IA y abogados: los fallos, sanciones y demandas que marcaron julio de 2026

Un mes basta para desmentir a quien todavía crea que esto de la IA no se desarrolla a velocidad exponencial. Entre el 23 de junio, fecha del lanzamiento de nuestro primer boletín, y el 23 de julio, Apple acusó a OpenAI de robarle secretos, Europa encendió por fin el motor de su ley de inteligencia artificial, un grupo de periódicos arrinconó a OpenAI en un juzgado y un comité de juristas británicos deslizó que pronto podría ser negligente no usar la máquina. Ninguna ocurrió en la región, y esa es justamente la razón para leerlas: son el borrador de los debates que, con el retraso de costumbre, terminaremos discutiendo en nuestros tribunales, nuestras firmas y nuestras facultades latinoamericanas. Mejor llegar con la lección hecha.

Cuatrocientos fugados y una caja de piezas

A mediados de julio, Apple demandó a OpenAI ante una corte federal de California por robo de secretos comerciales. Para el agrado de guionistas de Hollywood con déficit de ideas, la demanda se lee menos como un escrito jurídico y más como el guión de una película de espías. Cuarenta y una páginas para sostener que OpenAI se apoderó de diseños de producto, procesos de fabricación y estrategias de cadena de suministro. Mejor aún: no se trató de un empleado descarriado, sino de una práctica de arriba abajo, es decir, parte de la cultura de la empresa.

El dato que sostiene la sospecha no tiene desperdicio: algunos exempleados de Apple trabajan hoy en OpenAI. Entre los demandados hay dos antiguos ingenieros de la manzana y io Products, la aventura de hardware que OpenAI arma para competir con el iPhone. La acusación más pintoresca sostiene que uno de ellos pedía a los candidatos que todavía trabajaban en Apple que llevaran ejemplos de lo que estaban haciendo a la entrevista.

Lo que Apple busca no es solo dinero, sino una orden judicial que retrase el lanzamiento del aparato doméstico sin pantalla que prepara OpenAI. Es decir: usa el secreto comercial como palanca para frenar a un competidor, que es para lo que mejor sirve esta rama del derecho.

El contrapunto llegó pocos días después. Un juez de California desestimó, y con prejuicio —sin posibilidad de volver a intentarlo—, la demanda casi idéntica que Elon Musk y su empresa xAI habían presentado contra OpenAI, acusándola de robarle secretos de Grok a través de un ingeniero fichado. La Corte concluyó que xAI no probó que OpenAI hubiera obtenido nada de forma indebida durante un simple proceso de reclutamiento. OpenAI, envalentonada, ahora reclama más de un millón de dólares. Y Sam Altman, envalentonado al cuadrado, sigue denunciando que Elon Musk está obsesionado con él.

Las dos noticias juntas trazan el verdadero campo de batalla de la industria: no son los algoritmos, sino las personas. Cuando el activo más valioso es un puñado de ingenieros que se mueven de una empresa a otra llevándose lo que saben en la cabeza, el secreto comercial se convierte en el arma predilecta y también en la más difícil de disparar. Fácil de invocar, dura de ganar. Para cualquier abogado que asesore a empresas tecnológicas, y en la región cada vez son más, el mensaje es concreto: los pactos de confidencialidad, la trazabilidad de lo que un empleado se lleva y la línea entre conocimiento adquirido y secreto sustraído van a ser el pan de cada día.

Hablando de pleitos con OpenAI

En el pleito de derechos de autor más vigilado del momento, la discusión dejó de ser sobre la ley y pasó a ser sobre las pruebas. En julio, The New York Times, el New York Daily News y otros medios le pidieron a un juez federal que sancione a OpenAI por ocultar evidencia decisiva en el juicio que definirá si la empresa y Microsoft construyeron su tecnología sobre millones de artículos periodísticos sin permiso. La acusación ya no es «Me copiaste», sino «Me escondes lo que probaría que me copiaste», que, en términos procesales, es una jugada mucho más peligrosa.

El matiz importa porque cambia el eje del conflicto. Durante 2025, los grandes fallos giraron en torno a una pregunta abstracta (¿entrenar un modelo con obras ajenas es uso legítimo?) y dejaron respuestas contradictorias según el juez que tocara. Ahora la pelea se libra en el terreno menos glamoroso y más letal de la etapa probatoria: quién guardó qué, quién borró qué, quién entrega los registros. Ahí se ganan y se pierden estos casos.

Detrás asoma un antecedente que ningún litigante olvida. Hace pocos meses, otra empresa del sector, nada menos que Anthropic, cerró un caso parecido y se quitó el problema de encima pagando 1.500 millones de dólares. Con esa cifra sobrevolando, cada movimiento de OpenAI en el expediente se mira con lupa. Para quienes en la región asesoran a medios, editoriales o productoras sobre qué hacer cuando su archivo aparece dentro de un modelo, la enseñanza es que la batalla decisiva no será la del argumento brillante, sino la de la prueba bien conservada y bien exigida.

El reloj de Bruselas ya corre

El 10 de julio dejó de ser teoría lo que durante años fue promesa: entró en vigor la fase de aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la primera ley integral del mundo sobre la materia. Un día antes, Bruselas había dado luz verde a un paquete que ordena los plazos y monta la maquinaria de sanción; desde ahora, entre otras cosas, la obligación de que un chatbot advierta que es un chatbot es exigible y vinculante. La verdadera prueba de fuego llega el 2 de agosto, cuando se activa el grueso del reglamento, incluidas las exigencias para los sistemas de alto riesgo.

Que esto ocurra en Europa no lo vuelve un asunto europeo. Menos cuando en Estados Unidos la regulación brilla por su ausencia, al menos al nivel federal. La ley alcanza a cualquier empresa cuyo sistema de IA toque a un usuario del bloque, sin importar dónde tenga la sede. Una fintech mexicana, un despacho argentino o un desarrollador colombiano que ofrezca servicios a clientes europeos entra, quiéralo o no, en el radio de la norma. Es el viejo “efecto Bruselas”: Europa legisla y el mundo termina cumpliendo, porque a nadie le conviene renunciar a ese mercado.

Hay un segundo motivo, más doméstico, para prestar atención. Cuando a los legisladores de la región les toque redactar sus propias reglas, y algunos ya empezaron, el texto europeo será el molde del que copiarán, con sus categorías de riesgo, sus obligaciones de transparencia y su régimen de responsabilidad. Leer hoy el reglamento con calma es, para un abogado latinoamericano, adelantarse a la materia de examen.

¿Desde cuándo es negligente no usar IA?

Durante un año entero, la profesión asistía, entre indignada y asustada, a los casos de jueces sancionando a abogados que presentaban escritos con jurisprudencia inventada por un chatbot. El 9 de julio, un comité de juristas británicos (el UK Jurisdiction Taskforce) giró el argumento 180 grados. En una declaración sobre responsabilidad civil, sostuvo que un profesional puede incurrir en negligencia por no usar inteligencia artificial o por usarla sin el cuidado debido: no hacer la diligencia que la herramienta permite, no explicarle al cliente que se está usando o no revisar sus resultados en busca de errores y sesgos.

La idea, bien mirada, no es tan provocadora como suena. El derecho de la responsabilidad profesional siempre se ha medido con la vara de la diligencia razonable, y esa vara se mueve con la época: lo que ayer era una precaución excepcional, mañana es el mínimo exigible. Si una herramienta permite detectar en minutos un riesgo que antes pasaba inadvertido, ignorarla deliberadamente empieza a parecerse a conducir con los ojos cerrados. El comité, además, remató con una afirmación tranquilizadora para los reguladores y molesta para los alarmistas: no hace falta una ley nueva, el derecho inglés vigente ya alcanza para resolver casi todo.

Conviene no exagerar su alcance (es una declaración doctrinal, no una sentencia, y habla del derecho inglés), pero la dirección del viento es clarísima. La misma tecnología que hoy manda a un abogado ante el juez por confiar de más en ella puede, muy pronto, mandar a otro por desconfiar de más. Entre esos dos extremos, el de la credulidad y el del desdén, se va a jugar el estándar de la buena praxis de nuestra generación. Y esa discusión, que en Londres ya empezó, en la región todavía no la hemos abierto.

Y por si creíste que no había más demandas

La demanda colectiva contra xAI por las imágenes sexuales que fabrica Grok sumó, el 7 de julio, dos nuevas víctimas y un nuevo demandado: Stability AI. El detalle del segundo demandado es el que debería interesarle a los abogados, porque mueve la responsabilidad un eslabón más atrás en la cadena: ya no se persigue solo a quien opera la plataforma, sino también a quien construyó el modelo que genera las imágenes. Es la misma pregunta de siempre, ¿quién responde?, aplicada a uno de los usos más sórdidos de la tecnología: los desnudos falsos que nadie consintió.

El telón de fondo es escalofriante y ayuda a dimensionar el caso. En marzo, un tribunal de Ámsterdam ya había ordenado a Grok dejar de producir este tipo de imágenes en los Países Bajos, bajo pena de multa de 100.000 euros por día. La organización que destapó el asunto calculó que en apenas 11 días la herramienta generó unos tres millones de imágenes sexualizadas, y que más de 23.000 parecían representar a menores. No es un problema teórico ni marginal: es industrial.

Para el derecho latinoamericano, este es el frente que quizá nos toca más de cerca y más pronto. Nuestra tradición protege con particular celo el derecho a la propia imagen, al honor y a la intimidad, bienes jurídicos que estas herramientas atropellan a escala, y ya empiezan a aparecer las víctimas que buscarán a quién reclamar.

La discusión que la demanda contra Stability AI abre en Estados Unidos, sobre si el fabricante del modelo responde por lo que el modelo produce, es exactamente la que llegará a nuestros juzgados el día que la afectada sea una adolescente de Guadalajara, Bogotá o Santiago. Vale la pena tener pensada la respuesta antes de que llegue la pregunta.

El modelo que Washington apagó y volvió a encender

A mediados de junio, el gobierno de Donald Trump le ordenó a Anthropic, invocando la seguridad nacional, bloquear el acceso de cualquier extranjero, incluidos sus propios empleados no estadounidenses, a Fable 5 y Mythos 5, sus modelos más potentes. El detonante fue que otra empresa afirmó haber jailbreakeado a Mythos. Antes que aplicar un bloqueo a medias, Anthropic prefirió apagar los dos modelos por completo, y protestó que solo existía evidencia verbal de un jailbreak potencial, estrecho y no universal, insuficiente para retirar un producto comercial que usan cientos de millones de personas.

El pulso duró poco. Lo que quedó es el mal sabor de boca que deja la incertidumbre. A fines de junio, el Departamento de Comercio levantó los controles y Fable 5 volvió a estar disponible para usuarios de todo el mundo. Pero el susto dejó una lección que ninguna cláusula borra: durante dos semanas, un modelo del que dependían gobiernos y empresas quedó a oscuras por una decisión política tomada en Washington, sin previo aviso y sin exceptuar siquiera a los aliados.

Para una empresa extranjera que contrata con Anthropic, la moraleja es concreta. El servicio puede estar impecablemente pactado y aun así apagarse de un día para otro, no por una falla técnica ni por incumplimiento del proveedor, sino porque un gobierno ajeno lo decide. Contratar la IA de frontera implica hoy aceptar un riesgo que no es contractual sino soberano: el de que la herramienta de trabajo sea, en última instancia, rehén de la política de otro país.

Coda

Seis historias, un mismo mes, y una impresión difícil de sacudir: el derecho ya no observa la inteligencia artificial desde la orilla, sino que se metió al agua. La usamos y nos sanciona su mal uso; ahora también nos exige usarla. Perseguimos a quien roba con ella y a quien roba sus secretos. La regulamos en un continente y el efecto rebota en los demás. Nada de esto se decidió en la región, pero todo terminará aterrizando aquí. Este boletín existe, sobre todo, para que no nos agarre desprevenidos.

*Boletín patrocinado por vLex/Clío