Hace pocos días, Fitch Ratings rebajó nuevamente la calificación de la estatal Petróleos del Perú - Petroperú. Ya lo había hecho en marzo, pasaron seis meses y la situación financiera de la compañía desmejoró, de acuerdo con el informe de la calificadora, hasta el punto de que la llevó a asignar “BB+” (bono basura) desde “BBB-” a su deuda de largo plazo en moneda local y extranjera, así como a su deuda sénior no garantizada.
En ambos casos mantuvo el Rating Watch Negativo (RWN) u observación negativa. El perfil crediticio de la empresa pasó de “CCC” a “CCC-”, lo que dificulta su financiamiento al hacerlo más costoso y la pone en riesgo de incumplir sus compromisos.
Fitch Ratings determinó en su informe “un debilitamiento en la liquidez de Petroperú, alto apalancamiento persistente, insuficiente apoyo del gobierno e incertidumbre relacionada con su capacidad para mantener sus líneas de crédito”.
La calificadora subraya aspectos preocupantes como que la empresa haya revelado que líneas de crédito renovables no comprometidas por 1.200 millones de dólares -de un total de 2.900 millones de dólares- estén en revisión por los acreedores.
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Asegura que un préstamo del gobierno por 750 millones de dólares para pagar principal e intereses con un período de gracia hasta agosto de 2024, aunque necesario, se queda corto en proporcionar el colchón de liquidez que la compañía necesita para capital de trabajo y servicio de la deuda. Advierte que el RWN se ha mantenido para reflejar la incertidumbre sobre su capacidad para proporcionar sus estados financieros auditados correspondientes a 2021, lo que Petroperú se ha comprometido a hacer a finales de este mes y que —espera— la ayude a recuperarla confianza de sus stakeholders.
Fitch Ratings calcula que la estatal mantendrá una deuda estructural de unos 5.000 millones de dólares en los próximos dos años. Espera que la finalización del proyecto de modernización de la Refinería Talara, que Petroperú espera entre en operación comercial en este trimestre, contribuya a disminuir drásticamente el gasto de capital de la empresa después de este año.
Aunque la agencia no detalla al respecto, menciona en su informe la exposición al riesgo de interferencia política que tiene la compañía y que, sin duda, impacta en la calificación de su deuda.
En marzo fue removido del cargo Hugo Chávez Arévalo, nombrado por el presidente Pedro Castillo para dirigir la empresa. La delicada situación financiera de la petrolera y supuestos casos de corrupción precipitaron su salida a solo seis meses de haber asumido la gerencia general. Hoy la presidencia de la compañía está en manos de Humberto Campodónico Sánchez.
¿Qué significa la calificación de “bono basura”?
La noticia de Fitch Ratings no llega de sorpresa, ya en marzo de este año un análisis de Standard & Poor’s había determinado la pérdida de grado de inversión de Petroperú al asignar calificación “BB+” desde “BBB-”. En abril la revisión de la deuda de Petroperú por parte de S&P también fue a la baja al pasar de “BB+” a “BB”.
BBVA explica que un “bono basura” (high yield, en inglés) son bonos de alto rendimiento emitidos por empresas o Estados y presentan un alto riesgo de impago de capital e intereses, por lo que ofrecen como compensación una elevada rentabilidad.
En el caso de Fitch Ratings y S&P son calificaciones de grado especulativo “BB”, “B”, “CCC”, “CC” y “C”.
La respuesta de Petroperú
La compañía admitió en un comunicado que la demora en la presentación de sus estados financieros auditados de 2021 ha generado restricciones en las líneas de crédito habituales de la banca nacional e internacional. El directorio de la empresa aprobó hace unos días el informe de la compañía de auditoría.
Señaló que el alto nivel de apalancamiento obedece a los requisitos para la ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara en el que son invertidos 5.290 millones de dólares sin intereses preoperativos, la obtención del apoyo financiero del gobierno por 750 millones de dólares necesario para atender obligaciones de corto plazo con proveedores de crudo y productos, así como el pago de derechos arancelarios e impuestos asociados ante el cierre de líneas de crédito por la demora en la presentación de los estados financieros de 2021. Además, están documentos cancelatorios hasta por 128,4 millones de dólares (500 millones de soles al 20 de septiembre) para asegurar la comercialización de hidrocarburos en el mercado local.
Aseguró que a pesar de que un porcentaje de las líneas de crédito está en evaluación hasta la presentación de los estados financieros auditados de 2021, ha mejorado la disponibilidad de estas de 1.296 millones de dólares al cierre de marzo hasta 1.631 millones de dólares al 12 de agosto.
Tras destacar que logró revertir la perspectiva negativa a estable en el informe de S&P de julio pasado, anunció la implementación de medidas para fortalecer la gobernanza corporativa, lo que incluye un marco normativo que permita que el directorio sea elegido por meritocracia.
Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, dijo recientemente que una vez que se conozca la auditoría de la petrolera quedará demostrado que no tiene problemas financieros importantes. De allí que cree que a partir de entonces habrá una mejora en la calificación en unos meses. Cree que lo que ha hecho Fitch Ratings es nivelar la calificación de la empresa con la que presentó S&P en marzo pasado.
Lo que puede hacer la empresa para mejorar la calificación
Fundada en 1969, Petroperú es propiedad de los ministerios de Energía y Minas (60 %) y de Economía y Finanzas (40 %). La compañía produce, transporta, refina, distribuye y comercializa hidrocarburos y derivados.
Entendiendo la importancia estratégica de las empresas nacionales de petróleo y gas (NOC) en América Latina para el suministro de energía a sus países, advierte que un incumplimiento podría tener consecuencias sociales y financieras potencialmente negativas.
Basándose en esto, Fitch Ratings considera que se puede considerar una actualización de la calificación si el gobierno realiza una inyección de capital, capitaliza su préstamo y/o garantiza una mayor porción de la deuda de Petroperú, mientras que revisaría el RWN una vez que la empresa proporcione estados financieros auditados calificados de fin de año 2021 y brinde mayor confianza en relación con su capacidad para mantener líneas de crédito.
Consultamos al respecto al economista peruano Manuel Romero Caro, quien considera que el problema fundamental de corto plazo de Petroperú es su elevado endeudamiento.
De allí que ve dos salidas a la crisis de la empresa, privatizar o la capitalización de acreencias por parte del Gobierno. Sin embargo, destaca que, por razones ideológicas, el gobierno de Pedro Castillo nunca aprobará la privatización de Petroperú. Además, resalta la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas de capitalizar deudas por unos 2.000 millones de dólares para que la empresa pueda operar adecuadamente.
En entrevista con LexLatin, Petroperú tiene otros problemas más estructurales, entre los que destacó "la Nueva Refinería de Talara, que se supone que va a estar concluida este año (luego de diversos errores, importantes atrasos y significativos escalamientos de costos). El proyecto nunca debió de construirse, pero el gobierno de Ollanta Humala lo aprobó contra viento y marea".
Comentó que se suponía que el objetivo principal del proyecto era procesar adecuadamente los crudos pesados de la selva peruana, pero durante el prolongado período de construcción se descuidó el mantenimiento del viejo Oleoducto Nor Peruano, que llevaría los crudos pesados a Talara, no existieron condiciones para la exploración en la selva y se manejaron inadecuadamente las relaciones con las comunidades nativas que viven en la ruta del oleoducto.
"El resultado de lo anterior es que tenemos un ducto que se paraliza frecuentemente y cuya modernización requeriría de unos 2.000 millones (aunque Petroperú no ha emitido una cifra oficial al respecto). Entonces tenemos una refinería que nos costaría bastante más de US$ 6,000 millones y no tiene la materia prima para operar, por lo que PP tendría que importar crudo pesado de Ecuador. Hemos gastado más de $ 6,000 millones para importar crudo pesado de Ecuador!!! Mejor no hubiéramos desarrollado el proyecto y, simplemente, importábamos gasolina del exterior!!!", agregó.
En consonancia con lo que señala Fitch Ratings en su informe de evaluación, Romero Caro, resaltó que, además, hay graves problemas de gobierno corporativo, pues "la transparencia brilla por su ausencia. Por ejemplo se engañó a toda la ciudadanía sobre el proyecto, presentándolo con una modernización de la vieja refinería, cuando se trataba de una refinería completamente nueva. Solo por la labor del diario Gestión se logró destapar la verdad y los máximos ejecutivos de la empresa lo admitieron".
A esto agrega que que permanentemente han tratado de subestimar el monto de inversión de la Nueva Refinería de Talara, excluyendo del total el servicio de deuda preoperativo. "Como se retrasado tanto empezaron a vencer diversos créditos, pero tanto los pagos de intereses y de principal se excluyeron del monto de inversión", manifestó el exdecano del Colegio de Economistas del Perú.
De allí que concluye que la empresa requiere tener objetivos muy definidos y llevar a cabo una reestructuración total.
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