Anticorrupción: Las recomendaciones que la GAFI y la OCDE impulsan como eje para 2023

De acuerdo con Sánchez, si bien se contrajo la inversión en los programas de cumplimiento de las empresas, estos no se han detenido. / Unsplash.
De acuerdo con Sánchez, si bien se contrajo la inversión en los programas de cumplimiento de las empresas, estos no se han detenido. / Unsplash.
Héctor Sánchez se presentará el lunes en la Conferencia Anual de la International Bar Association (IBA), con el panel 'Actualización sobre la estrategia global contra la corrupción'.
Fecha de publicación: 27/10/2022

El último Reporte Global de Transparencia Internacional advierte un 'estándar bajo' en la lucha contra la corrupción, ¿a qué se debe esta tendencia? Para Héctor Sánchez, asociado de Greenberg Traurig en México, la razón es que, a nivel global, hay una necesidad de enfocar los recursos en atender situaciones más inmediatas.

Héctor Sánchez
Héctor Sánchez

“Si comparamos los números actuales de investigaciones y recursos destinados a la lucha contra la corrupción con años anteriores, podemos notar una baja sensible. Eso se explica por los esfuerzos focalizados que, hasta ahora, se siguen desplegando para salir de la crisis económica y también para lidiar con los escenarios de conflicto global que incrementan la inestabilidad. Estos esfuerzos han apartado el foco de la lucha contra la corrupción”, refiere. 

El especialista en asuntos regulatorios y de cumplimiento se presentará este lunes en la Conferencia anual de la IBA (International Bar Association), que vuelve a la presencialidad en Miami. Sánchez atenderá el panel Actualización sobre la estrategia global contra la corrupción (Global Anti-Corruption Update).


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En entrevista con LexLatin, Héctor Sánchez destaca un aspecto esencial para abordar de forma estratégica la lucha contra la corrupción. Se trata de romper el paradigma de que sea una problemática combatida principalmente desde un enfoque gubernamental y, con ello, asumir que los gobiernos son los principales responsables de los marcos de acción en la materia. 

“Creo que el sector privado y la sociedad tenemos una corresponsabilidad para trabajar el cambio de mentalidad: la corrupción no es solo culpa del gobierno. En ese sentido y ante un escenario en el que se ha bajado la guardia, considero fundamental articular fuerzas desde los sectores privados, la sociedad y el gobierno. Tenemos que seguir dando la lucha y concertar desde nuestras trincheras”.

A decir del abogado, el debilitamiento de la lucha contra la corrupción por parte de los gobiernos ha desincentivando la inversión en las empresas, volviéndola más selectiva.

En ese sentido, el sector corporativo ha hecho un balance para atender aspectos más urgentes como el flujo necesario para asumir el pago de salarios, sin que eso implique detener sus planes y, menos aún, el mantenimiento de sus programas de cumplimiento. 

“Durante la pandemia y a la fecha hemos seguido trabajando de cerca con muchas empresas para implementar políticas de integridad, controles financieros y programas (de cumplimiento). Si bien hemos visto una reducción en esta actividad, la mayoría, por sus obligaciones a nivel de gobierno corporativo, ha sostenido sus programas. A lo mejor no han seguido la inversión proyectada en el plan que iniciaron hace cuatro años, pero tampoco la han dejado de lado. A estas alturas, las empresas son conscientes de que el área de cumplimiento es un área que no es posible dejar morir”.


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Aunque tímidamente, hubo innovación

Ante la consulta sobre indicios de innovación en la materia durante la pandemia, el especialista menciona una iniciativa impulsada desde octubre de 2021. Se trata de la creación de una línea telefónica para denuncias anónimas a nivel de gobierno, un acuerdo colaborativo entre El Salvador, Guatemala y Honduras con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

“De esta iniciativa destaco el componente colaborativo, no solo a nivel de recursos, que son tan escasos en varios países de Latinoamérica, con énfasis en Centroamérica. Observo como algo innovador el compromiso de mantener una comunicación activa entre países”.

Consultado sobre la importancia de los lineamientos ESG respecto de una labor preventiva en relación con la corrupción, el asociado de Greenberg Traurig, enfatiza en los altos estándares que en atención al eje de gobernanza se transversalizan al interior de las organizaciones y las firmas a nivel global: 

“La aplicación de estándares ESG ayuda mucho al fortalecimiento de los programas de cumplimiento. El rigor de estos estándares es mucho más alto que, incluso, lo que exige la propia ley o las políticas de gobierno en la materia. Además, contribuyen a generar una cultura contra la corrupción, que es algo poco usual cuando revisamos los marcos jurídicos en la materia, que suelen sancionar el acto, pero no prevenirlo”. 

Finalmente, consultado sobre las tendencias que se avizoran hacia el 2023, Héctor Sánchez destaca las recomendaciones de la GAFI y la OCDE, así como la adopción de la tecnología para una gestión más transparente de las contrataciones públicas.

“Lo primero que veo en el horizonte es la adopción de la famosa Recomendación 24 de la GAFI. La recomendación, que salió apenas en marzo, dice que ahora cada país miembro de la GAFI tendrá que establecer un registro de beneficiarios finales o una alternativa que sea suficiente para que los países y las autoridades puedan poseer y controlar, es decir, saber quién posee y controla en última instancia a las empresas”.  

El especialista detalla que, a estas alturas, países como México y Estados Unidos ya han implementado esta medida. 


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Respecto de la recomendación de la OCDE, el especialista sugiere su revisión para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. 

En noviembre del año pasado, la OCDE, el Consejo para la Organización y la Cooperación del Desarrollo Económico, adoptó una recomendación que fue revisada. Esta ya existía hace diez años, pero se revisó para impulsar el uso de resoluciones no judiciales para los casos de corrupción trasnacional, incentivar a las empresas a tener programas de cumplimiento y brindar protección integral y efectiva a los denunciantes anónimos”. 

El abogado también hace referencia a la importancia del uso de la tecnología para transparentar los procesos de contratación pública y el acceso a información que ofrece una vigilancia más rigurosa y que motiva, por ende, a un comportamiento de acuerdo con estos estándares.

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