En julio de 2025 la conversación jurídica global ya no discute cómo la inteligencia artificial transformará la abogacía, sino cuál será la próxima startup legaltech en coronarse unicornio —es decir, en superar los mil millones de dólares de valoración. El dato no es menor: la canadiense Clio acaba de levantar USD 900 millones, situándose en tres mil; tres meses antes, Harvey captó otros USD 300 millones con idéntico sello de Sequoia. La misma Clio anunció el 30 de junio la compra de vLex por USD 1,000 millones. Rondas de nueve cifras y promesas de automatizar contratos, due diligence o litigios alimentan lo que algunos ya llaman el “segundo boom legaltech”, después del pico de 2021, cuando la inversión anual superó los USD 3,000 millones.
Ese vértigo se desvanece cuando volteamos la mirada a ciudades en América Latina como Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires. En la América Latina hispanohablante, excluyendo Brasil, que juega en otra liga, apenas se cuentan un puñado de rondas semilla dignas de mención. ConfiAbogado consiguió US 1.6 millones en 2023 para abaratar asesorías básicas mediante flujos automatizados; RegCheq captó US 2 millones en Chile para simplificar el cumplimiento regulatorio; y la peruana Juztina crece a pulmón con un chatbot jurídico que lleva un millón de consultas atendidas, pero sin capital de riesgo a la vista. El caso más sonado sigue siendo Lemontech, la veterana startup chilena que logró una inversión mayoritaria de Accel-KKR… en 2019. En otras palabras: ni unicornios, ni Series B, ni fusiones que sacudan los portales de noticia en el mundo.
¿Por qué un continente de 600 millones de habitantes, con sistemas jurídicos formales inspirados en la tradición romano-germánica, permanece en el margen de la revolución legaltech global? Las razones son más profundas que la simple “falta capital” y revelan una anatomía compleja de incentivos, infraestructura y cultura profesional.
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La primera muralla es geográfica y jurídica a la vez. En Europa, una startup de firma electrónica puede escalar gracias a regulaciones armonizadas como eIDAS; en Estados Unidos basta cumplir con la Uniform Electronic Transactions Act para vender en 50 estados. En Latinoamérica cada código procesal, cada notariado y cada registro mercantil impone requisitos propios. El costo de “tropicalizar” un producto para diez jurisdicciones independientes disuade a los fondos que buscan mercados unificados y, por tanto, múltiplos de salida más predecibles.
Por otro lado, el ecosistema tecnológico crece donde hay datos accesibles y trámites electrónicos. Según un diagnóstico del BID, 35% de los adultos latinoamericanos ni siquiera usa internet, y en 25 gobiernos de la región la mayoría de los servicios sigue sin interoperabilidad ni identificación digital robusta. Sin expedientes judiciales en línea o catálogos normativos abiertos, entrenar algoritmos de análisis de jurisprudencia o construir portales de litigio se vuelve prácticamente imposible a gran escala. Mientras en Norteamérica empresas como la mencionada Clio integran facturación, calendario y API de tribunales, en gran parte de la región todavía es normal que un expediente civil viva en carpetas físicas que día a día acumulan polvo en los anaqueles de un juzgado.
Incluso si se superan las barreras tecnológicas, la demanda potencial es baja. El World Services Group halló que solo 28% de los asesores internos latinoamericanos se declara satisfecho con la tecnología de sus firmas externas, señal de un mercado que compra poco y cuestiona mucho. Además, la mayoría de las firmas de abogados son pequeñas sociedades locales con estructuras de costes ajustadas y un modelo de facturación por hora que premia la lentitud, no la automatización. El resultado es un círculo vicioso: la base de clientes exige poco, los proveedores innovan poco y, sin casos de éxito, los fondos prefieren colocar su dinero en el ecosistema fintech, que acaparó casi el 40% del venture capital regional en 2021.
Al conservadurismo legal se suma la desconfianza histórica hacia la tecnología. El informe Future of Professionals 2024 registra que 94% de los encuestados latinoamericanos ven la IA “como una fuerza para el bien”; sin embargo, en firmas de abogados y notarías reina el temor a que la automatización erosione horas facturables o exponga datos sensibles. Esta tensión recuerda la paradoja Kodak de la que hablaba en mi entrega anterior; la innovación amenaza la principal fuente de ingresos, así que se aplaza… hasta que un competidor foráneo capture el mercado.
Finalmente, la gasolina del ecosistema, el capital, brilla por su ausencia. Mientras las startups legaltech estadounidenses captaron casi US 10.000 millones en la última década, toda América Latina (Brasil incluido) no llega ni al 2% de esa cifra. Los pocos fondos locales concentran su tesis de inversión en pagos, préstamos o comercio electrónico, donde el retorno ha sido probado. Sin capital paciente, los emprendedores legales se financian con ahorros o consultorías y, cuando necesitan crecer, venden barato o mueren en el intento.
¿Qué hacer para desarrollar el ecosistema legaltech latinoamericano?
La respuesta no pasa por copiar a Clio o Harvey, sino por sembrar condiciones propias. La infraestructura pública es el primer cimiento: digitalizar expedientes, registros y trámites es un prerrequisito, no una opción. Cada API judicial o catastro abierto multiplica la superficie de innovación. En paralelo, hacen falta reglas claras y compatibles: estándares de firma electrónica e identidad digital dentro de la Alianza del Pacífico reducirían los costos de expansión igual que sucedió con las fintech. Nada de esto funcionará sin evangelización: las facultades de Derecho y los colegios profesionales deben asumir que redactar un buen prompt será tan natural como citar a la Corte Suprema.
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El capital, por su parte, necesita señales; bastaría un par de exits visibles para que el apetito de los private equity o de los fondos multilaterales se oriente hacia la justicia. Por último, la ola de la IA generativa ofrece un atajo: demostraciones como Juztina prueban que se puede atender a miles de usuarios con pocos recursos, siempre que existan datos públicos confiables y alianzas con firmas que cedan su know-how.
El mercado aún está virgen: un estudio de IMARC de 2024 le atribuye hoy USD 1,700 millones de dólares y prevé que puede triplicarse en menos de una década. La cuestión es quién capturará esa curva. El ecosistema nacerá cuando gobiernos, abogados y fondos dejen de ver la tecnología como accesorio y la adopten como el único camino para democratizar la justicia y hacer competitiva la profesión.
*Daniel Acevedo Sánchez es consultor experto en transformación digital – Tax, Finance & Legal.
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