadas, como las crisis financieras de 2008 y 2011 y de las estafas piramidales.
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