05/05/2025
Las grandes firmas de abogados estadounidenses están experimentando quizá la crisis más profunda de su historia moderna. Lo que comenzó como una venganza personal del Presidente Donald Trump contra sus enemigos legales se ha transformado en un enfrentamiento contra la independencia de la profesión jurídica, revelando fracturas profundas en un sistema que parecía indestructible. Fracturas cuyos coletazos, sin duda, tendrán un impacto en el entorno legal latinoamericano.
La anatomía de una purga legal
La ofensiva comenzó con precisión quirúrgica contra Covington & Burling, el prestigioso bufete de Washington fundado en 1919.
Su pecado fue proporcionar asistencia probono al fiscal especial Jack Smith en su investigación contra Trump. El castigo llegó en forma de orden ejecutiva: suspensión inmediata de las autorizaciones de seguridad de todos los abogados y empleados involucrados, efectivamente impidiéndoles entrar a edificios federales, incluidos tribunales.
La orden también impuso una revisión exhaustiva de todos los contratos federales de la firma, presumiblemente para su cancelación. La respuesta de Covington fue reveladora en su estrategia: silencio absoluto.
Perkins Coie fue la siguiente. Su supuesta transgresión tenía raíces más profundas: haber representado a Hillary Clinton en 2016. Marc Elias, uno de sus antiguos socios, se convirtió en enemigo público número uno para el movimiento MAGA. Pero la orden ejecutiva contra Perkins no tuvo precedentes: no solo amenazaba los contratos federales de la firma, sino los contratos federales de cualquier cliente que la mantuviera como representante legal. Además, ordenaba revisar las autorizaciones de seguridad de todos sus abogados y empleados, limitaba la contratación de ex empleados de Perkins por el gobierno federal, su acceso a propiedades federales, y su "compromiso" con personal gubernamental.
El golpe más devastador vino con Paul Weiss, una institución con 150 años de historia que había cometido dos pecados imperdonables para Trump: albergó a Mark Pomerantz, el fiscal que lideró la investigación contra Trump en Manhattan, y representó probono a la Iglesia Episcopal Metodista Africana Metropolitana contra los grupos por MAGA Proud Boys y Oath Keepers.
Brad Karp, líder de la firma, tomó una decisión que tuvo repercusiones a lo largo y ancho del país: no disputar la orden ejecutiva sino llegar a un acuerdo con la Casa Blanca.
Paul Weiss se comprometió a contribuir con $ 40 millones de dólares en servicios probono a causas favorecidas por Trump.
Para Karp, lo prioritario fue preservar clientes y garantizar la supervivencia de la firma, y la negociación que hizo le permitía mantener su modelo de negocio sin mayor disrupción de la que ya enfrenta el sector en términos generales.
En un correo interno explicó que la orden ejecutiva, de aplicarse, iba a destruir a la firma y que no hizo nada distinto de lo que le hubiera aconsejado a sus clientes, esto es, buscar el mejor acuerdo posible.
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Muchos condenaron el acuerdo como humillante, sobre todo para una firma cuyos ingresos en año anterior fueron de más de dos billones de dólares. Tal vez lo más alarmante fue la discrepancia entre lo que Karp comunicó a sus socios y lo que Trump anunció públicamente. Mientras Karp aseguraba que el acuerdo era consistente con los principios históricos de la firma, Trump proclamaba que Paul Weiss había admitido "la mala conducta" de Pomerantz y "los graves peligros de la instrumentalización" del sistema judicial. Karp explicó la capitulación diciendo que los clientes estaban "asustados" y otras firmas comenzaban a "solicitar agresivamente nuestros clientes y reclutar nuestros abogados."
El efecto dominó fue inmediato. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom se adelantó y antes de recibir orden ejecutiva alguna se comprometió con otros $ 100 millones de dólares. Latham & Watkins, Willkie Farr & Gallagher, Milbank, Cadwalader, Wickersham & Taft, A&O Shearman, Kirkland & Ellis y Simpson Thacher & Bartlett firmaron acuerdos similares. En total, las firmas han prometido casi 1.000 millones de dólares en servicios legales gratuitos.
El dilema del prisionero
Las firmas enfrentan un clásico dilema del prisionero, pues, cada una tiene incentivos para protegerse individualmente, pero si todas capitulan, el sistema legal corre el gran riesgo de colapsar. Y las capitulaciones solo han empoderado aún más a Trump.
Los acuerdos han demostrado ser peligrosamente ambiguos. Trump ya ha sugerido que las firmas serán "reclutadas" para múltiples propósitos: negociar acuerdos comerciales, ayudar en la revitalización de la industria del carbón, servir como "caja de guerra legal" para sus objetivos. Asesores de la Casa Blanca discuten abiertamente enviar abogados de estas firmas al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk o al Departamento de Justicia. Más alarmante aún, funcionarios de la Casa Blanca creen que el trabajo pro bono podría usarse para defender a Trump o sus aliados en investigaciones federales.
Como advirtió Harold Hongju Koh, profesor de derecho internacional en Yale: "Pensaron que hacían acuerdos de una sola vez que cumplirían. Pero la administración parece pensar que ha sometido a estas firmas a servidumbre por contrato."
La expansión de los ataques ha sido sistemática. La administración Trump envió cartas a 20 grandes firmas cuestionando sus programas de diversidad como potencialmente "ilegales", creando una línea directa de correo electrónico para denunciantes. Emitió un memorando ordenando al fiscal general y al secretario de seguridad nacional buscar sanciones contra abogados que persigan "ataques partidistas infundados" contra el gobierno federal, declarando que las firmas que se oponen a él en los tribunales incurren en "mala conducta groseramente antiética."
La amenaza es tan ambigua que cualquier demanda contra el gobierno podría acarrear sanciones. Un ataque con dinamita a la esencia del Estado de derecho. El patrón, además, es claro: cada capitulación trae más exigencias.
Las voces de la resistencia
No todas las firmas han claudicado. Williams & Connolly asumió la defensa de Perkins Coie contra la orden ejecutiva de Trump. En una audiencia dramática, la jueza Beryl Howell del Tribunal de Distrito Federal en Washington bloqueó temporalmente partes clave de la orden, considerándola de "carácter retaliatorio." La administración respondió con una práctica ya conocida: intentando descalificar a la jueza Howell.
El desenlace de la historia ocurrió el pasado viernes 2 de mayo. La jueza Howell declaró inconstitucional la orden ejecutiva contra Perkins Coie y prohibió permanentemente al gobierno hacerla cumplir. En su fallo, Howell escribió que "ningún presidente estadounidense ha emitido jamás órdenes ejecutivas como la que está en cuestión", y comparó las acciones de Trump con "un manual tan viejo como Shakespeare, quien escribió la frase: 'Lo primero que haremos es matar a todos los abogados'". La jueza determinó que la orden violaba la Primera y la Quinta Enmiendas, negando a Perkins Coie y otras firmas en situación similar la libertad "de pensar y hablar como deseen" y la igual protección bajo la ley. Este es el primer caso de los cuatro similares en llegar a una resolución, y marca la primera vez que un tribunal federal bloquea permanentemente a la administración Trump de hacer cumplir una orden para castigar a firmas de abogados con inclinaciones políticas diferentes.
Jenner & Block y WilmerHale, también en la "lista negra" de Trump, presentaron sus propias demandas, desafiando la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas. Zuckerman Spaeder no se intimidó y continuó representando al Instituto de Paz de EE.UU. contra el DOGE de Musk.
En total, cuatro firmas han hecho gala de la esencia de su principal área de práctica y de su negocio, el litigio, y han disputado las órdenes ejecutivas de Trump, y las cuatro han sido exitosas en su empeño: a la sentencia de Howell se suman otros tres jueces que han emitido restricciones temporales contra las órdenes ejecutivas de Trump.
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John W. Keker, Robert A. Van Nest y Elliot R. Peters, otra firma dispuesta a denunciar públicamente las órdenes ejecutivas, lo expresó sin rodeos: "Si las firmas de abogados se dejan intimidar tan fácilmente, entonces no merecen serlo. Podemos entender por qué la gente tendría miedo de perder clientes. Lo que no entendemos es por qué creen que esconder la cabeza en la arena será mejor a largo plazo."
Entre los asociados jóvenes también ha surgido una rebelión silenciosa pero de gran importancia. Thomas Sipp, de 27 años, graduado de Columbia Law School, renunció públicamente a Skadden escribiendo: "Estoy seguro de que algunos cuestionarán mi decisión y la atribuirán a que soy un abogado joven demasiado ansioso por tirar su carrera. Estoy seguro de que también habrá quienes piensen que soy ingenuo. Pero Skadden está en el lado equivocado de la historia. No podía quedarme sabiendo que algún día tendría que explicar por qué me quedé."
Otros han seguido su ejemplo en Paul Weiss, Willkie, Latham y Kirkland, publicando sus cartas de renuncia en LinkedIn y generando un debate interno sobre los valores fundamentales de la profesión. En las principales universidades del país, muchos estudiantes de derecho se han negado a participar en las tradicionales actividades para reclutar talento joven que organizan firmas que llegaron a acuerdos con Trump.
Un ataque sin precedentes
Lo que está ocurriendo trasciende la venganza personal contra abogados que investigaron o demandaron a Trump. Es un asalto sistemático contra los principios fundamentales que sostienen el sistema legal de la primera potencia mundial. Un intento transparente y directo de amenazar los ingresos de los abogados de algunos de los bufetes más grandes del país y disuadirlos de emprender acciones legales en contra de la administración Trump.
Cuando los abogados temen representar a clientes "impopulares," cuando las firmas deben considerar las ramificaciones políticas antes de aceptar un caso, el principio básico de que todos merecen representación legal está bajo ataque.
La ironía es evidente: estas medidas, impuestas a firmas que representan a las corporaciones más poderosas del mundo —de Coca-Cola a Ford, de Citigroup a Verizon— pueden socavar el sistema de estado de derecho que ha hecho de Estados Unidos el destino preferido para la inversión global. Un editorial del New York Times fue enfático: "Si esa estabilidad cede ante un sistema en el que ya no es posible confiar o incluso conocer las reglas del juego, nadie tiene más que perder que los clientes corporativos que estas firmas representan."
Los expertos ya señalan paralelismos inquietantes. Trump, al parecer, se imagina un sistema legal más parecido al de China o Rusia, que impida que sus oponentes y rivales presenten demandas legales contra sus esfuerzos por gobernar por decreto ejecutivo.
El momento de la verdad
En lo que todos están de acuerdo es que estamos presenciando un momento sin precedentes en la historia legal estadounidense: el intento de convertir la profesión jurídica en un instrumento del poder presidencial. Como señaló un grupo de expertos en ética legal: "Una firma que puede sobrevivir solo manteniéndose en las buenas gracias del presidente tiene incentivos que entran en conflicto con los deberes fiduciarios de sus abogados de permanecer leales a los intereses de sus clientes, ejercer juicio independiente, y ser veraces y sinceros en todos sus tratos con los tribunales."
El juez Michael Luttig, venerado por conservadores, después de ver a la Universidad de Harvard resistir demandas similares, declaró que: "este debería ser el punto de inflexión en la embestida del presidente contra las instituciones estadounidenses."
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Otro punto que cabe plantear es que estas acciones de la administración actual abrirán la puerta para que un gobierno futuro, dirigido por otras personas u otro partido, haga exactamente lo mismo con profesionales desfavorecidos. Para muchos, ahí se vislumbra el mayor problema de lo que está sucediendo hoy. Que se abre un precedente de represalias políticas muy preocupante.
La solución ideal requeriría acción colectiva, algo difícil de lograr en un entorno de cruda competencia por clientes y el mejor talento entre las firmas más importantes, muchas de ellas con políticas de contrataciones laterales de grandes talentos comprometiendo pagos millonarios. Las firmas podrían crear fondos de defensa conjuntos para ayudar a cubrir los costos de litigios y pérdida de negocios para aquellos en la línea de fuego. Podrían coordinar estrategias legales y negarse como grupo a acuerdos extorsivos. Algo muy complejo en la práctica por múltiples consideraciones. Sobre todo, hay que entender que estas firmas son como cualquier otra gran corporación líder en el sector de prestación de servicios, donde ante todo prima para los directores la sostenibilidad del negocio.
Como advirtió Nate Eimer de Eimer Stahl: "La idea de una profesión dedicada a cierta ética es quizás menos prevalente. En su lugar, es más una cultura de obtención de ganancias la que impulsa a casi todas las grandes firmas de abogados."
Tal vez no sea exagerado decir que la profesión legal enfrenta una elección existencial. Muchos creen que la historia juzgará duramente a quienes eligieron la comodidad sobre el coraje, el beneficio sobre el principio. Pero otros entienden que la principal función de los socios gestores es garantizar la supervivencia de la firma a largo plazo. Algunos denuncian que es fácil criticar a los que claudican, pero que habría que ponerse en sus zapatos para ver si en circunstancias similares no harían lo mismo.
Lo cierto es que el tiempo para elegir se agota. Y con él, quizás, la oportunidad de preservar el sistema legal que ha sido la envidia del mundo durante más de dos siglos. La pregunta ya no es si las grandes firmas pueden resistir —la mayoría tiene los recursos para hacerlo— sino si tienen la voluntad de defender los principios que definen su profesión y, en última instancia, la democracia.
Lo que se está viviendo podría llevar a un reacomodo o reconfiguración del mercado de los servicios legales en los Estados Unidos, sobre todo dentro del sector de las grandes firmas. La gran pregunta que queda flotando es: si los abogados y las firmas no defienden el estado de derecho, ¿quién lo hará? Y también cabe preguntarse, ¿habrá gobernantes en otras regiones tentados a seguir el ejemplo de Trump? Y, en ese caso, ¿estarán los abogados en esas regiones a la altura de las circunstancias?
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