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Al inicio de mi mandato creé el Observatorio de Libertad de Prensa, que era fundamental para defender a los periodistas porque sabíamos lo que iba a pasar. Hoy esta lucha se da con más claridad porque las personas que están mínimamente atentas ya tomaron su decisión. Quienes continúan apoyando a este Gobierno apoyan un proyecto autoritario. Incluso pueden pretender no hacerlo, pero apoyan una idea de ruptura constitucional, censura de prensa y todo este marco incompatible con la ley. Ha sido una lucha muy solitaria para mí.
¿Cómo ve algunas posibilidades legales referentes a los marcos de la Ley de Seguridad Nacional y la posibilidad de que los civiles sean juzgados por la Justicia Militar? ¿Cómo ve estas manifestaciones que vulneran este derecho a la crítica y la libertad de expresión?
Felipe Santa Cruz es uno de los principales críticos del Gobierno de Jair Bolsonaro. Como presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués) ha realizado diversas movilizaciones para viabilizar un juicio político (impeachment) al presidente de la República.
“Los hechos recientes que han sido revelados por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI, por sus siglas en portugués) en el Senado, señalan la clara responsabilidad del Gobierno Federal en relación con la tragedia que vivimos. Nuestros derechos constitucionales básicos y el derecho a la vida están gravemente amenazados”, expresó el abogado, quien ha reiterado en varias ocasiones la amenaza que representa el mandato de Bolsonaro al Estado democrático de derecho y a las instituciones brasileñas.
Las críticas comenzaron inclusive antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando Bolsonaro habló de su padre, quien falleció durante la dictadura militar. "Un día si el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre durante el período militar, se lo diré. No querrá escuchar la verdad, pero se la diré", dijo Bolsonaro en julio de 2019, cuando criticó la actuación de la OAB en el caso del abogado Adélio Bispo, el hombre que lo apuñaló en su campaña presidencial de 2018.
El actual presidente de la OAB es hijo de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, estudiante de derecho que desapareció en 1974 tras ser detenido por soldados de Doi-Codi, en Río de Janeiro.
Antes de convertirse en presidente del Consejo Federal de la entidad, Santa Cruz dirigió la OAB y la Caixa de Assistência aos Advogados de Rio de Janeiro. Es egresado de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) y tiene una Maestría en Derecho y Sociología de la Universidade Federal Fluminense (UFF).
Sus principales luchas son por el derecho a manifestarse, el diálogo y la confidencialidad de las comunicaciones de los clientes con su abogado. Fue uno de los responsables de la creación del Estatuto do Advogado, que universaliza el acceso del sector servicios a los llamados Simples Nacional o Supersimples.
Entre sus opositores, se le acusa de utilizar la OAB como herramienta política, algo que reafirma como tradición de la entidad en la lucha por la defensa de los derechos. En entrevista para LexLatin, Santa Cruz habla sobre la actualidad política y jurídica, la publicidad en el campo legal y la pandemia.
¿Cómo valora la nueva disposición de la OAB y este cambio en la publicidad en el campo legal?
FSC: La actualidad en la que vivimos nos exige reformas más profundas en la práctica del derecho. Gracias a los cambios actuales surgirá un nuevo mundo en términos laborales. Esta experiencia online está democratizando una parte, pero corre el riesgo de incrementar enormemente la productividad de las grandes oficinas y eliminar puestos de trabajo para los más jóvenes, quienes inician su carrera con las actividades más sencillas.
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Eso nos preocupa y sigue vigente en nuestra agenda. Al respecto, tuvimos una discusión nacional y audiencias públicas en todo el país y sabemos que el tema es delicado porque Brasil tiene una escuela exitosa de derecho no comercial.
El hecho de que el derecho en mi país no tenga una política de marketing y publicidad agresiva en comparación con otros países como Estados Unidos, no lo hace un mercado menos relevante.
Esa imagen clásica del abogado con su despacho, el cliente paseando por el centro de la ciudad ya no existe. Y tampoco tiende a volver. El abogado es conocido por la publicidad de “boca en boca''. Ahora que la gente está mucho más aislada, las ciudades tienden a descentralizarse y tenemos que permitir que el bufete de abogados trabaje con esta nueva normalidad. Tenemos que hacer cambios que hagan posible, especialmente para los más jóvenes, comunicar su defensa.
Por supuesto que es delicado, es una discusión que le está quitando mucho tiempo al Conselho Federal porque toca nuestras tradiciones. No creo que este cambio inicial sea el definitivo, creo que es un proceso que hemos iniciado y que tendrá que ser atemperado por los propios hechos, por ejemplo, en la vuelta al trabajo presencial. La propia dinámica de los cambios procesales y el funcionamiento de los tribunales influyen en esto.
Usted tiene un historial de defensa del derecho a manifestarse y al diálogo, ¿cómo es la ley, la garantía de estos derechos en este momento? Usted es muy crítico con este Gobierno, ¿cómo valora la pandemia y el momento político?
Este es un Gobierno que carece de tradición democrática. Trabaja todo el tiempo con la idea de ruptura y nosotros en la abogacía brasileña somos portadores históricos de estas banderas de la libertad, del Estado de derecho democrático. Somos la profesión que fue fundamental para la Constitución de 1988 y este Gobierno es claramente enemigo. Cuando nos graduamos, juramos defender el medio ambiente y este es un Gobierno que es hostil al medio ambiente.
Eso de que los civiles sean juzgados por la Ley Militar es algo propio de una dictadura, eso es exactamente lo que les hicieron a los jóvenes durante la época de la dictadura. Es absurdo que las fuerzas armadas sean moderadores de la justicia. El Gobierno lanza estas declaraciones absurdas para animar a sus simpatizantes, quienes son personas muy ignorantes. Esto no existe legalmente y no haré grandes discusiones al respecto.
Lo que tenemos que debatir son otros temas: el Gobierno ha roto por decreto el límite de dos años para el personal militar activo. Hay más de 6.000 soldados activos en puestos gubernamentales comisionados. Nos preocupa esta manipulación, esta confusión entre el papel activo de las Fuerzas Armadas y las políticas gubernamentales.
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Creo que esto, de hecho, merecería una respuesta del Congreso Nacional, estamos estudiando medidas bajo este decreto. Es preocupante porque crea un modelo muy similar al que estableció Hugo Chávez en Venezuela. Al equipar a las Fuerzas Armadas con las instalaciones del Gobierno, con cargos, con bienes inmuebles remunerados, las Fuerzas Armadas pueden conducir a una politización que en la historia de Brasil siempre ha salido mal.
¿Cómo evalúa hoy el desempeño del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF)?
El STF con aciertos y errores cumple su función. Es el gran guardián de la Constitución. El Legislativo brasileño también ha evolucionado mucho, se ha reafirmado a sí mismo por la democracia. Por supuesto, hay temas ahí que van más allá de esta dualidad, este conflicto, temas más complejos, pero creo que es un Legislativo que está en gran parte comprometido con el Estado de derecho democrático.
Esta CPI es importante y ha llegado hasta el Senado. El Gobierno Federal aquí en Brasil practicó una violencia absurda en la lucha contra el COVID-19. Fue un socio del virus. A partir de esta CPI, sin duda, tendremos desarrollos legales. Los primordiales serán los tribunales internacionales, en los tribunales penales internacionales. Ya existe un dictamen de la OAB que fue entregado a la Corte Penal Internacional, donde los principales juristas brasileños señalan crímenes de lesa humanidad.
¿Cree que la CPI es capaz de crear un ambiente para el castigo de los involucrados, incluido el presidente? ¿O es algo a mediano plazo?
Creo que es algo a mediano plazo. Como sucedió en Estados Unidos en la elección de Donald Trump, el presidente Bolsonaro es una franquicia del "trumpismo", ni siquiera es el producto principal, es un franquiciado con todas las debilidades de ser tal.
El destino de Brasil se definirá en las elecciones del próximo año. Nuestras instituciones no pueden soportar otros cuatro años más de Bolsonaro. Hoy lo están apoyando con mucha presión, pero están apoyando la defensa de la democracia. Cuatro años más de este proyecto militarizado de cooptación, vinculado con la delincuencia, facilitando la deforestación, la minería ilegal y la violación de tierras indígenas podrían ser fatales para nuestra democracia.
Usted tiene un amplio apoyo de mucha gente, pero también tiene oposición: gente que critica las posiciones políticas de la Orden. ¿La OAB debe tener una posición política? ¿Necesita tener una postura política?
Nuestros estatutos dicen que la OAB tiene esta función corporativa que yo desempeño todos los días. Fue durante mi gestión que se logró la penalización de la violación de las prerrogativas de los abogados en Brasil. Pero su principal misión es ser la líder de la sociedad civil en la búsqueda de la construcción del Estado de derecho democrático. En ese momento también hubo críticas a Raymundo Faoro, a Eduardo Seabra Fagundes, quienes resistieron la dictadura.
Ese es el papel de la promoción. Cualquiera que critique esta línea de acción de los despachos de abogados brasileños, este desconocimiento es, básicamente, sobre la historia de la OAB y su rol legal y constitucional. Se nos menciona 32 veces en la Constitución y somos la única profesión privada constitucionalizada.
Hablando un poco de bufetes, durante su mandato en Río de Janeiro, ayudó a encajar firmas en el régimen de micro y pequeñas empresas. También discutió el tema del déficit de jueces. ¿Cómo ve esto ahora, en la presidencia nacional de la OAB?
Estos avances fueron muy importantes para que el derecho brasileño formalizará y oficializará su función. Estas son preguntas básicas para este nuevo momento en el que casi todo estará online. Ahora el gran desafío es que nuestras viejas respuestas ya no son aplicables a este nuevo momento. Repito, en este nuevo momento que nace ahora tenemos que luchar para que el trabajo vuelva a ser presencial después de la pandemia. Principalmente en las primeras instancias, principalmente para audiencias instruccionales.
Nuestras firmas están organizadas de manera diferente. Lo que más escucho son grandes colegas que han reducido sus espacios físicos dejando que la gente trabaje desde casa. Esto, por un lado, por ejemplo, es muy positivo para las mujeres. La mitad de los despachos de abogados de hoy está formado por mujeres, que acaban teniendo una doble jornada familiar.
Esta misma semana fui a sustentar una demanda y una compañera le explicó al juez que estaba preocupada porque tenía que recoger a su hijo del colegio, él esperaba que regresara para apoyarlo. Es un mundo nuevo. Creo que tendremos que estudiar la realidad de este nuevo mercado, que es enorme, con más de 9.856,4 millones de dólares (50.000 millones al año) y 1,3 millones de abogados, y a partir de ahí, hacer lo que siempre hemos hecho, que es luchar por avances, por ajustes en el propio mercado.
¿Cuáles son las posturas de la OAB a mitad de su mandato, hasta 2022?
Estamos trabajando principalmente en un plan de acción que distribuimos en la Corte Suprema para que el Poder Judicial cumpla con el artículo 85 del Nuevo Código de Procedimiento Civil, que son los honorarios de los abogados. Fue un logro nuestro que no ha sido respetado en muchos casos. Esa es nuestra prioridad. En el ámbito general, la defensa de la libertad y la democracia, porque no hay una defensa plena y enérgica que no sea una defensa en la democracia.
¿Está la OAB desempeñando su papel frente a las atrocidades de la pandemia?
Yo creo que sí. Estamos trabajando al límite de las presiones, estamos siendo forzados. Pero hemos cumplido nuestro papel y resistiendo una situación en la que hay un líder nacional, elegido por sufragio, que trabaja todos los días para romper las barreras de la democracia, las restricciones que le impone la Constitución, con una clara intención de crear en el país una República miliciana que pueda talar todos los bosques, explorar todas las minas y enriquecer a sus amigos.
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¿Cuál es el papel de la diversidad en el derecho? ¿Esta nueva abogacía incluye este cambio? ¿Cómo se pueden romper los prejuicios?
Dije que mi administración es reformista y solo la historia podrá juzgar. El tiempo necesita un desapego. Aprobamos -con mi voto decisivo durante nuestras elecciones de noviembre- que nuestras filas necesariamente deberán tener mitad hombres y mitad mujeres, reproduciendo fielmente la distribución de nuestra sociedad. También aprobamos la inclusión del 30% de personas de color. Creo que esto en 10 años cambiará el rostro de la abogacía. Tendremos una OAB menos elitista, que realmente refleje la lucha de la profesión jurídica en su conjunto. Me atrevo a decir que quizás este sea realmente el legado que hemos construido en estos breves y difíciles tres años.
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