En junio, un estudio —calificado como “pionero”—, que cuantifica la influencia socioeconómica de la profesión jurídica, llevado a cabo y publicado por la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), mostró que los países que defienden firmemente el Estado de Derecho obtienen mayores beneficios socioeconómicos que aquellos que no siguen los principios de un Estado de derecho. Con este informe, la IBA demostró de forma cuantitativa lo que las disciplinas sociales ya han señalado en otras oportunidades: el acceso a la justicia genera bienestar y crecimiento.
Este es el primer estudio de impacto de esta naturaleza que hace la Asociación. En él, entre otras revelaciones, se determinó que los abogados y todos los trabajadores de la profesión jurídica contribuyen directamente con 787.000 millones de dólares en ingresos por servicios jurídicos, 191.000 millones de dólares en contribuciones fiscales y 637.000 millones de dólares en “efectos ecosistémicos” para la economía mundial.
Más allá de los beneficios derivados de este impacto económico, las aportaciones de la profesión legal, especialmente en cuanto fortalecen el Estado de derecho terminan redundando en crecimiento económico. Tan solo veámoslo de manera simple: una nación donde hay protección jurídica es más atractiva para los inversores extranjeros.
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Sobre este punto en particular, Almudena Arpón de Mendívil, presidenta de la IBA, señala —en entrevista para LexLatin— que la profesión legal puede tener una mayor influencia si mejora en varios procesos, como facilitar el acceso a los servicios jurídicos, pues “al final, este es un elemento clave para permitir el acceso a la justicia”.
Es por esto que la Asociación trabaja en este campo, promoviendo sistemas alternativos a los procesos judiciales más accesibles que ofrezcan mayor seguridad, como mediaciones y arbitrajes simplificados. “También estamos estudiando fórmulas para incentivar el trabajo pro bono e impulsar la asistencia jurídica gratuita de calidad”, dice antes de precisar que este no es un tema que los abogados puedan atender por sí mismos, ya que requiere que la iniciativa pública asuma una mayor parte de la financiación de la asistencia jurídica.
“Otra medida consiste en dar más visibilidad al rol de los abogados y al significado del Estado de derecho, educar en esos ámbitos. Hemos empezado a hacerlo intensamente con la promoción de este informe, que se suma a muchas otras iniciativas de la IBA a través de su Rule of Law Forum y de otros comités de trabajo. Al final, el Informe nos ha mostrado una realidad que no podemos ignorar y en la que la profesión legal debe trabajar de una forma cohesionada y sostenida para conseguir los mejores resultados”, indica.
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A pesar de que este Informe de Impacto confirmó que la profesión legal contribuye al crecimiento social y económico, en cuanto mayores garantías jurídicas existan, hay una brecha de percepción con respecto a la aportación positiva de la profesión jurídica a la sociedad: solo 54 % del público cree que los abogados tienen un impacto económico y social positivo. Entonces, ante la pregunta de a qué se debe esta brecha y cómo puede cerrarse, la presidenta de la IBA recuerda, en principio, que esta brecha es injusta, “porque la realidad es que los más de 12 millones de abogados de todo el planeta son esenciales para que las sociedades funcionen correctamente, para que personas, empresas y Estados podamos relacionarnos”.
Para ella, la brecha existe por la combinación de varios factores. Uno de los primeros es que existen estereotipos negativos sobre los abogados debido a casos puntuales en los que algunos abogados “se conducen de forma poco ética o movidos únicamente por intereses económicos”. Otro factor es que, por el derecho fundamental a la defensa legal y la naturaleza contradictoria de los procesos judiciales, los abogados representan ‘a los buenos’ y ‘a los malos’, “y el público a menudo identifica al abogado con el cliente, lo cual es un error” que se suma al hecho de que —explica— los abogados comunican poco y mal la dimensión de su trabajo y esto deriva en que su trabajo pro bono y todos sus esfuerzos en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos suelen hacerse invisibles y pasar desapercibidos.
Esta es la razón por la que no se debe perder de vista que es prácticamente imposible dar un paso dentro de la sociedad sin que intervenga el Derecho y, por tanto, los abogados. Además, si tuviesen que enumerarse las tres mayores contribuciones del profesional jurídico al Estado de derecho sería bueno no olvidar que el trabajo de los abogados es vital para el buen funcionamiento de la justicia, “permitiendo que los tribunales conozcan asuntos bien preparados, asegurando el buen desarrollo los procedimientos y, sobre todo, la independencia de los tribunales”.
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Asimismo, la participación de los abogados en los procesos legislativos también es fundamental, velando por que se sigan los procedimientos establecidos para su aprobación y que se les dé la difusión correcta.
“Los abogados deben contribuir a la educación legal de los ciudadanos, sin el conocimiento de sus derechos difícilmente podrán reclamar su respeto. Este es un área estrechamente vinculada al acceso a la representación legal y a la justicia, donde la labor de los abogados debe ir acompañada del apoyo institucional”, precisa.
Pero quizá la mayor contribución que los profesionales jurídicos hacen es precisamente la que garantiza el Estado de derecho, que es la base fundamental de todo proceso dentro de una sociedad:
“La base del Estado de derecho es la separación de poderes y el control del Poder Ejecutivo por el Poder Judicial, de modo que todos respondan conforme a leyes aplicables de manera justa e igualitaria. Una de las conclusiones del informe es que un Estado de derecho sólido puede conseguir una reducción del 25 % de extralimitaciones del Ejecutivo".
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Y he ahí por qué la IBA hizo este Informe, no para que parezca una “defensa” autopromocional de la profesión sino porque, como cita la presidenta de la Asociación, “lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre”, especialmente porque, para ella, una vez que se tiene el conocimiento, este es irremediable.
“Saber que nuestro trabajo tiene un impacto positivo indirecto en el crecimiento económico a través de la fortaleza del Estado de derecho, en la igualdad e inclusión, la educación, el medio ambiente, la salud y bienestar, conlleva consecuencias”, indica.
Consecuencias como que los abogados comparten una responsabilidad colectiva basada, fundamentalmente, en que los gobiernos e instituciones valoren la importancia de contar con una profesión legal fuerte e independiente y que valoren la importancia del acceso a la representación legal y a la justicia, aportando los medios necesarios para eliminar las actuales barreras a este.
Lo que, tomando en consideración que el informe determinó que los países con mejor acceso a la justicia tienen 25 % menos de casos de extralimitación gubernamental, no es un hecho menor. Es, como indicó el estudio de impacto, una realidad que los países con una profesión jurídica fuerte e independiente pueden exigir cuentas a los gobiernos, atraer más inversiones, brindar una mejor atención médica y mejorar la equidad de género al aumentar la asistencia jurídica al mismo nivel que se observa en el cuartil superior de países.
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Un Estado de derecho no puede solamente reducir la desigualdad en 5 %, sino también ayudar a los países a lograr una mayor esperanza de vida, una mayor penetración de la educación, reducir la contaminación urbana, una mayor participación en el empleo regular y la capacitación y una mayor protección de las minorías.
Por ahora, la IBA promueve iniciativas para la igualdad, la diversidad y el bienestar en la profesión jurídica, como mejorar el acceso a la representación legal, mediante la publicación de investigaciones sobre cómo reducir las barreras de acceso y la colaboración con instituciones como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
También promueve su Premio Pro-Bono anual, sobre los abogados que apoyan a los ciudadanos, mientras que la aplicación eyeWitness to Atrocities, fundada por la IBA, sigue utilizándose para recopilar posibles pruebas críticas para las instituciones nacionales e internacionales que investigan y procesan a los presuntos autores de crímenes atroces, entre muchas otras actividades, como la formulación de políticas, la condena a las acciones estatales que socavan el Estado de derecho; la difusión de investigaciones y directrices sobre cuestiones como las violaciones de los Derechos Humanos, el arbitraje, la regulación de la inteligencia artificial (IA), los impuestos, las leyes antimonopolio y la insolvencia.
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