Finalmente, El Salvador lanzó la oferta de compra anticipada de dos series de bonos que había anunciado a finales de julio y que el Ministerio de Hacienda estimó sería presentada antes del 15 de septiembre.
Los títulos objeto de la operación son aquellos con cupón de 7,75 % y vencimiento en enero de 2023 y con cupón de 5,875 % y vencimiento en 2025, por un monto total de 1.600 millones de dólares.
La oferta está abierta a los tenedores desde el 12 de septiembre, se extenderá hasta el 20 de del mismo mes y será liquidada dos días más tarde.
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A través de esta negociación, el Gobierno salvadoreño intenta recomprar en efectivo bonos por un monto máximo de 360 millones de dólares, tomando en cuenta que no toda la deuda está disponible, de acuerdo con información suministrada por el presidente Nayib Bukele en su cuenta en Twitter.
Según el documento de oferta, el país ofrece pagar 910 dólares por cada 1.000 millones de dólares en bonos que vencen en 2023 y 540 dólares por cada 1.000 dólares de los que vencen en 2025, presentados válidamente y aceptados para la compra. Ambas series de bonos fueron emitidas por 800 millones de dólares cada una.
En esta transacción, Deutsche Bank Securities actúa como dealer manager.
Solución parcial
Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, ha dicho que el país cuenta con fondos para sufragar la operación. Estos provienen de Derechos Especiales de Giro (DEG) depositados en el Banco Central de Reserva (BCR) y asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2021, estos equivalen a 360 millones de dólares. Además, dispone de un préstamo de 200 millones de dólares, que suscribió en agosto de este año con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sn embargo, medios salvadoreños reflejan la opinión de economistas que aseguran que los recursos con los que cuenta el país no son suficientes para costear la recompra planteada, aún cuando ha perdido valor como consecuencia de las bajas calificaciones crediticias asignadas al país.
Precisamente y tras conocer la oferta de recompra, Fitch Ratings rebajó la calificación de El Salvador de "CCC" a "CC", tomando en cuenta lo "grave" de su situación de liquidez que —asegura— puede debilitarse con la operación planteada.
Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a LexLatin que esta una medida arriesgada por parte del gobierno salvadoreño, especialmente porque tiene monto máximo definido, lo que puede producir que el precio de mercado de los bonos ofrecidos crezca y no sea suficiente la cantidad de recursos disponible.
"Creo que es un intento del gobierno de, al hacer la transacción y comprar cierta parte de los bonos, ganar confianza de los mercados, bajar el riesgo que se refleja en indicadores como el Emerging Markets Bonds Index (EMBI) y convencer al FMI y a otros entes de la conveniencia de apoyar a El Salvador, que está listo para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, como no es algo acostumbrado, genera escepticismo sobre todo ante la posibilidad de los bonos volcán".
Señaló que, si bien el Presidente Bukele es muy popular dentro de El Salvador, los agentes económicos fuera del país no perciben que las finanzas de la nación sean sostenibles y de allí el incremento del riesgo que hoy muestra.
El mandatario salvadoreño acaba de anunciar su intención de reelegirse en los comicios que se realizarán en 2024, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. A tal fin se vale de una resolución aprobada por miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia electos por el gobierno tras la destitución de los anteriores.
Para el especialista es necesaria una revisión estructural de las finanzas del país centroamericano, cuyo problema no es solo de ingreso, sino también de gasto.
La deuda externa de El Salvador equivalente a 90 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Decisión inconveniente
Hace un año entró en vigencia en El Salvador la Ley Bitcoin. Desde entonces, algunos organismos e instituciones como el FMI y el Icefi vieron inconveniente la adopción de la criptomoneda por los riesgos que acarreaba.
A propósito del aniversario de la norma, el Icefi planteó la necesidad de que la Asamblea Legislativa la derogue, tomando en cuenta los resultados de un análisis técnico propio que muestra "un balance negativo, con grandes costos para la sociedad salvadoreña y sin beneficios tangibles".
En su momento el Icefi advirtió el riesgo de que El Salvador adoptara el bitcoin como moneda de curso legal, dado el uso de recursos tributarios para cubrir los costos de esta medida.
Calcula que para implementar la Ley Bitcoin la Asamblea Legislativa aprobó 225,3 millones de dólares y a la fecha no se ha publicado información en relación con el manejo de esos fondos que, en un contexto como el actual caracterizado por alta inflación y una pérdida en el bienestar de la población, podrían utilizarse para fortalecer la educación, la salud o la protección social, con énfasis en los grupos más vulnerables.
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De allí que cree indispensable liquidar el Fideicomiso Bitcoin, rendir cuentas a la sociedad sobre el mismo y destinar sus recursos a rubros que procuren mejorar el bienestar de los salvadoreños.
Cuestiona que no exista información oficial pública sobre cuántos bitcoin ha comprado el Estado salvadoreño y el monto gastado para ello más allá de la suministrada por el presidente Bukele en Twitter.
“Considerando el precio de mercado de los montos mencionados en esos mensajes, así como el precio de mercado actual de la pérdida en la reserva de valor puede estimarse en más de 60 millones de dólares. Este costo es a todas luces excesivo y oneroso para la población y los contribuyentes salvadoreños”, señaló el Icefi.
Para la institución, haber adoptado el bitcoin, sumado al deterioro institucional, ha provocado dificultades serias para que el gobierno acceda a fuentes para financiar el déficit fiscal como ha ocurrido con un acuerdo de servicio ampliado con el FMI, que contempla apoyo financiero de 1.300 millones de dólares, pero que a la fecha no se ha concretado.
A ello agrega que el perfil de riesgo del país medido por el EMBI se ha incrementado en más de un 200 % desde que se aprobó la Ley Bitcoin, lo que implica que, ante una eventual colocación de deuda soberana, los prestamistas en el exterior exigirían una tasa de interés excesivamente alta por considerarlo un acreedor con alta probabilidad de no poder sus obligaciones en el futuro.
A comienzos de este año el gobierno salvadoreño planteó la emisión de los llamados bonos volcán, respaldados por criptodivisas, pero a la fecha no ha podido concretar la operación, ha sido pospuesta en varias ocasiones. El gobierno tenía previsto financiar la construcción de Bitcoin City con los fondos que esperaba recaudar por esta vía.
Icefi tampoco ve cambios en el marco institucional y legal del país para evitar la evasión tributaria y otras formas de fraude fiscal a través del uso del bitcoin y para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de conformidad con las normas del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
Si bien la institución plantea la derogación de la Ley Bitcoin, sugiere establecer un mecanismo regulatorio para las empresas y personas que, de manera libre y voluntaria, quieran seguir utilizándolo.
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