Recientemente y con ocasión de su discurso para conmemorar los primeros 100 días de Gobierno, Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, anunció la venta de 49 % de las acciones del Banco de Costa Rica (BCR) y otros activos del Estado, incluyendo la subsidiaria del BCR (Banco Internacional de Costa Rica – BICSA- y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
El anuncio generó gran polémica en el país por lo sorpresivo, incluso para las autoridades del BCR, la institución bancaria más antigua del país y la segunda más grande, así como para la Asamblea Legislativa, que debe revisar y autorizar si procede esta decisión del Ejecutivo.
Se calcula que con la venta del conjunto de activos estatales el país logrará una disminución de su deuda de entre 2 % y 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que para cierre de año se proyecta que esta oscile entre 69 y 70 puntos del PIB, según cálculos del Instituto Centroamericano de Finanzas Fiscales (Icefi).
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Para Abelardo Medina Bermejo, coordinador del área de análisis macrofiscal de la institución, la venta representa una salida parcial, coyuntural, al problema de endeudamiento creciente de la nación centroamericana.
Advierte que hay que evaluar bien la medida y -sobre todo- el aporte que hacen las empresas mencionadas a los ingresos regulares del Estado para que no se vaya a generar un problema de liquidez en el mediano plazo.
“En el corto plazo la decisión representa una reducción de la deuda, pero sí el aporte de estos bancos es importante en ingresos al sector público no financiero de Costa Rica, el efecto de venderlos puede revertirse en el mediano plazo”, manifiesta el economista.
Sobre el impacto de la medida para el país y la región, el especialista comentó que, técnicamente, Costa Rica, como Estado, es el más importante socio bancario de la región centroamericana.
Cree que el hecho de que los activos sean vendidos a agentes privados implicará el fortalecimiento de la competencia bancaria, pero siempre y cuando no se vayan a adquirir una condición de monopolio o que la medida vaya a ser un problema para la estabilidad y solidez a largo plazo de los bancos.
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También habrá que ver —de acuerdo con el analista— que los interesados, sobre todo si se trata de bancos internacionales, quieran comprar solo una porción (49 %), cuando -por lo general- buscan hacerse de la mayoría de acciones.
Para Medina Bermejo, la privatización parcial planteada implicará cambios en el modelo de gobernanza corporativa, así como en las inversiones, tasas de interés y direccionamiento del crédito y otros asuntos que hoy decide el Estado.
"Una vez que concrete la venta, aunque mantenga el control, va a tener que entenderse con los otros accionistas, expresó.
Ingreso fiscal, problema de fondo
Medina Bermejo comentó que el problema de Costa Rica no es coyuntural. “Vemos una situación estructural, gastos insuficientes, pero también ingresos insuficientes para cubrir los gastos”, comentó en entrevista.
De allí que la recomendación al país sea buscar mecanismos para elevar los ingresos, lo que implica reestructurar y definir el sistema tributario y optimizar la recaudación para que, poco a poco, pueda revertir el saldo creciente de su deuda. Al mismo tiempo, sugiere reducir y optimizar el gasto, así como eliminar focos de corrupción.
También comentó que el Estado costarricense tiene altos niveles de incumplimiento tributario y no se tiene una estrategia para combatir esto. Además de que tiene tratamientos tributarios preferenciales (gasto tributario), no pago de impuestos, que en muchos casos no son apropiados y hay que eliminarlos, pues no se traducen en beneficios para la población.
El economista del Icefi considera que el país centroamericano tiene un sistema tributario no recomendable, por lo que cree que impulsar un impuesto sobre la renta global podría ayudar a eliminar la evasión, además de fortalecer la facturación electrónica, entre otros mecanismos, un plan que —calcula— se llevará entre cuatro y cinco años.
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