Infraestructura, concesiones y arbitraje: la nueva frontera del derecho en Centroamérica

El pasado 1 de febrero de 2026, Consortium Legal formalizó la integración de un equipo de cuatro abogados a su práctica de derecho público en Costa Rica. El grupo está encabezado por Carlos Manuel Arguedas Ramírez, figura de primer nivel en el derecho constitucional y público costarricense, con más de cuarenta años de trayectoria que incluyen su paso por la Sala Constitucional como magistrado, la Asamblea Legislativa como diputado y la Presidencia de la República como asesor jurídico. Lo acompañan Allan Ugalde Rojas, con más de veinte años de experiencia que incluyen su gestión al frente de la División de Contratación Administrativa en la Contraloría General de la República; Ana Lizzeth Rodríguez, con quince años de experiencia en administración pública y práctica privada; y Andrés Naranjo, especialista en litigios contencioso-administrativos y constitucionales con participación en proyectos de asociación público-privada y concesiones de obra pública.

La operación no es casual ni meramente oportunista. Detrás hay una lectura estratégica del momento que vive Costa Rica: un entorno político favorable a la inversión privada en infraestructura, un marco legal que ha madurado en materia de concesiones, y una demanda creciente de servicios legales especializados en la interfaz entre el Estado y el sector privado. Para entender la lógica de esta decisión y lo que revela sobre el rumbo de Consortium Legal en la región, conversamos con Rolando Laclé Zúñiga, socio y presidente de la firma, con más de 38 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y litigios de alto perfil en Centroamérica.

LexLatin: Consortium Legal ya tenía una práctica de derecho público establecida en Costa Rica. ¿Qué los llevó a dar este paso adicional e integrarse con DPI?

Rolando Laclé: Nosotros tenemos una práctica de derecho público con clientes consolidados desde hace mucho tiempo. Sin embargo, recientemente tuvimos la oportunidad de trabajar más de cerca con el equipo de DPI, una boutique dedicada exclusivamente a esta materia con la que ya teníamos una relación cercana de larga data. Conforme fuimos colaborando más con ellos, nos dimos cuenta de que éramos, ante todo, un buen emparejamiento. Porque al final no se trata solamente de responder a necesidades del mercado, sino de que sea gente capaz de absorber el ADN de la firma e integrarse de manera adecuada. En este caso, fue muy natural que nos acercáramos y llegáramos a un acuerdo.

¿Y qué factores hacen que este sea un momento especialmente propicio para apostar por esa área?

R.L.: En general, como sucede en todos los países de Centroamérica y Latinoamérica, la infraestructura es siempre una necesidad vital, y difícilmente son proyectos que se pueden desarrollar únicamente con fondos públicos. Las iniciativas público-privadas y las concesiones ya se han probado en Costa Rica y, en su mayoría, con resultados muy positivos: el aeropuerto Juan Santamaría, el aeropuerto en Guanacaste, el puerto en Limón. Las concesiones han demostrado ser una alternativa viable para el desarrollo del país.

A eso se suma la coyuntura política actual. La reciente elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica, y la filosofía del partido que representa, implica un respaldo abierto a los proyectos de concesión de obra pública y a la inversión público-privada. Eso nos hace ver una demanda interesante de servicios de derecho público hacia adelante.

Y por supuesto, el equipo que se integra es de primera calidad. Lo lidera don Carlos Arguedas Ramírez, ex magistrado de la Sala Constitucional y exdiputado de la Asamblea Legislativa, una personalidad muy reconocida en esta materia, un verdadero estadista. Su equipo trae experiencia realmente valiosa para fortalecer la operación que ya teníamos.

Esta apuesta por el derecho público, ¿es una decisión exclusiva para Costa Rica o responde a una tendencia que Consortium Legal ve en toda la región?

R.L.: Es un punto interesante. Centroamérica muchas veces es vista como una sola región desde la perspectiva de la inversión extranjera, y ese es precisamente el principio sobre el que construimos Consortium Legal: facilitar la vida al inversionista extranjero presentándole una oferta que cubre toda la región. Sin embargo, siendo realistas, no todos los países son iguales. Tenemos historias, culturas e historias políticas diferentes, y el desarrollo en cada país no es necesariamente equiparable.

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Dicho eso, desde el inicio de la firma nos comprometimos a estandarizar lo más posible nuestra capacidad en cada área de práctica en cada país. Nuestra oferta de valor es que el cliente reciba el mismo servicio, con las mismas capacidades y la misma profundidad de especialización, independientemente de en qué oficina esté. Esta movida se da en Costa Rica por una coyuntura específica, pero en términos generales vemos que el derecho público en Centroamérica va hacia arriba. Guatemala tiene iniciativas público-privadas importantes, El Salvador también presenta oportunidades interesantes de inversión extranjera en infraestructura.En el resto de la región creemos que la demanda de servicios en esta área va a crecer.

El auge del arbitraje internacional es una de las grandes tendencias del derecho en los próximos años. ¿Cómo analiza su rol como garante de la inversión extranjera en este tipo de proyectos público-privados? 

R.L.: Es un ángulo muy interesante. Estoy convencido de que la inversión privada en infraestructura y en concesiones de obra pública va necesariamente de la mano con la apertura de los países al arbitraje internacional. Habían muchas jurisdicciones que, por disposiciones internas, no lo permitían cuando una institución pública era parte de una contratación. Eso ha venido cambiando. Los gobiernos han entendido que para atraer inversión extranjera hay que permitir y validar las cláusulas de arbitraje internacional en este tipo de contratos. Costa Rica no es la excepción.

En Costa Rica, el inversionista extranjero se siente en general bastante cómodo tanto con el Poder Judicial como con los procesos arbitrales nacionales. Pero incluso en ese contexto, el hecho de que las cláusulas de arbitraje internacional sean abiertamente reconocidas agrega valor y ha permitido mejores condiciones en proyectos específicos. En otros países de la región donde la confianza en el sistema interno de resolución de disputas no es tan sólida, ese elemento se vuelve todavía más esencial para concretar inversiones. No veo ninguna posibilidad de que esto se revierta. Por el contrario, creo que las cláusulas de arbitraje internacional van a convertirse en algo absolutamente natural y normal en este tipo de proyectos.

¿Cuáles son las oportunidades concretas que ves para inversores privados internacionales en Costa Rica en los próximos años?

R.L.: Hay varias áreas muy claras. En aeropuertos, Costa Rica ya tiene dos concesionados: el Juan Santamaría en San José (bajo la figura de la gestión interesada) y, parcialmente, el de Liberia en Guanacaste, este último con resultados que yo diría han superado las expectativas dado el enorme desarrollo turístico de la zona. Ambas concesiones podrían ampliarse en su plazo si se hacen nuevas inversiones y las autoridades así lo estiman conveniente para los intereses del país.  Como alternativa, vencidos sus plazos estoy seguro se realizarían nuevas licitaciones para mantener la operación en alguna modalidad de operación privada.

En energía, el gobierno ha manifestado abiertamente que está considerando una apertura del sector. Existe un proyecto de ley que generaría demanda importante de inversión privada, ampliando lo que ya se permitió hace algunos años, cuando se habilitó un porcentaje de la demanda eléctrica para ser generada por privados.

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Y en infraestructura vial, Costa Rica tiene muy pocas concesiones de carreteras, básicamente la Ruta 27. Hay mucho espacio para avanzar en esa dirección. El gobierno entrante además llega con una mayoría importante en la Asamblea Legislativa, lo que debería facilitar la aprobación de las leyes necesarias para avanzar en todas estas áreas: puertos, aeropuertos, carreteras y energía.

Para cerrar, más allá del caso costarricense, que claramente es hoy una de las pocas excepciones en términos de estabilidad institucional en la región: ¿qué valor puede ofrecer Consortium Legal a inversores que operan en mercados más volátiles o con mayor fragilidad institucional?

R.L.: Creo que una de las fortalezas más importantes de la firma frente a otras firmas que operan en la región es su origen. Consortium Legal nació de la integración de cinco firmas que ya tenían mucho arraigo en cada uno de sus países. Eso se traduce en un conocimiento del mercado local que, con toda humildad, no es fácil encontrar en otra firma regional. No solo conocemos el derecho de cada país, sino cómo funciona cada país: sus particularidades políticas, su volatilidad, sus dinámicas internas.

Y en cuanto a la región en general, creo que Centroamérica atraviesa un momento interesante. Costa Rica mantiene la estabilidad que la ha caracterizado durante décadas. El Salvador es un país bastante diferente hoy respecto a lo que era hace algunos años, y está recibiendo una cantidad de inversión extranjera históricamente alta. Guatemala ha gozado también de cierto grado de estabilidad y hoy me parece que la consolida. Y Honduras acaba de elegir un gobierno de centro derecha con cercanía pública al gobierno de los Estados Unidos, lo que debería mejorar el ambiente para la inversión extranjera, particularmente la norteamericana, que es nuestro socio estratégico más relevante en toda la región.  Nicaragua, aunque con retos, sigue recibiendo inversión extranjera y desarrollando proyectos de infraestructura.

El mundo entero atraviesa una situación política sui generis, pero Centroamérica se posiciona en este momento histórico como una región que podría ser receptora de más inversión extranjera que en el pasado. Y Consortium Legal tiene una propuesta de valor particular para acompañar a quienes quieran venir a invertir a cualquier país de la región.