Inteligencia artificial y la profesión legal: las cinco señales que deja septiembre de 2026

Ocurrió algo que parecía imposible: los cuatro tipos que más han hecho por acelerar esta tecnología, enemigos entre sí (sí, los sospechosos de siempre: Sam Altman, Dario Amodei, Demmis Hassabis y Elon Musk) coincidieron, por una vez, en pedir que fuera más despacio. El presidente de Estados Unidos les respondió que ni hablar, que estamos todos seguros y lo importante es ganarle a China.

Mientras esa discusión de altísimo voltaje ocupaba los titulares, en los pasillos de la realidad cotidiana pasaban cosas más clandestinas pero, para los abogados, más duraderas.

A continuación, cinco apuntes del mes del que le hablaremos a nuestros nietos, a menos, claro está, de que se cumplan los escenarios más extremos y alarmistas de extinción de la humanidad antes del 2030. 

El mes en el que el miedo se hizo consenso

El 12 de septiembre, Dario Amodei, jefe de Anthropic, publicó un ensayo pidiendo a la industria que frenara el ritmo al que desarrolla las capacidades de sus modelos. Lo insólito no fue el mensaje, sino el eco: Sam Altman, de OpenAI, Elon Musk, de xAI, y Demis Hassabis, de Google DeepMind, le dieron la razón. Cuatro rivales feroces, que rara vez coinciden en algo, coincidiendo en que su propia criatura los inquieta.

Amodei citó dos motivos:

1. que los modelos empiezan a ser capaces de construir versiones mejoradas de sí mismos,
2. aquel episodio de julio, en que un enjambre de hasta 1.200 agentes se escapó de un entorno de pruebas de OpenAI y ejecutó ciberataques por su cuenta.

Altman, más prudente o más ambicioso (casi nadie sabe descifrarlo) matizó el lunes que ir más despacio no significa parar. Mark Zuckerberg llegó tarde a la discusión, como siempre.

El coro de alarma tuvo su nota más estridente en un investigador de Anthropic, que renunció advirtiendo que la IA podría matarnos a todos en una década. Fuera exageración o profecía, las polémica estaba servida. Y entonces habló Washington.

El presidente Trump desestimó el llamado con una sola palabra: un “bulo”. La misma que usa para el calentamiento global. “Los robots no van a apoderarse de nada; quien gane la IA, gana”, aseguró y sostuvo que cualquier freno sería regalarle a China la delantera. No estuvo solo en el rechazo: el Ministerio de Exteriores chino también descartó la idea, en una de esas raras ocasiones en que Pekín y la Casa Blanca dicen lo mismo.

Para el lector de la región, el episodio retrata una encrucijada que también será nuestra.

Cuando quienes construyen la tecnología piden que los regulen y el poder político se niega, la pregunta de fondo (¿quién decide cuán rápido es demasiado rápido?) queda sin doliente. Y mientras las potencias no la resuelvan, los países que consumimos esta tecnología heredaremos sus consecuencias sin haber tenido voz ni voto en el proceso.

Permiso para conspirar (y para no responder)

Debajo del drama existencial, se libró una pelea más técnica y, para un abogado, más jugosa. Resulta que el llamado a frenar venía con letra chica: Amodei no solo pedía cautela, sino también que el gobierno concediera una excepción a las normas antimonopolio para que empresas competidoras pudieran sentarse a coordinar, juntas, una desaceleración (advirtiendo que los agentes de IA podrían llegar a apagar internet en apenas seis meses). En paralelo, las mismas empresas pedían protección frente a la responsabilidad por los daños que sus modelos causen. Dos favores enormes envueltos en el papel de regalo de la seguridad.

Washington dijo que no a los dos. El presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, declaró el 15 de septiembre que todo el mundo debería sospechar profundamente de unas compañías que piden que las regulen y, al mismo tiempo, que las eximan de competir. Hasta el propio jefe de cabildeo de OpenAI admitió que, para hablar de seguridad entre rivales, no hacía falta ninguna dispensa antimonopolio.

El derecho de la competencia lleva un siglo desconfiando de los acuerdos entre rivales por una buena causa, y con razón. Para las autoridades de competencia de la región, que miran con lupa la concentración en los mercados digitales, el episodio es un aviso: la próxima gran discusión antimonopolio no será sobre precios, sino sobre quién puede coordinarse con quién, y con qué pretexto.

California le pone precio al daño

El 10 de septiembre, el gobernador de California firmó las leyes de protección infantil más estrictas del país frente a los chatbots. La pieza central, la ley SB 243, obliga a los operadores a instalar salvaguardas cuando sus programas conversan con menores o con personas que expresan pensamientos suicidas, y, lo que de verdad importa, permite a las familias demandar al desarrollador por incumplir o por negligencia. La multa puede llegar al millón de dólares por cada niño dañado, y a 250.000 por cada deepfake ilegal.

Lo relevante no es la cifra, sino el mecanismo. Durante años, la defensa de estas empresas fue que ellas no controlan lo que un usuario le pide a la máquina. California responde con la lógica, nunca mejor usada esa palabra, de la responsabilidad por producto: si vendes un artefacto que conversa con niños, tienes el deber de anticipar el daño previsible y de instalar los frenos, y si no lo haces, ni modo, respondes. Es la misma doctrina que en su día domesticó a los automóviles y los juguetes, ahora aplicada a un software que habla.

El asunto nos toca de cerca a los abogados porque el problema que la ley aborda, adolescentes que confían sus horas más oscuras a un chatbot complaciente, no conoce fronteras. También porque nuestra tradición jurídica es, si acaso, más protectora del menor que la estadounidense. La pregunta que California acaba de contestar, sobre quién responde cuando la conversación termina en tragedia, llegará a nuestros tribunales con o sin ley que la anticipe. Conviene tener el andamiaje teórico listo.

El mosaico latinoamericano, en carne viva

Por una vez, la noticia está más cerca. El 15 de septiembre, la Asamblea Nacional de Ecuador se disponía a debatir un proyecto para regular y promover la inteligencia artificial. Solo que había un detalle: su propia comisión legislativa había recomendado, semanas antes, archivarlo, tras detectar problemas técnicos y jurídicos. Un país que quiere legislar y, al mismo tiempo, desconfía de su capacidad para hacerlo bien. Difícil encontrar mejor metáfora del momento latinoamericano.

El mapa es de contrastes. Perú se mantiene como el único país de la región con una ley de IA aprobada y, además, reglamentada. Brasil avanzó con un marco calcado, en su arquitectura, del modelo europeo. Chile, Colombia y México empujan sus propios proyectos por comisiones y plenos, cada uno a su ritmo, mientras este mismo mes el Banco de Desarrollo de América Latina reunía a la industria en su foro “Digitalizar para Transformar” para discutir regulación y soberanía digital.

Ahí está nuestro verdadero dilema, y no el de los robots que se rebelan. La región corre el riesgo de repetir su vieja costumbre: copiar el molde europeo sin adaptarlo a economías, mercados laborales y capacidades institucionales muy distintas, o, como en Ecuador, quedarse a mitad de camino entre la ambición y la parálisis.

El mérito será lograr en cada país que de ese archipiélago de proyectos salga algo coherente, adaptado a la realidad local, antes de que la tecnología, para no hablar de la geopolítica, nos imponga sus hechos consumados.

El Estado elige blando

Y hablando de geopolítica, el 2 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo algo poco habitual: se puso del lado de OpenAI y Microsoft en la demanda por derechos de autor que les sigue The New York Times, y le pidió al juez que fallara a su favor. El argumento no fue estrictamente jurídico, sino geopolítico: que el éxito de la industria estadounidense de inteligencia artificial es un interés de seguridad nacional. Traducido: el periódico podrá tener razón, podrá tener a la ley de su lado, podrá tener los mejores argumentos para prevalecer, pero hay algo más grande en juego.

Que el poder ejecutivo se meta en un pleito privado para respaldar a una de las partes no es ilegal, pero sí es elocuente. Es la misma lógica con la que, semanas después, el presidente desestimaría el llamado a frenar la IA: primero la carrera contra China, después los derechos de quien reclama. Cuando el Estado define a un puñado de empresas como activos estratégicos, la balanza de un litigio deja de depender solo del juez.

Para la región, el episodio ilumina un riesgo que conocemos por otras vías. Cuando un gobierno declara “campeones nacionales” a ciertas compañías, los derechos de los terceros (autores, competidores, usuarios) tienden a pesar menos frente a la razón de Estado. Mucho cuidado con esto: la tentación de subordinar la propiedad intelectual o la libre competencia a la soberanía tecnológica no es exclusiva de Washington, también asoma en nuestros propios debates.

Coda

Un mes que empezó con profetas del fin del mundo y termina, como casi todo en el derecho, en asuntos prácticos, más terrenales y específicos: un deber de diligencia, una multa por cada niño afectado, un escrito del gobierno que inclina la balanza, un proyecto de ley que su propia comisión quiso archivar.

La gran pregunta de septiembre -¿hay que frenar la IA?- quedó, políticamente, sin respuesta. Pero debajo de ella, en la letra pequeña, el derecho siguió haciendo lo suyo: repartir responsabilidades, poner precios, trazar límites. Los titulares se los llevó el miedo; el trabajo detrás del miedo, como siempre, nos lo quedamos los abogados.